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La mora representa denegación de justicia, pero muchas sentencias implican un peligro para el Estado de Derecho.
Por Elba García
En la República Dominicana tuvo lugar este martes 8 de enero el “Día del Poder judicial”, el cual fue aprovechado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, para insistir, como en ocasiones anteriores, sobre la mortificante mora judicial, la cual, sin lugar a dudas, es una causa muy poderosa para que se produzca una justicia tardía, la cual no es otra cosa que una denegación de la misma.
En la conmemoración de tan importante fecha, Molina, calificó como la mayor calamidad del sistema los innumerables casos pendientes y llamó a no ser indiferentes con esa injusticia, ya que es un daño que se acarrea en contra de las personas y la sociedad en general, por lo que a su juicio erradicar esta falencia es el objetivo central de su gestión.
Sin embargo, el presidente del más alto tribunal del país no abordó otro de los problemas que ha erosionado la credibilidad de la justicia, como son las sentencias al margen de las normas, las cuales demandan una mayor supervisión de los jueces por parte del Consejo del Poder Judicial.
Ahora mismo se puede afirmar que la mora judicial si buen representa una forma clara de denegación de justicia, también el abuso de poder de los juzgadores impone poner en una balanza cuál de estas dos causales pesan más en la prácticamente desaparición del Estado de Derecho.
La primera de las dos, es decir la moral judicial, obedece a un cúmulo de trabajo que el sistema no está en capacidad de manejar y es parte de una deficiencia sistémica, por lo que mediante el mismo mecanismo de la ley se busca reducirlo y quitar presión a los tribunales, pero la segunda tiene que ver con un detalle que descansa, principalmente, en un manejo poco eficiente por parte del Consejo del Poder Judicial, el cual debe producirse a través de una mejoría de los mecanismos de fiscalización de los jueces, el cual también es presidido por el mismo Molina.
De manera, que ambas problemáticas tienen un peso muy fuerte sobre la justicia, pero que mientras la mora podría tener una explicación que aparentemente la justifique, la emisión de sentencias en violación de las normas está asociada a un abuso de poder de los jueces de los tribunales nacionales.
Si se quiere comprobar la cantidad tan alta de sentencias que carecen de razonabilidad y que lesionan el espíritu de las leyes que son aprobadas por el legislador, sólo hay que detenerse a leer cómo el Tribunal Constitucional reprueba la mayoría de los fallos que provienen de los tribunales ordinarios del país.
Sin embargo, esta última parte no luce que sea tan difícil controlarla, ya que sólo habría que crear un mecanismo de fiscalización de las sentencias emitidas por los jueces de todo el territorio nacional y examinar hasta dónde hay o no fallos que violan las normas, lo cual es perfectamente posible y de esa manera, incluso, no hay que esperar a la presentación de un recurso de casación, aunque el mismo siempre estará abierto, dado que los casos manejados por el Consejo del Poder Judicial entran en el marco de su labor administrativa y disciplinaria, no en lo jurisdiccional.
No obstante, se observa que los problemas de la Suprema Corte de Justicia tienen además otras implicaciones como la comisión de errores eminentemente técnicos, lo que permite apreciar en lo que respecta a la aplicación de la nueva norma de Procedimientos de Casación, la 2-23, ya que hace un hibrido procesal con la derogada, la 3726, que luce una violación de derechos fundamentales y de principios como el de no retroactividad de la ley que tiene categoría constitucional.
Esta mala interpretación de los procedimientos de casación si bien no se observan en las sentencias emitidas hasta la fecha por las diferentes salas del más alto tribunal del país o que por lo menos alguien lo haya invocado mediante un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que muchos de los actores del sistema, máxime a nivel administrativo, confunden con su visión a las partes que buscan apoyarse en los mismos para reclamar sus derechos.
El problema tiene una dimensión que no sólo basta con resolver el problema de la mora judicial en las diferentes salas que conforman la Suprema Corte de Justicia, cuya figura representa una denegación de justicia, sino también procurar evitar que muchos jueces emitan sentencias anulables por ser violatorias de derechos fundamentales y por hacer una interpretación equivocada de la norma, lo cual es atribuible a una multiplicidad de factores como la negligencia, la ineptitud y la complicidad.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.