Nacionales
a propuesta de renunciar a los beneficios divide a los diputados
Plantean eliminar exoneraciones que reciben empresarios e iglesias
SANTO DOMINGO. El llamado que ha hecho el líder de Alianza País, Guillermo Moreno, sobre la posible renuncia a los beneficios especiales que reciben los legisladores ha encontrado respuesta entre diputados de distintas facciones que incluso le han pedido a este, que renuncie del dinero que le otorga la Junta Central Electoral (JCE) a la organización que encabeza.
El excandidato presidencial recomendó a los legisladores imitar el ejemplo del diputado de Alianza País, Fidelio Despradel, quien hizo un anuncio público donde dijo renunciaba a las dos exoneraciones de vehículos y “cualquier otro beneficio monetario o en especie contrario a las funciones legislativas”.
Sin embargo, para el diputado del Partido de la Liberación Dominicana por Puerto Plata (PLD), Juan Carlos Quiñones, con las exoneraciones que estos reciben y otros pagos especiales “se ha estado confundiendo a la población como que nosotros recibimos aquí beneficios extra que no están acordes con el cargo”.
Argumentó que las exoneraciones están aprobadas por ley y que un legislador, ante el Estado, tiene la misma jerarquía que un director general de cualquier institución, lo que a su entender le da derecho de poseer un vehículo.
Quiñones manifestó que no pueden adquirir vehículos propios para dar un “servicio gratis” al Estado. “¿Por qué Guillermo Moreno no renuncia a lo que recibe de la Junta Central Electoral Alianza País como partido?”, cuestionó.
Mientras el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Darío Zapata, dijo estar de acuerdo con la eliminación de “todos” los subsidios y exoneraciones que se otorgan en el país, debido a la falta de transparencia que da pie a escándalos de corrupción.
“Yo condeno cofrecito, yo condeno barrilito y el día que se apruebe renuncio antes de recibirlo”, afirmó Zapata, diputado por Dajabón, quien dijo aspirar a un mayor nivel de transparencia en el país.
Asimismo, el diputado del PLD por San Cristóbal, Manuel Orlando Espinosa, se manifestó de acuerdo con la propuesta de Moreno “pero no sólo a los legisladores”, sino que se eliminen todas las exoneraciones que reciben los sectores empresariales y las iglesias.
Observó que el “barrilito” fue eliminado por el expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, hace dos años pero que las partidas se han mantenido en el Presupuesto del órgano legislativo.
diariolibre.com
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.