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Encopetado ministro dice que a nombre de la revolución educativa se hicieron grandes negocios

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Roberto Fulcar, ministro de Educación, uno de los funcionarios más encopetado el Gobierno de Luis Abinader, considera que las acciones enmarcadas en el nuevo modelo educativo implementado en el contexto de la covid-19 se traducirán en una transformación cualitativa, cuantitativa y social en el proceso de enseñanza en la República Dominicana.

“De manera que lo que estamos haciendo es una transformación que en pocos años va a comenzar a dar frutos”, asegura con entusiasmo. El maestro Roberto Fulcar es cauto al emplear el término “revolución” en la educación, ya que, desde su punto de vista, el concepto ha sido relajado.

“Yo he visto que en nombre de una cosa que le llamaron revolución educativa se hizo lo que se está viendo ahora, que el covid ha desnudado, como miles de planteles en este país no tienen agua, no tienen energía eléctrica, ni internet. Nos encontramos que casi la mitad de la planta docente del país, no eran maestros nombrados, sino contratados, que no tienen seguridad social”, dice en entrevista especial para multimedios del Caribe.

Añade que “a nombre de la revolución educativa se hicieron tantas cosas que convirtieron el 4 por ciento en dos operaciones de negocios: uno de bienes raíces y otro de alimentación escolar”.

Asegura que en el país hay escuelas levantadas en comunidades no habitadas por personas, “porque había que comprarle un solar a alguien”. Deplora, además, que existan recintos escolares a medio hacer, porque su construcción se abandonó sin ninguna explicación.

El funcionario afirma que este tipo de acciones están documentadas para darlas a conocer a la población en el momento oportuno. “No hemos querido dedicar nuestras energías y tiempo simplemente en hacer la crítica de lo que pasó, pero no es porque no sabemos o no tenemos documentado todo lo que pasó”, sostiene.

Cerrando brechas

En la entrevista dirigida por el director de elCaribe, Osvaldo Santana, en la que participaron los ejecutivos del medio, Héctor Linares y Héctor Marte, el ministro destacó los esfuerzos que se realizan en su gestión en la implementación de una política de inclusión y oportunidad educativa.

Desde su óptica, el mérito más relevante del nuevo modelo educativo es haberse constituido en un vehículo para cerrar brechas sociales, que se encamina hacia la estandarización del nivel de calidad en el modelo de educación, sin importar si es ofrecida por el sector público o privado.

“Yo no tengo ninguna duda de que lo que estamos haciendo va a constituir una transformación cualitativa, cuantitativa y social de la educación en la República Dominicana. El hecho de que los mismos métodos de evaluación, de contenidos, el currículo y los mismos niveles de calidad de las clases y de la transmisión les estén llegando por igual a todos los estudiantes del país, es un salto en términos de cierre de brechas”, precisa.

Respecto a las acciones encaminadas a crear o mejorar las condiciones para el retorno gradual y voluntario a las aulas, dice que en la actualidad hay brigadas distribuidas por los 48 municipios donde se reanudará la presencialidad. Indicó que la meta es que al término de este año, no quede un solo plantel escolar sin electricidad de los más de 3 mil que dice encontró con esta limitación.

Ejecutivos Héctor Marte y Héctor Linares; directora de Comunicaciones de Educación, Diulka Pérez; vicepresidente de Multimedios del Caribe, Félix García; ministro Roberto Fulcar, director de elCaribe, Osvaldo Santana; y viceministra de Asuntos Pedagógicos, Ligia Pérez.

