Por Miguel Guerrero
Según se puede leer en algunos medios, otros no hicieron mención alguna de ello, el superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, dijo en la inauguración de un parqueo de la institución que esa obra, construida a un costo de 48 millones de pesos, había sido hecha sin licitación, es decir, sin cumplir con los requisitos que establece la ley de Contrataciones Públicas y Compras del Estado y que el actual presidente, quien encabezó la actividad, prometió hacerla cumplir cuando tomó posesión del cargo. Una promesa por demás innecesaria por cuanto el cumplimiento de las leyes es una obligación de toda función pública.
De todas maneras, dado el historial de incumplimiento de esa obligación en la vida oficial, al país le pareció una luz en medio de la oscuridad en que ha vivido en materia de transparencia y respeto a las leyes y a la Constitución, el solemne compromiso presidencial formulado en la augusta sala de la Asamblea ante representantes de la comunidad internacional y la más amplia audiencia nacional. Y por esa misma razón, la voluntaria confesión hecha ante el mandatario por el Superintendente y destacado miembro de la cúspide oficialista pudo y debió ser seguida de una reprimenda moral y una destitución del cargo.
Una reacción que aún se espera por cuanto el hombre dijo haber sido autorizado a pasarle por alto a la ley por el Poder Ejecutivo, sin aclarar que tal licencia provenía de otra administración y no de la actual, con lo cual el presidente pudo haber sido puesto en entredicho por la insólita y desfachatada declaración del funcionario. Ignoro si estas expresiones de prepotencia son fruto de quienes se creen propietarios de un poder perenne y absoluto.
Pero el mensaje que se envía con ellas es decepcionante, arrastrándonos a un estadio en el que estaremos obligados a pedir a Dios que “reparta suerte”.