Análisis Noticiosos
A Goyito García Castro lo matan por combatir crímenes políticos
Por Juan Bolívar Díaz
Los represores del régimen balaguerista supieron muy pronto que fui yo quien entrevistó a Toribio Peña Jáquez, tras el desembarco del grupo de Francisco Caamaño en 1973, por lo que me persiguieron en esos días, y Goyito García Castro no pudo oponerse a la publicación, como se ha escrito, pues se enteró cuando ya estaba en prensa.
Cuando lo mataron, García Castro llevaba más de tres años denunciando los desmanes y crímenes de la banda terrorista auspiciada por el sector más duro del balaguerismo militar policíaco y terminó siendo víctima de la lucha de poderes entre los grupos que encabezaban los generales Enrique Pérez y Pérez y Neit Nivar Seijas.
Un persistente equívoco. Al evocar al brillante periodista Gregorio García Castro
(Goyito), en el 43 aniversario de su asesinato, el colega Chichí de Jesús Reyes (HOY del lunes 28 de marzo) incurre en el persistente error de vincular ese vil crimen con la publicación de la entrevista que hice a Toribio Peña Jáquez, miembro del núcleo guerrillero encabezado por la figura histórica de Francisco Caamaño Deñó, que desembarcó por Playa Caracoles, Ocoa, al comenzar febrero de ese año para combatir la cuasi dictadura de Joaquín Balaguer.
Peña Jáquez contaría cómo quedó extraviado en la oscuridad del desembarco y optó por venir a Santo Domingo, donde halló protección. A través de él los líderes de la izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano supieron de la imprevista llegada al país del heroico Caamaño y sus ocho valientes compañeros para lo que en dos semanas concluiría en una inmolación, excepto Hamlet Hermann y Claudio Caamaño, que lograron sobrevivir hasta su reciente muerte este año.
Al día siguiente ya el aparato represivo del Gobierno sabía que uno de los guerrilleros había llegado a la capital, creyéndose erróneamente que Caamaño lo había enviado para procurar respaldo, por lo que arrancó una intensa búsqueda, con allanamientos y encarcelamiento de opositores, aunque no tuvieran vínculos ni compromisos con el líder de la revolución constitucionalista. Hasta Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, que no tenían compromiso con el foco guerrillero, tuvieron que ocultarse para no ser encarcelados.
Entrevista casi suicida. Como reportero investigador que trabajaba en Ultima Hora y que tenía amplias relaciones con la oposición al régimen, emprendí también la búsqueda de Toribio para entrevistarlo, lo que vino a ocurrir diez días después de sellada la suerte de la insurrección con el asesinato de Caamaño, tras ser capturado herido el 16 de febrero. Solo el director del periódico, Virgilio Alcántara, y Aníbal de Castro, entonces asistente de Goyito en la jefatura de redacción, fueron enterados del proyecto. Se preocuparon por mi seguridad, pero compartieron su valor periodístico, más aún cuando todavía hasta Bosch discutía en público si era cierta la presencia de Caamaño o si lo habían traído ya muerto.
Fue la entrevista más difícil, casi suicida, de mi vida profesional. Y no la hubiese realizado de haber sabido con anticipación que se haría dentro un automóvil dando vueltas por una ciudad militarizada con miles de soldados y policías buscando al entrevistado. Me citaron para recogerme en la calle Wenceslao Alvarez. Raúl Pérez Peña al volante de su Lada me invitó a ocupar el otro asiento delantero y noté que en el trasero iban dos hombres.
Creía que nos dirigíamos al refugio del guerrillero hasta que el Bacho Pérez me dijo que empezara la entrevista pues quien iba detrás de mí era Peña Jáquez. Al voltearme reconocí al técnico que arreglaba los teletipos cuando comencé como director de Prensa de Radio HIN en 1968. Grabamos durante más de una hora, cruzándonos varias veces con patrullas militares y policiales en vehículos artillados con ametralladoras. Luego sabría que Peña Jáquez y su acompañante del asiento trasero portaban armas y granadas.
Moisés Pellerano opuesto. Con Alcántara y De Castro analizamos el rico material periodístico. Despejaba todas las dudas sobre la incursión de Caamaño, con lujo de detalles sobre la travesía, el desafortunado desembarco y los planes guerrilleros. Toribio, a quien el genio titulador de Goyito bautizaría como “el guerrillero sin montaña”, sostuvo que el cadáver mostrado a la prensa no era de Francis Caamaño, dejando alguna confusión. Por elemental discreción no informamos a nadie más, ni siquiera a Goyito, pese a ser el jefe de la Redacción. Decidimos no involucrarlo precisamente porque ya arrastraba múltiples amenazas y tensiones a causa de sus opiniones en su columna En un Tris y en su programa diario televisivo.
