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Abandono defensa de imputado del Caso Nido constituye una desconsideración a las víctimas
Santo Domingo.- Considerada como una desconsideracion hacia las víctimas del caso Nido y una burla al proceso penal, estimó el Ministerio Público la asegurada renuncia colectiva de los abogados de la defensa del imputado Emmanuel Rivera Ledesma, sobre todo luego de que el órgano persecutor del crimen y el delito tener dos meses de presentacion de pruebas.
La procuradora de corte Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas Toledo deploraron la conducta asumida por los encartados a través de sus defensas técnicas, quienes abandonaron el proceso cuando se acercaba su término.
“Estamos indignados por el comportamiento que han mostrado los imputados a través de sus defensas técnicas que en el día de hoy se destaparon con una renuncia colectiva”, dijo Sánchez.
Indicó que, si bien una de las defensoras alegó que abandonaba el proceso para atender su estado de gestación, la otra defensa, “perteneciente al bufete Fortiori Consultores Legales, también, renunció, sin presentar excusa alguna”.
Indicó que esta conducta provoca la ruptura del principio de inmediación, luego de que el Ministerio Público agotara más de dos meses de desahogo de pruebas, encontrándose ya en la fase final de incorporación de estas y próximo al discurso de cierre y al pedimento de las condenas en un plazo razonable.
“Han mostrado el imputado y su defensa una desconsideración y una burla hacia el proceso, hacia las víctimas y hacia la misma sociedad”, puntualizó.
Lamentó, además, el impacto humano y económico que esta conducta procesal tiene sobre las víctimas. “Con esta decisión, han revictimizado a las víctimas, ya que las mismas han tenido que incurrir en pagos de vuelos y pagos de abogados para estar presentes durante el proceso”, señaló.
Tras la renuncia de la defensa, los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Méndez Batista, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaron ayer martes la audiencia hasta el 9 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que el procesado Rivera Ledesma deberá tener apoderado un nuevo abogado para el proceso que cursa en su contra o agotará el procedimiento para que sea representado por la Defensoría Pública.
Además de Emmanuel Rivera Ledesma, son acusados en el proceso Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López, así como las entidades comerciales Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos (Indisarq) SRL y CRD Equipos Pesados SRL, quienes fueron enviados a juicio en mayo de este año.
Tras el inicio del juicio de fondo, el órgano acusador culminó, el pasado 29 de agosto, la lectura de la acusación presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público junto a la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de múltiples aplazamientos, dando paso a la reproducción de pruebas.
El documento detalla cómo, junto a las referidas empresas, conformaron una estructura delictiva dedicada a estafar a cientos de personas, en el país y en el extranjero, mediante la oferta de supuestos proyectos inmobiliarios.
De acuerdo con la acusación, los imputados captaban a las víctimas con promesas de entrega de apartamentos y locales comerciales que nunca se materializaron, a pesar de que estas entregaron sumas millonarias de dinero.
Los fondos eran depositados en cuentas bancarias vinculadas a las compañías del entramado y a algunos de los imputados, y, posteriormente, dilapidados, sin que a la fecha las víctimas hayan recibido las unidades inmobiliarias adquiridas.
El Ministerio Público sostiene que, como consecuencia de este esquema fraudulento, las víctimas sufrieron graves daños económicos y emocionales, y que el monto aproximado de la estafa asciende a más de RD$235 millones y más de US$10 millones, sumas que deben ser resarcidas en favor de las víctimas de este proceso.
Los imputados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal dominicano.
La investigación arrojó que la red criminal utilizaba las empresas Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL como instrumentos para ejecutar los fraudes, ofertando propiedades inexistentes en supuestos proyectos inmobiliarios.
La red fue desmantelada tras 25 allanamientos llevados a cabo en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se incautaron múltiples propiedades y bienes pertenecientes a los acusados, quienes, según el expediente, llevaban un estilo de vida lujoso financiado con los fondos obtenidos de las víctimas.
Entre las pruebas recolectadas, el Ministerio Público indicó que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba el nombre de figuras públicas conocidas para ganar la confianza de las víctimas, sin ningún vínculo real con dichas personalidades.
Asimismo, tras el inicio de las investigaciones, intentó disuadir a las víctimas de presentar o mantener las querellas en su contra, firmando nuevos contratos fraudulentos con el objetivo de evitar enfrentar cargos legales y obstruir el proceso judicial.
Nacionales
El problema de R.D. no es sólo del gobernante, sino tambien del gobernado, porque unos y otros propician la violacion de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Desde hace mucho tiempo que en el pais se advierte que el problema no es sólo de los gobernantes, sino tambien de los goernados, cuya expresion de esa realidad es la decisión de los representantes legales de las familias Reyes y Mota, quienes formalizaron un desistimiento de la acción penal contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el abogado Ángel Lockward, implicados en el caso Calamar, lo cual se convierte en una causal para que la justicia no cumpla con su papel frente a grandes estafas en contra del Estado.
Los representantes legales de los querellantes explicaron que, tras una revisión exhaustiva de las pruebas y la documentación del expediente, determinaron que los pagos cuestionados se realizaron conforme a la ley y que no existen fundamentos que comprometan la responsabilidad penal de los imputados.
Durante la fase de réplica, los abogados de ambas familias explicaron al tribunal que los compromisos financieros vinculados al expediente fueron cumplidos de manera correcta y transparente.
Según sus declaraciones, las operaciones bajo análisis no constituyeron irregularidades, lo que motivó el retiro inmediato de la querella.
Cabe destacar que este nuevo desistimiento se suma a una tendencia creciente en el proceso, donde decenas de querellantes originales han optado por retirar sus acciones tras validar la legitimidad de las transacciones.
