Economía
A un año de Amuay, la seguridad de refinerías venezolanas sigue en entredicho
CARACAS, (EFE).- Un año después de la explosión en la refinería de Amuay, en el noroeste de Venezuela, las causas del peor accidente de la historia petrolera reciente venezolana aún no se conocen oficialmente, la seguridad de esa industria está en entredicho y el Gobierno insiste en que fue un sabotaje.
La explosión, comparada por el fallecido presidente Hugo Chávez con la caída de una bomba atómica, se debió según las primeras hipótesis manejadas por el Gobierno a una fuga de gas y dejó un saldo preliminar de 42 muertos, 8 desaparecidos, más de un centenar de heridos y millonarios destrozos en casas y comercios cercanos.
Sin embargo, al cumplirse un año aún no hay un número definitivo de víctimas y los sindicatos se encuentran a la espera de un informe oficial que explique las causas de la explosión, que tiñó de rojo el cielo de la ciudad de Punto Fijo en plena madrugada del 25 de agosto del año pasado.
«Fue producto de un sabotaje, así de sencillo, las pruebas se mostrarán en los próximos días», señaló ayer el presidente venezolano, Nicolás Maduro, insistiendo en una tesis que empezó a sugerir hace dos meses responsabilizando del accidente a la oposición.
La oposición ha contraatacado diciendo en un voluminoso informe dado a conocer esta semana que la explosión se debió a una «negligencia gerencial» derivada de la falta de inversión y mantenimiento.
En el medio, los sindicatos y algunos expertos de la industria denuncian que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) no cumple con las inversiones necesarias para que Amuay, una de las refinerías más grandes del mundo con una capacidad de refinación de 645.000 barriles diarios, recupere plenamente sus operaciones.
Para Jean Paul Leidenz, investigador del Centro de Energía del venezolano Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), ha sido escasa la información de PDVSA sobre Amuay, una refinería que cubre el 67 % de la demanda interna de combustibles.
«Uno de los problemas que hay con el tema de Amuay es que no se ha publicado mucha información oficial», dijo Leidenz a Efe.
Los contrapuntos entre los expertos y el gigante estatal se extienden al nivel de operaciones de la refinería, que forma parte del Centro Refinador de Paraguaná (CRP), uno de los mayores del mundo.
Leidenz sostuvo que Amuay está operando en torno a un 75 % de su capacidad, mientras que PDVSA ha dicho que el CRP se encuentra 100 % operativo y ha defendido el nivel de inversiones ejecutado.
La explosión, que dejó en llamas nueve depósitos de combustible en el patio de tanques de Amuay, puso en alerta también a la industria sobre los niveles de seguridad al interior de las refinerías.
La Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUTEG) ha reportado 20 incidentes en los tres centros refinadores de Venezuela en lo que va del año, entre explosiones de hornos, paradas de emergencia e incendios, mientras que la diputada opositora María Corina Machado sostuvo que desde Amuay el número de accidentes llega a 38.
Las cifras más actuales de PDVSA, correspondientes al año 2012, señalan que la frecuencia neta de incidentes, un indicador sobre la accidentabilidad de la industria que mide la cantidad de lesiones que afectan las operaciones, creció un 3 % frente al 2011.
El ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, ha rechazado desde el mismo momento del accidente que la falta de mantenimiento hubiera sido «de ninguna manera» la causa de la explosión, asegurando que PDVSA invirtió 6.000 millones de dólares en el mantenimiento de sus refinerías entre 2009 y 2012.
Para el consultor en materia energética Enrique Guinand, recientes accidentes evidencian que «los problemas de mantenimiento de las refinerías persisten».
«El CRP no ha recuperado la capacidad operativa completa que tenía antes del accidente. La otra evidencia de los problemas operativos son los volúmenes de importaciones de aditivos para gasolina y de combustibles en general», dijo Guinand a Efe.
Los accidentes han dejado al desnudo además los problemas en la capacidad de refinación de PDVSA, cuyos volúmenes de petróleo procesado cayeron un 5,9 % en el 2012 frente al 2011, acompañados por un descenso del 3 % en la producción petrolera, de acuerdo con su balance financiero del año pasado.
La propia PDVSA reconoció en su balance financiero que «entre los días del siniestro (de Amuay) y la restitución de las operaciones» se realizaron importaciones de aditivos para combustibles por 1.572 millones de dólares, aunque la empresa niega que el país esté importando gasolina terminada.
Los sindicatos denuncian que el incidente en la mayor refinería de América no fue un hecho aislado y afirman que desde entonces «siguen sucediendo los mismos problemas que ocasionaron la tragedia».
«Sigue la misma situación, si acaso no se ha acrecentado, todas las semanas hay por lo menos dos eventos, entre incendios, fugas, fallas en los equipos», dijo a Efe el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Iván Freites.
PDVSA ha dicho que organismos como la Fiscalía General se encuentran investigando el incidente de Amuay y que no le corresponde pronunciarse sobre los resultados de esa investigación.
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.