Latinoamericanas
A Trump no le será fácil desarticular apertura hacia Cuba
AP
LA HABANA. La apertura del presidente estadounidense Barack Obama hacia Cuba en el 2014 ayudó a canalizar dólares estadounidenses a conglomerados turísticos manejados por los militares isleños mientras el aparato de seguridad reprime el disenso.
El acercamiento también hizo llegar millones de dólares a negocios privados, impulsando el crecimiento de una clase media emprendedora independiente del estado comunista. Se abrió un nuevo mercado para firmas estadounidenses como JetBlue y American Airlines, que tienen hoy resplandecientes oficinas en La Habana, y Airbnb ofrece decenas de miles de alojamientos privados en la isla.
La internet es hoy una realidad al alcance de cientos de miles de cubanos pues el presidente Raúl Castro cumplió la promesa que le hizo a Obama y abrió casi 400 puntos de acceso a Wi-Fi en el país. Paralelamente, viejos enemigos separados por 145 kilómetros (90 millas) de agua firmaron acuerdos para cooperar en una cantidad de áreas, que van desde el tráfico humano hasta los derrames de petróleo.
El sucesor de Obama, Donald Trump, encara un complejo escenario al ser presionado por legisladores cubano-estadounidenses y por cabilderos para que cumpla su promesa de dar marcha atrás con las políticas de Obama hacia Cuba. El gobierno estadounidense se apresta a anunciar una nueva política que prohibiría los negocios con los militares cubanos al tiempo que preservaría las relaciones diplomáticas plenas restauradas por Obama, según un funcionario de su gobierno y una persona involucrada en la elaboración de esa política.
“Como ha dicho el presidente, la actual política hacia Cuba es un mal negocio. No hace lo suficiente para apoyar los derechos humanos en Cuba”, expresó el vocero de la Casa Blanca Michael Short. “Pronosticamos un anuncio en las próximas semanas”.
Se siguen debatiendo nuevas restricciones a los viajes de placer de los estadounidenses a Cuba, que se han más que triplicado desde el anuncio de Obama, hasta llegar a casi 300.000 visitantes el año pasado.
Los cubanos anticastristas de Estados Unidos no quieren que los turistas estadounidenses disfruten de mojitos en un estado policial que mandó al exilio a miles de personas que dejaron sus casas y sus negocios. Las leyes estadounidenses siguen prohibiendo el turismo a Cuba y para visitar la isla hay que encajar en alguna de 12 categorías contempladas por el gobierno, que van desde asuntos religiosos hasta actividades educativas diseñadas para promover el contacto de los visitantes con los cubanos.
Cuando asumió Obama, los viajeros solo podían ir a la isla como parte de viajes organizados, una medida que garantizaba que los estadounidenses experimentaban solo actividades educativas como visitas imprentas o mercados de productos agrícolas orgánicos.
En realidad, ese requisito garantizaba que los viajeros estadounidenses pasaban todo su tiempo en Cuba bajo la supervisión directa del gobierno, que exige a las agencias de viaje estadounidenses usar autobuses y guías del gobierno y alojarse mayormente en hoteles estatales.
Al acercarse el final de su segundo mandato, Obama eliminó ese requisito y abrió las puertas para que decenas de miles de personas viajasen a Cuba en forma independiente.
Los detractores de esa política dicen que despejó el camino para que mucha gente haga turismo a pesar de que está prohibido, disfrutando de la playa y de hoteles con todo pago.
Pero estas visitas independientes también contribuyeron a dar impulso al creciente sector privado. Decenas de miles de estadounidenses viajan a La Habana en vuelos directos de aerolíneas estadounidenses, se alojan en viviendas privadas a través de Airbnb y gastan miles de dólares en guías, taxis y restaurantes privados.
