Internacionales
A la hora del conteo de los votos en EEUU, ¿qué podría salir mal?
Washington, Estados Unidos.-El desarrollo de las elecciones en Estados Unidos solía ser más fluido cuando la gran mayoría de las personas votaban el día mismo en un centro electoral y sus preferencias eran contabilizadas automáticamente por una máquina.Pero este año, la pandemia de covid-19 implicó un aumento del voto por correo o anticipado, lo que supone un desafío técnico, humano y también legal en miles de jurisdicciones, que tienen sus propios procedimientos y reglas.
Este escenario de incertidumbre implica que muchas cosas podrían salir mal si las elecciones del 3 de noviembre entre el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden son muy reñidas. Muchos esperan que esto desemboque en una batalla legal y que al igual que en el año 2000 la disputa se dirima en la Corte Suprema.
Las encuestas muestran que muchos más demócratas que republicanos son proclives a votar por correo y el partido de Trump lanzó varias querellas legales para limitar esa posibilidad.
En las últimas elecciones, cerca un 1% de los votos enviados por correspondencia fueron rechazados, una cifra que se espera que suba con el aumento de esta modalidad.
¿Cuál es el panorama electoral?
En 2016 cerca de 139 millones de estadounidenses sufragaron, con 33 millones de votos por correspondencia. Este año la participación total podría sumar 150 millones de personas y la mitad de los sufragios podrían ser emitidos anticipadamente.
¿Cómo funciona el voto por correo?
Nueve estados y la capital, Washington DC, envían automáticamente votos por correspondencia a todos los electores. En otros, es responsabilidad del votante pedirlos. En el pasado esto estaba restringido para el voto «en ausencia», pero en este ciclo electoral, mucho estados, aunque no todos, hicieron posible que cualquiera obtuviera un voto en ausencia o por correo.
Pero cada estado tiene sus propias reglas. La mayoría requiere rellenar el sufragio, ponerlo en un sobre, firmarlo y enviarlo por correo o colocarlo en urnas especiales.
Pero algunos estados exigen una «funda» para la privacidad y otros requieren de testigos, por ejemplo.
¿Cuándo se cuentan los votos?
Los votos en los recintos electorales son contados automáticamente y en la mayoría de los casos los resultados son anunciados en horas o incluso minutos después de que cierren las urnas.
Pero los votos por correo implican un proceso laborioso en el cual cada estado tiene reglas propias.
Algunos estados sólo aceptan votos que llegan hasta el día de la elección, otros siguen contando sufragios hasta diez días después.
Debido a la carga que esto implica para el Servicio Postal, algunos estados han alargado el periodo en el que aceptarán votos.
Y el proceso de verificar firmas, abrir sobres y retirar y contar los sufragios varía de estado a estado.
¿Cuáles son los posibles cuellos de botella?
El primer cuello de botella de este proceso es el Servicio Postal, que ha sufrido recortes de personal y de presupuesto, que algunos denuncian como un intento de los republicanos para perjudicar el voto por correo.
Dado el volumen de los votos por correo, puede ser que se tarde días en contar estos sufragios. En Michigan no se espera un conteo definitivo hasta el 5 de noviembre.
La segunda traba es la firma verificadora en los más de 30 estados que la exigen. En algunos casos es un proceso automatizado, pero en otros es realizado de forma manual.
Aquí se producen dificultades, ya que la firma de una persona evoluciona a lo largo del tiempo. En el caso de los votantes jóvenes que crecieron en un mundo digital puede que ni siquiera tengan firma o que ésta no este registrada.
Para los votos objetados por la firma, algunos estados contemplan un procedimiento para contactar al votante y cotejar los datos. Pero esto tarda tiempo.
De igual manera, si un votante olvida firmar, las autoridades electorales pueden intentar contactarlo.
Otro obstáculo es qué pasa si el votante olvida la «funda de privacidad». En Pensilvania, tras una demanda de los republicanos, una corte dictaminó que los denominados «votos desnudos», que podrían ser decenas de miles, no pueden ser contados. Pero otros estados sí los aceptan.
¿Terminará en una batalla legal?
En estados clave donde podría decidirse la elección, ambos partidos han reforzado sus equipos legales.
Trump ya ha advertido que no confía en los votos enviados por correos que sean recibidos después del día de la elección, lo que indica varias batalles legales en ciernes.
Existen más de 300 recursos legales en 44 estados concernientes a cambios para la elección ligados a la pandemia, según el Healthy elections Project de la universidad de Stanford y el MIT.
Como ocurrió en Florida en 2000, una elección reñida puede generar llamados a que se haga un recuento cuestionando la validez de cada voto. Tanto la estampilla postal como la firma y la dirección pueden ser objetadas, así como la fecha de emisión.
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.