En ese sentido, se trabaja en la dotación de las instalaciones necesarias para llevar agua potable a unos 500 centros educativos, que no cuentan con este servicio. “La prioridad es el cierre de brechas de electricidad, dotación de dispositivos tecnológicos, acondicionamiento de planta física donde se ha encontrado un problema grave, porque cuando comenzamos a invertir el 4% del producto interno bruto en la educación, el estado se desbordó construyendo nuevas escuelas, pero olvidó la planta física existente”, sostiene. No obstante, admite que con el aumento del presupuesto en la educación, el déficit de aulas se redujo considerablemente. “De hecho en este año escolar no hemos iniciado aulas nuevas, sino hemos ido a recuperar las que tenemos y reorientar los lugares de las plantas físicas”, precisa. El funcionario agrega que “un vicio histórico que tiene la República Dominicana es desatender sus inversiones. Aquí hay escuelas que en 20 años no recibieron una mano de pintura, una llave que se dañó hace cinco años, simplemente era repararla para que corra agua. Ese conjunto de brechas ocupan una parte importante del presupuesto junto con las clases por televisión y la producción de clases virtuales”, afirma. Al ser abordado por el director de elCaribe sobre la inversión realizada en la implementación del nuevo modelo educativo, precisa que el presupuesto de la institución es el mismo del pasado año. “Lo que cambió fue la prioridad”, puntualiza Fulcar al destacar el costo que ha significado la disminución de la brecha digital, en la que se enmarca la adquisición de equipos tecnológicos para maestros y estudiantes, lo que, según sus palabras, representa un salto en uno de los factores de calidad de la educación. “No existe un profesor del sector público al cual no se le haya entregado una computadora y que no se le haya capacitado en el uso de tecnologías y también en el desarrollo de competencias para la modalidad de educación a distancia”, asegura. En ese contexto, la viceministra de Asuntos Pedagógicos, Ligia Pérez, destaca que en el momento en que el país retorne a la normalidad, la educación a distancia, vendrá a reforzar la presencialidad.

Cerca de 90 mil docentes ya han sido vacunados

En cuanto a la vacunación del cuerpo docente, una de las exigencias de la Asociación Dominicana de Profesores para el retorno a la presencialidad, dijo que hasta ayer, se habían vacunado más de 90 mil maestros, lo que representa el 82 % del total de profesores, 143 mil, de los cuales 113 mil corresponden al sector público y 30 mil al privado, grupo incluido en las jornadas de inoculación. La meta es que este 6 de abril esté vacunada casi la totalidad de los docentes. Al reflexionar sobre lo logrado con el nuevo modelo educativo, la viceministra de Asuntos Pedagógicos, quien acompañó durante la entrevista a Fulcar, dijo que con este conjunto de multimedios utilizado para llevar la educación, los ha empujado a priorizar el currículo por competencia, el cual dice estaba “sumamente abultado de contenidos irrelevantes”.

Modelo implementado será objeto de estudio

El ministro Fulcar es consciente de los desafíos que representa tomar las riendas de un sistema educativo en medio de una pandemia, que ha repercutido en una crisis global. No obstante, explica que el modelo implementado se ha venido estudiando desde hace años, pero el covid lo aceleró. “Así ha sido ese proceso. Redescubriéndonos, reinventándonos, cogiendo riesgos, soportando las críticas que nos fortalecen que nos ayudan a encontrar mejor camino, pero también otras más duras, pero también de esas aprendemos”, expresa. El maestro trae a la memoria esas discusiones dirigidas a buscar una solución al año escolar, la cual no podía ser suplida únicamente por la virtualidad, ante las limitaciones tecnológicas y de conectividad del país, entonces consideraron incluir los medios convencionales como la televisión y la radio. “Como nosotros no tenemos en el país un nivel de desarrollo que nos permita con una de esas vías o medios llegar al universo de estudiantes y de hogares, nos vimos obligados a usar una combinación multimedios: cuadernillo, televisión, radio e internet”. Resalta que la implementación de este modelo ha llamado la atención de organismos internacionales como la Unesco, la cual se muestra interesada en estudiar lo que está ocurriendo en el país. Sin embargo, Fulcar reconoce que en sus comienzos, la iniciativa no generaba suficiente confianza, incluso dentro del círculo de padres, que en ese contexto recibieron inducción.

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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.

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Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.

La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.

Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.

El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.

Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.

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Asesino de conductor de camión recolector de basura es apresado en Jamaica.

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Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.

La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.

En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.

Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.

Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.

Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.

El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.

En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.

El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.

Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.

Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.

Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.

Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.

Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.

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Tribunal Constitucional rechaza amparo contra embargo inmobiliario.

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Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.

La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.

La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.

El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.

En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.

Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.

Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.

Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.

El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.

La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.

Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.

El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.

En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.

El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.

Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.

El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.

Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.

También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medinahermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.

La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.

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