Al respecto, la abogada María del Pilar Zuleta, parte de la defensa técnica de Donald Guerrero, señaló que estas decisiones de las familias evidencian “profundas debilidades” en la acusación presentada por el órgano persecutor.
La audiencia continuó con la participación de las demás partes procesales, mientras el tribunal sigue conociendo las réplicas y argumentos presentados por los distintos actores involucrados en esta etapa preliminar del proceso judicial.
El ministerio público le imputa en el presunto entramado de corrupción, desmantelado a través de la operación Calamar. El proceso involucra también a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
SANTO DOMINGO.- Este lunes continúa el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento colapsado, la cual parece no avanzar por razones que se desconocen, pero que se sospechan.
El caso está a cargo del juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fijó esta fecha para iniciar la etapa preliminar del proceso tras aplazar la audiencia anterior para garantizar los plazos procesales y notificar a las partes involucradas.
Durante la audiencia, se evaluarán las pruebas y argumentos presentados por el Ministerio Público contra los hermanos Espaillat, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con homicidio involuntario.
Según el Ministerio Público, el caso cuenta con 346 víctimas y querellantes.
La tragedia del Jet Set fue uno de los peores desastres no naturales en la historia de la República Dominicana. Ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025 cuando se desplomó el techo de esta discoteca, ubicada en el barrio El Portal, de Santo Domingo, durante un concierto de merengue.
El establecimiento estaba lleno, con más de 500 personas. En ese momento se presentaba el cantante Rubby Pérez. Alrededor de las 12:44 a. m. el techo colapsó de forma repentina y cayeron concreto y estructuras metálicas sobre la pista de baile y el escenario. 236 personas murieron. y más de 180 resultaron heridas.
Entre los fallecidos estuvieron figuras conocidas como el propio Rubby Pérez y el pelotero Octavio Dotel.
La causa exacta estuvo bajo investigación, pero se mencionaron factores como: Problemas estructurales del techo, Peso de equipos pesados instalados arriba, Reparaciones recientes y filtraciones de agua.
Después del desastre, el dueño del club Antonio Espaillat y otras personas enfrentaron investigaciones y procesos judiciales por presunta negligencia. Ha habido emandas y debates sobre seguridad de edificios y regulación de locales públicos.
El país declaró días de duelo nacional.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, destacó el sábado que el Ministerio Público avanza en la tecnificación de todos sus procesos, con el objetivo de estandarizar la calidad de los servicios y facilitar la respuesta oportuna a la ciudadanía y en ese sentido iniciará un Nuevo Modelo de Procesamiento de Escena de Crimen en coordinación con la Policía Nacional.
“Nosotros no queremos plan piloto; nosotros queremos entrar al cien por ciento en todos los distritos judiciales a operar. No es ni siquiera para parecer más modernos, es para facilitarles a los ciudadanos la posibilidad de obtener una decisión de manera oportuna y de calidad”, dijo.
En la capacitación, impartida a través del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), participan integrantes del Ministerio Público a nivel nacional. Durante su exposición, la procuradora general reiteró que del trabajo de los fiscales depende la vida y la calidad de las personas, sus derechos y sus bienes.
En la actividad educativa, realizada en la sede de la Procuraduría General de la República, participó el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional, y Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Además, la rectora del IES-ENMP, Marien Montero Beard; el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Isaura Suárez, responsable de la Dirección Carrera del Ministerio Público.
Asimismo, el director de la Policía Científica de la Policía Nacional, coronel Fulvio Emilio Grullón Penso, y la directora general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Sonia Lebrón.
Al referirse a las acciones impulsadas para garantizar un servicio de calidad a la población, la procuradora general pidió a los miembros del Ministerio Público trabajar siempre para una mayor eficiencia. “Les pido a cada uno de ustedes que cuando se levanten le pongan toda la pasión, toda la energía, toda la dedicación a lo que ustedes hacen; porque ese trabajo, lo vale, por mucho lo vale, y piensen que de cada acción nuestra puede depender la vida y la calidad de vida de una persona”.
Valoró la disposición de la Policía Nacional a garantizar que sus actas de inspección de la escena del crimen puedan ser entregadas a los fiscales por la vía digital, así como al Poder Judicial por su plataforma para tramitar todas las órdenes e instancias que se puedan depositar.
Yeni Berenice explicó que el Ministerio Público ha establecido la necesidad de un nuevo modelo de procesamiento de la escena el crimen. En ese orden, enfatizó en que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene que tecnificarse y tiene que transformarse. “Hemos dicho y reiterado que vamos a tener el Instituto de Ciencias Forenses más moderno de Iberoamérica, el más tecnificado”, reiteró.
Destacó que el Ministerio Público se encuentra desarrollando la planificación para las edificaciones de la construcción del Inacif central en Santo Domingo Este y en Santiago, en la avenida 27 de Febrero.
Recordó que a partir de abril los miembros del Ministerio Público comenzarán a utilizar los chalecos antibalas y las cámaras digitales por instrucción general.
“Las cámaras corporales que ustedes van a conocer hoy sus propiedades y que ya están en manos del Ministerio Público, son cámaras de última generación, lo mejor que hay en el mercado y que tiene que ver con la necesidad de aquellas actuaciones con inspecciones en el lugar del hecho”, detalló.
En la apertura del programa participaron miembros del Consejo Superior del Ministerio Público y del Consejo Académico del IES-ENMP, procuradores generales de Corte de Apelación, fiscales titulares, directores de las procuradurías especializadas y miembros de los cuerpos castrenses.