De manera que García Castro no tuvo oportunidad de oponerse a la publicación, de la entrevista, como se ha dicho. Y los tres sabíamos que él hubiese sido el más decidido partidario de realizarla. Aunque es cierto que él dijo en la redacción que seguramente se la atribuirían. Quien se opuso fue el presidente de la editora, Moisés Pellerano, que solo accedió con la incierta versión de que el guerrillero había venido a la redacción.
El sábado 3 de marzo salió, sin firma, la extensa entrevista en varias páginas de Ultima Hora, incluyéndose fotografías del equipo del guerrillero sobre el piso de la redacción, en una de las mayores tiradas del periodismo nacional. Con el material ya en proceso fue que enteramos a Goyito y a otros compañeros y acordamos “hacernos invisibles” hasta el lunes para evadir cualquier represalia.
El gancho en que no caí. Tres días después ya los aparatos represivos sabían quién había hecho la entrevista, y alguien me lo advirtió. Me allanaron la casa dos veces en una semana, y para mediados de marzo, a la medianoche respondí una llamada telefónica de una fina mujer que quería hablar con mi madre, llamándola por su nombre familiar “doña Juanita”. Me extrañó que una amiga llamara a mamá a esa hora, lo que le informé a la interlocutora que me instaló amable conversación, hasta que le pregunté si le podía ayudar en algo. Como quien no quiere la cosa dijo que quería avisarle a Juanita que le había dejado un paquete en la galería. Ya entonces empecé a despertar y le pregunté cuál de las amigas era que hablaba. Una de las vecinas, dijo. Y cuando le requerí cuál de las vecinas, cortó la llamada.
Al llegar al periódico aquella mañana, al primero que conté la ocurrencia fue a Goyito, quien celebró que no cayera en “ese gancho mortal”. Yo vivía muy alerta desde que tres años antes, el 19 de marzo de 1970, en la misma casa, en la calle Trinitaria a una cuadra del Palacio Nacional, me desperté con la explosión de mi primer carrito. Casi me explota el alma la trágica noche del 28 de marzo, cuando tras el asesinato de Goyito concluimos en que lo llamaron invitándolo a ir hacia su carro estacionado en la Mercedes, donde lo acribillaron. Solo él quedaba en la redacción, donde yo lo había dejado junto a César Medina a las 8:00 cuando mi novia me fue a buscar para llevarme hasta casa, de donde no salía en las noches. Cuando me despedí Goyito me dijo “cuídate que te están velando”.
A las 8.30 Goyito no se iba todavía. Dejó su bolígrafo en el escritorio, el saco sobre el respaldo de su asiento, la redacción abierta, aunque el último en salir le ponía llave, y le dijo al policía que cuidaba el Listín Diario en la acera del frente, que le echara un ojo a la puerta pues regresaría de inmediato. He vivido hilvanando hipótesis sobre el gancho que movió a un periodista tan astuto.
Los méritos de Goyito. Goyito tenía suficientes méritos para ganarse la persecución de los duros del balaguerismo. No atendió las advertencias de muerte porque creía que pesaría su antigua amistad con Balaguer, a quien ayudó a fundar el Partido Reformista en Nueva York en 1964. Aunque él había buscado distancia política tras la salida de Ultima Hora en 1970, criticando los crímenes y la represión del régimen, en especial al grupo terrorista parapolicial La Banda, cuya paternidad se atribuyó al grupo militar que encabezaba el general Enrique Pérez y Pérez.
En sus últimos años Goyito militó en la defensa de los derechos de asesinados, perseguidos, presos o exiliados. Como mantuvo la amistad con el general Nivar Seijas, cabeza del otro grupo que se disputaba la hegemonía policíaco-militar del régimen, pudo haber sido víctima de esa lucha de poderes. Balaguer designaría precisamente a Nivar como jefe de la Policía para que investigara el asesinato de Goyito.
¡García Castro hizo “suficientes méritos” para generar animadversión, incluyendo la personalización del liderazgo de los grupos más radicales de la represión. Solo hay que revisar sus últimas seis columnas “En un Tris”, hasta la del día de su muerte, para encontrar más méritos que el de haber publicado un relato de un hecho que ya era historia y no entrañaba peligro, dos semanas después de muerto Caamaño y liquidado su proyecto.
Y dejo constancia de que Goyito fue un extraordinario periodista, sensible, solidario y valiente en la defensa de principios, un incansable trabajador, amable con todos. Disfrutábamos de su compañía. A mí me protegió siempre, aconsejándome y, a veces, quitando mi nombre de trabajos que creía peligrosos para mi seguridad.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.