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LA HABANA. La apertura del presidente estadounidense Barack Obama hacia Cuba en el 2014 ayudó a canalizar dólares estadounidenses a conglomerados turísticos manejados por los militares isleños mientras el aparato de seguridad reprime el disenso.

El acercamiento también hizo llegar millones de dólares a negocios privados, impulsando el crecimiento de una clase media emprendedora independiente del estado comunista. Se abrió un nuevo mercado para firmas estadounidenses como JetBlue y American Airlines, que tienen hoy resplandecientes oficinas en La Habana, y Airbnb ofrece decenas de miles de alojamientos privados en la isla.

La internet es hoy una realidad al alcance de cientos de miles de cubanos pues el presidente Raúl Castro cumplió la promesa que le hizo a Obama y abrió casi 400 puntos de acceso a Wi-Fi en el país. Paralelamente, viejos enemigos separados por 145 kilómetros (90 millas) de agua firmaron acuerdos para cooperar en una cantidad de áreas, que van desde el tráfico humano hasta los derrames de petróleo.

El sucesor de Obama, Donald Trump, encara un complejo escenario al ser presionado por legisladores cubano-estadounidenses y por cabilderos para que cumpla su promesa de dar marcha atrás con las políticas de Obama hacia Cuba. El gobierno estadounidense se apresta a anunciar una nueva política que prohibiría los negocios con los militares cubanos al tiempo que preservaría las relaciones diplomáticas plenas restauradas por Obama, según un funcionario de su gobierno y una persona involucrada en la elaboración de esa política.

“Como ha dicho el presidente, la actual política hacia Cuba es un mal negocio. No hace lo suficiente para apoyar los derechos humanos en Cuba”, expresó el vocero de la Casa Blanca Michael Short. “Pronosticamos un anuncio en las próximas semanas”.

Se siguen debatiendo nuevas restricciones a los viajes de placer de los estadounidenses a Cuba, que se han más que triplicado desde el anuncio de Obama, hasta llegar a casi 300.000 visitantes el año pasado.

Los cubanos anticastristas de Estados Unidos no quieren que los turistas estadounidenses disfruten de mojitos en un estado policial que mandó al exilio a miles de personas que dejaron sus casas y sus negocios. Las leyes estadounidenses siguen prohibiendo el turismo a Cuba y para visitar la isla hay que encajar en alguna de 12 categorías contempladas por el gobierno, que van desde asuntos religiosos hasta actividades educativas diseñadas para promover el contacto de los visitantes con los cubanos.

Cuando asumió Obama, los viajeros solo podían ir a la isla como parte de viajes organizados, una medida que garantizaba que los estadounidenses experimentaban solo actividades educativas como visitas imprentas o mercados de productos agrícolas orgánicos.

En realidad, ese requisito garantizaba que los viajeros estadounidenses pasaban todo su tiempo en Cuba bajo la supervisión directa del gobierno, que exige a las agencias de viaje estadounidenses usar autobuses y guías del gobierno y alojarse mayormente en hoteles estatales.

Al acercarse el final de su segundo mandato, Obama eliminó ese requisito y abrió las puertas para que decenas de miles de personas viajasen a Cuba en forma independiente.

Los detractores de esa política dicen que despejó el camino para que mucha gente haga turismo a pesar de que está prohibido, disfrutando de la playa y de hoteles con todo pago.

Pero estas visitas independientes también contribuyeron a dar impulso al creciente sector privado. Decenas de miles de estadounidenses viajan a La Habana en vuelos directos de aerolíneas estadounidenses, se alojan en viviendas privadas a través de Airbnb y gastan miles de dólares en guías, taxis y restaurantes privados.

Un ex ingeniero industrial, Adyarin Ruiz, de 31 años, tiene una hostería de cuatro habitaciones en una sección restaurada de la Vieja Habana a la que llegan cada vez más estadounidenses dispuestos a pagar 100 dólares la noche en un país donde el salario promedio del estado es de 25 dólares al mes.

“En los últimos dos años, después de que se reanudaron las relaciones, he visto un crecimiento del turismo americano (estadounidense). Y eso se ve aún más desde que incrementaron los vuelos”, expresó Ruiz. “Los que han venido aquí (a la casa) son V.I.P. Se ve que tienen dinero y son clientes que les gusta la calidad y la exigen, y esta casa es muy bonita”.

En Estados Unidos también hay muchos empleos que dependen de los viajes a Cuba. La agrupación Engage Cuba, que favorece el deshielo, difundió un informe el jueves en el que dice que una anulación de todas las políticas de Obama hacia Cuba le costaría a las aerolíneas y los cruceros 3.500 millones de dólares en los próximos cuatro años y harían desaparecer 10.154 plazas de trabajo.

Funcionarios del gobierno estadounidense que también pidieron no ser identificados al hablar de la actual política dijeron que consideraciones políticas internas son la principal fuerza que impulsa cualquier desmantelamiento de las políticas de Obama hacia Cuba.

Durante la transición, Trump y el secretario de estado Rex Tillerson expresaron en privado su apoyo a la política de Obama hacia Cuba, según dijeron funcionarios actuales y pasados a la AP. Entre quienes todavía quieren desarticular esas políticas figuran el senador Marco Rubio y el representante Mario Díaz-Balart, ambos de ascendencia cubana. El gobierno de Trump desea mantener buenas relaciones con Rubio, quien integra la comisión del Senado que investiga las relaciones de Trump con Rusia, y con Díaz-Balart, miembro de la poderosa Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la cámara baja.

Algunos asesores de Trump consideran asimismo que su reelección en el 2020 podría depender de la lealtad de los cubanos de la Florida, cuyo apoyo es considerado vital para ganar un estado clave.

Muchos objetan el que el gobierno cubano se beneficie de las relaciones con Estados Unidos, molestos con el hecho de que miles de viajeros estadounidenses se alojen en hoteles administrados por GAESA, un conglomerado cada vez más importante con fuertes lazos con los militares cubanos. A los cubano-estadounidenses les irrita en particular el que Obama haya permitido a empresas estadounidenses lidiar directamente con firmas vinculadas con los militares, en particular un acuerdo para que Starwood, compañía de Stamford, Connecticut, administre al menos dos hoteles de La Habana. Fuerzas anticastristas también piden medidas en el terreno de los derechos humanos. El año pasado hubo 9940 arrestos y detenciones breves comparado con las 8899 del 2014.

Las autoridades cubanas afirman que esos arrestos son provocados deliberadamente por disidentes financiados por grupos anticastristas, que buscan aumentar las cifras de detenciones.

Algunos funcionarios dicen que hay otra razón para ajustar la política de Estados Unidos hacia Cuba: presionar a Venezuela. El gobierno de Trump está buscando formas de obligar a Venezuela a resolver las protestas y la violencia casi diaria que buscan debilitar al presidente Nicolás Maduro. Cuba es un estrecho aliado de Maduro y cualquier medida contra los militares cubanos podría ser vista como un indicio de que Estados Unidos está haciendo algo.

Cuba, mientras tanto, se prepara para su propia transición. Castro ha dicho que dejará la presidencia en febrero del 2018 y se espera que entregue el gobierno a un vicepresidente de 57 años que no ha dicho mucho sobre su visión para el futuro del país.

La oficina de Rubio dice que el objetivo del senador es preparar el terreno para una nueva generación de líderes cubanos que le den mayor participación a la ciudadanía.

“Confío en que el presidente va a cumplir su compromiso de hacer cambios que promueven las aspiraciones del pueblo cubano de libertad económica y política”, dijo Rubio en un comunicado difundido el jueves por su oficina.