Nacionales
Senadores retrasan aprobación de códigos penal y laboral pese a llamado de Abinader.
Santo Domingo, R.D.-Los senadores retardaron los procedimientos de aprobación de las propuestas de modificación tanto al Código Penal como al Código de Trabajo, a pesar del llamado del presidente Luis Abinader en dar el visto bueno a ambas propuestas legislativas antes de la culminación de la presente legislatura.
Ambas modificaciones estaban supuestas a ser conocidas y aprobadas en una segunda lectura durante la sesión de este martes en el Senado de la República, sin embargo, ninguna fue propuesta para ser introducida a la orden del día debido a propuestas de modificaciones recientes realizadas desde varios sectores.
Con relación al nuevo Código Penal el senador Santiago Zorrilla, presidente de la comisión bicameral que estudió la pieza, manifestó a los medios de comunicación que retrasaran la aprobación de la pieza debido a que esperan unas observaciones que la Procuraduría General de la República y otros sectores están supuestos a realizar.
El legislador manifestó que no han recibido “ningún tipo de presión” de parte de otros sectores sociales y que tanto los senadores y diputados entienden el rol que deben de jugar y la urgencia de que la sociedad tenga un nuevo Código Penal.
“No existe la presión, el Senado de la República no está para tomar presión de nadie, nosotros sabemos el rol que tenemos ante la sociedad y ante el pueblo y no podemos tomar presión de ningún otro poder y de grupo sociales. Estamos esperando una propuesta de la Procuraduría y de unas personas que nos han llamado y vamos a ver también”, indicó Zorrilla.
Esas modificaciones que serán planteadas se sumaran a las que los senadores Omar Fernández y Moisés Ayala anunciaron que realizarían durante el procedimiento de segunda lectura de la pieza.
La propuesta de nuevo Código Penal no contiene la despenalización del aborto asistido en tres causales excepcionales e integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra. El cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión, además de que tipifica 72 nuevos crímenes.
Mientras que el conocimiento del Código Laboral fue retrasado debido a los recientes señalamientos realizados por el sector empresarial y el rechazo de los sindicalistas a esos nuevos planteamientos.
El presidente de la comisión que estudió esa pieza, el senador Rafael Barón Duluc (Cholitin), manifestó que el principal punto de discusión se mantiene siendo la figura de la cesantía laboral.
“Ese tema nosotros lo aprobamos como vino (en la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo), o sea, no se tocó; al final la cesantía permanecería”, manifestó el senador.
La propuesta del Poder Ejecutivo fue realizada a raíz de los resultados del dialogo tripartito, del cual forman parte los sectores empresarial, laboral y el Gobierno, sin embargo, una vez la pieza fue aprobada por los senadores en una primera lectura, los empresarios rechazaron el proyecto de modificación al Código de Trabajo, por considerar que “representa un retroceso” y señalando que el mismo ignora varios “acuerdos alcanzados” durante el desarrollo del dialogo tripartito.
Aunque los empresarios han hecho un llamado a retomar el dialogo, los sindicalistas han manifestado que ese tema no fue tocado en el nuevo proyecto para “mantener el orden laboral y evitar una posible huelga general y explosión social”.
El representante de la provincia La Altagracia en la Cámara Alta indicó que se han acogido las propuestas de ambos sectores a la propuesta enviada desde el Gobierno, aunque también han validado las posiciones sustentadas en la pieza legislativa aprobada en una primera lectura la pasada semana.
“Hay varios puntos que pueden ser objeto de modificación, por ejemplo el tema de las zonas francas, que si bien es cierto que estuvo la intención de darle a los trabajadores de las zonas francas esos derechos de las bonificaciones, también es cierto que puede poner en peligro la presencia de esas empresas de zonas francas en el país por lo que es valido mantener el sistema como está”, argumentó Duluc al tiempo que aseguró que el código aprobado será “uno bueno para todos los sectores y todos los dominicanos”.
¿Queda tiempo?
Abinader fue enfático en su señalamiento de que estas nuevas leyes deben ser aprobadas antes de que culmine la presente legislatura, la cual concluye el próximo 26 de julio.
Hasta tanto ambas piezas no sean aprobadas en una segunda lectura por los senadores, las mismas no pueden ser remitidas hacia la Cámara de Diputados, quienes también tienen que repetir el mismo proceso de leer y aprobar en dos lecturas consecutivas ambos códigos, los cuales quedarían convertidos en ley siempre y cuando no modifiquen lo aprobado por el Senado.
Mientras Zorrilla y Duluc afirman que ambos códigos pueden ser aprobados antes de ese 26 de julio, Abinader manifestó que está dispuesto a convocar a una legislatura extraordinaria.
Múltiples senadores se mostraron de acuerdo con la idea de continuar laborando hasta el 15 de agosto.
El Código Laboral corre el riesgo de perimir si no es aprobado en la presente legislatura ya que data en el Congreso Nacional desde el pasado mes de noviembre; al perimir, el proyecto debería de ser reintroducido para volver a ser conocido y aprobado dos veces.
Duluc indicó que eso no representaría un “retraso mayor” por lo que solamente tiene que ser reintroducido por el Senado y ser liberado de lectura durante el conocimiento de la primera lectura.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Nacionales
Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.