Un ex ingeniero industrial, Adyarin Ruiz, de 31 años, tiene una hostería de cuatro habitaciones en una sección restaurada de la Vieja Habana a la que llegan cada vez más estadounidenses dispuestos a pagar 100 dólares la noche en un país donde el salario promedio del estado es de 25 dólares al mes.
“En los últimos dos años, después de que se reanudaron las relaciones, he visto un crecimiento del turismo americano (estadounidense). Y eso se ve aún más desde que incrementaron los vuelos”, expresó Ruiz. “Los que han venido aquí (a la casa) son V.I.P. Se ve que tienen dinero y son clientes que les gusta la calidad y la exigen, y esta casa es muy bonita”.
En Estados Unidos también hay muchos empleos que dependen de los viajes a Cuba. La agrupación Engage Cuba, que favorece el deshielo, difundió un informe el jueves en el que dice que una anulación de todas las políticas de Obama hacia Cuba le costaría a las aerolíneas y los cruceros 3.500 millones de dólares en los próximos cuatro años y harían desaparecer 10.154 plazas de trabajo.
Funcionarios del gobierno estadounidense que también pidieron no ser identificados al hablar de la actual política dijeron que consideraciones políticas internas son la principal fuerza que impulsa cualquier desmantelamiento de las políticas de Obama hacia Cuba.
Durante la transición, Trump y el secretario de estado Rex Tillerson expresaron en privado su apoyo a la política de Obama hacia Cuba, según dijeron funcionarios actuales y pasados a la AP. Entre quienes todavía quieren desarticular esas políticas figuran el senador Marco Rubio y el representante Mario Díaz-Balart, ambos de ascendencia cubana. El gobierno de Trump desea mantener buenas relaciones con Rubio, quien integra la comisión del Senado que investiga las relaciones de Trump con Rusia, y con Díaz-Balart, miembro de la poderosa Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la cámara baja.
Algunos asesores de Trump consideran asimismo que su reelección en el 2020 podría depender de la lealtad de los cubanos de la Florida, cuyo apoyo es considerado vital para ganar un estado clave.
Muchos objetan el que el gobierno cubano se beneficie de las relaciones con Estados Unidos, molestos con el hecho de que miles de viajeros estadounidenses se alojen en hoteles administrados por GAESA, un conglomerado cada vez más importante con fuertes lazos con los militares cubanos. A los cubano-estadounidenses les irrita en particular el que Obama haya permitido a empresas estadounidenses lidiar directamente con firmas vinculadas con los militares, en particular un acuerdo para que Starwood, compañía de Stamford, Connecticut, administre al menos dos hoteles de La Habana. Fuerzas anticastristas también piden medidas en el terreno de los derechos humanos. El año pasado hubo 9940 arrestos y detenciones breves comparado con las 8899 del 2014.
Las autoridades cubanas afirman que esos arrestos son provocados deliberadamente por disidentes financiados por grupos anticastristas, que buscan aumentar las cifras de detenciones.
Algunos funcionarios dicen que hay otra razón para ajustar la política de Estados Unidos hacia Cuba: presionar a Venezuela. El gobierno de Trump está buscando formas de obligar a Venezuela a resolver las protestas y la violencia casi diaria que buscan debilitar al presidente Nicolás Maduro. Cuba es un estrecho aliado de Maduro y cualquier medida contra los militares cubanos podría ser vista como un indicio de que Estados Unidos está haciendo algo.
Cuba, mientras tanto, se prepara para su propia transición. Castro ha dicho que dejará la presidencia en febrero del 2018 y se espera que entregue el gobierno a un vicepresidente de 57 años que no ha dicho mucho sobre su visión para el futuro del país.
La oficina de Rubio dice que el objetivo del senador es preparar el terreno para una nueva generación de líderes cubanos que le den mayor participación a la ciudadanía.
“Confío en que el presidente va a cumplir su compromiso de hacer cambios que promueven las aspiraciones del pueblo cubano de libertad económica y política”, dijo Rubio en un comunicado difundido el jueves por su oficina.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.