CARACAS, (EFE).- Un año después de la explosión en la refinería de Amuay, en el noroeste de Venezuela, las causas del peor accidente de la historia petrolera reciente venezolana aún no se conocen oficialmente, la seguridad de esa industria está en entredicho y el Gobierno insiste en que fue un sabotaje.

La explosión, comparada por el fallecido presidente Hugo Chávez con la caída de una bomba atómica, se debió según las primeras hipótesis manejadas por el Gobierno a una fuga de gas y dejó un saldo preliminar de 42 muertos, 8 desaparecidos, más de un centenar de heridos y millonarios destrozos en casas y comercios cercanos.

Sin embargo, al cumplirse un año aún no hay un número definitivo de víctimas y los sindicatos se encuentran a la espera de un informe oficial que explique las causas de la explosión, que tiñó de rojo el cielo de la ciudad de Punto Fijo en plena madrugada del 25 de agosto del año pasado.

«Fue producto de un sabotaje, así de sencillo, las pruebas se mostrarán en los próximos días», señaló ayer el presidente venezolano, Nicolás Maduro, insistiendo en una tesis que empezó a sugerir hace dos meses responsabilizando del accidente a la oposición.

La oposición ha contraatacado diciendo en un voluminoso informe dado a conocer esta semana que la explosión se debió a una «negligencia gerencial» derivada de la falta de inversión y mantenimiento.

En el medio, los sindicatos y algunos expertos de la industria denuncian que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) no cumple con las inversiones necesarias para que Amuay, una de las refinerías más grandes del mundo con una capacidad de refinación de 645.000 barriles diarios, recupere plenamente sus operaciones.

Para Jean Paul Leidenz, investigador del Centro de Energía del venezolano Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), ha sido escasa la información de PDVSA sobre Amuay, una refinería que cubre el 67 % de la demanda interna de combustibles.

«Uno de los problemas que hay con el tema de Amuay es que no se ha publicado mucha información oficial», dijo Leidenz a Efe.

Los contrapuntos entre los expertos y el gigante estatal se extienden al nivel de operaciones de la refinería, que forma parte del Centro Refinador de Paraguaná (CRP), uno de los mayores del mundo.

Leidenz sostuvo que Amuay está operando en torno a un 75 % de su capacidad, mientras que PDVSA ha dicho que el CRP se encuentra 100 % operativo y ha defendido el nivel de inversiones ejecutado.

La explosión, que dejó en llamas nueve depósitos de combustible en el patio de tanques de Amuay, puso en alerta también a la industria sobre los niveles de seguridad al interior de las refinerías.

La Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUTEG) ha reportado 20 incidentes en los tres centros refinadores de Venezuela en lo que va del año, entre explosiones de hornos, paradas de emergencia e incendios, mientras que la diputada opositora María Corina Machado sostuvo que desde Amuay el número de accidentes llega a 38.

Las cifras más actuales de PDVSA, correspondientes al año 2012, señalan que la frecuencia neta de incidentes, un indicador sobre la accidentabilidad de la industria que mide la cantidad de lesiones que afectan las operaciones, creció un 3 % frente al 2011.

El ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, ha rechazado desde el mismo momento del accidente que la falta de mantenimiento hubiera sido «de ninguna manera» la causa de la explosión, asegurando que PDVSA invirtió 6.000 millones de dólares en el mantenimiento de sus refinerías entre 2009 y 2012.

Para el consultor en materia energética Enrique Guinand, recientes accidentes evidencian que «los problemas de mantenimiento de las refinerías persisten».

«El CRP no ha recuperado la capacidad operativa completa que tenía antes del accidente. La otra evidencia de los problemas operativos son los volúmenes de importaciones de aditivos para gasolina y de combustibles en general», dijo Guinand a Efe.

Los accidentes han dejado al desnudo además los problemas en la capacidad de refinación de PDVSA, cuyos volúmenes de petróleo procesado cayeron un 5,9 % en el 2012 frente al 2011, acompañados por un descenso del 3 % en la producción petrolera, de acuerdo con su balance financiero del año pasado.

La propia PDVSA reconoció en su balance financiero que «entre los días del siniestro (de Amuay) y la restitución de las operaciones» se realizaron importaciones de aditivos para combustibles por 1.572 millones de dólares, aunque la empresa niega que el país esté importando gasolina terminada.

Los sindicatos denuncian que el incidente en la mayor refinería de América no fue un hecho aislado y afirman que desde entonces «siguen sucediendo los mismos problemas que ocasionaron la tragedia».

«Sigue la misma situación, si acaso no se ha acrecentado, todas las semanas hay por lo menos dos eventos, entre incendios, fugas, fallas en los equipos», dijo a Efe el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Iván Freites.

PDVSA ha dicho que organismos como la Fiscalía General se encuentran investigando el incidente de Amuay y que no le corresponde pronunciarse sobre los resultados de esa investigación.