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El Gobierno luce con un rumbo confuso y como si no tuviera idea de como se debe manejar el Estado.
El último escándalo que involucra a una figura importante del Gobierno es el de la ministra de la Juventud, Kinmberly Taveras, quien hizo una declaración de patrimonios que alcanza los 108 millones de pesos con apenas 33 años de edad, lo que se ha derivado en la suspensión del registro de proveedoras del Estado de dos de sus compañías, lo cual envía un buen mensaje saludable a una sociedad que tiene como principal preocupación la corrupción en el sector público.
Esta joven, quien en la actualidad es esposa de un hijo de la Superintendente de Seguros, Josefa Castillo, que cambió su diputación por la posición que ocupa en el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ahora mismo está en la picota pública.
La decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha sido muy atinada, porque amén de cualquier otra irregularidad que pueda ocurrir en los negocios de esta ministra, también se produce una violación a la ley con el hecho de que ella ocupe un puesto en la administración pública y al mismo tiempo haga negocios con el Estado.
El mensaje que se envía es de que no se va a tolerar ese tipo de conducta en el presente Gobierno, pese a que todavía quedan bastantes cosas por despejar en lo que respecta a esta familia y a muchas otras, las cuales tienen prácticamente a todos sus miembros empleados en el Estado.
Por esta razón no parece que la anulación del registro de proveedor del Estado de dos compañías de la funcionaria pueda tener mayor trascendencia, a menos que no se haga una profunda investigación del supuesto tráfico de influencias de ella en ayuntamientos que controla el partido de Luis Abinader, porque de comprobarse semejante irregularidad entonces procede su inmediata cancelación del puesto que ocupa.
Sin embargo, no parece que ese vaya a ser caso, ya que en el Gobierno hay otros funcionarios que son cuestionados desde antes de que fueran nombrados o designados por Abinader y un ejemplo muy elocuente es el caso del administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra Rojas, cuyo involucramiento no deja dudas en la estafa al Estado a través de la compra de los aviones Super Tucanos durante la administración del doctor Leonel Fernández.
De esto se ha hablado desde que sonó éste para el puesto, pero los compromisos con él parecen tan importantes que no hubo forma de que su nombramiento fuera impedido, pero lo peor de todo es que su designación sale de un decreto emitido por el presidente, quien en campaña prometió no incurrir jamás en ese tipo de equivocación.
La terquedad del presidente ha seguido su agitado curso en virtud de que mientras la gente más criticaba la designación de miembros de una misma familia en el Gobierno, más nombramientos con las mismas características se producían, cuyos últimos fueron la esposa de Orlando Jorge Mera y una hermana de la vicepresidenta Raquel Pena, ambas en el servicio exterior.
Pero Abinader así como tiene una fuerte inclinación a no cumplir su palabra, parece tener un amor enfermizo hacia personajes del sector privado que al final de la jornada comprometen al Gobierno con intereses que no son los más saludables para una nación que el neoliberalismo ha golpeado con tanta fuerza que poco falta que se cojan todas las empresas del sector oficial para controlarlas y manejarlas en función de sus intereses corporativos.
El actual Gobierno, que apenas tiene dos meses y algunos días, parece no sentar cabeza y ha entrado sin quererlo en un proceso de legitimación de los que acaban de salir del poder y que cargaron con la mayor parte del patrimonio nacional, sin que se vislumbre una rectificación a tiempo porque el problema comienza incluso con la designación de muchas personas que no saben en qué pies están parados.
Son tiempos de grandes riesgos para un país peligrosamente afectado por una pandemia y cuya economía es mucho más pequeña que antes de que llegara la desgraciada enfermedad, lo cual aumenta la tensión y la preocupación entre la mayoría de la gente, ya que no se sabe como se distribuirá el gasto entre dos flagelos que se tragan prácticamente todo el presupuesto nacional: La corrupción y el Covid-19.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.