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Abandono defensa de imputado del Caso Nido constituye una desconsideración a las víctimas
Santo Domingo.- Considerada como una desconsideracion hacia las víctimas del caso Nido y una burla al proceso penal, estimó el Ministerio Público la asegurada renuncia colectiva de los abogados de la defensa del imputado Emmanuel Rivera Ledesma, sobre todo luego de que el órgano persecutor del crimen y el delito tener dos meses de presentacion de pruebas.
La procuradora de corte Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas Toledo deploraron la conducta asumida por los encartados a través de sus defensas técnicas, quienes abandonaron el proceso cuando se acercaba su término.
“Estamos indignados por el comportamiento que han mostrado los imputados a través de sus defensas técnicas que en el día de hoy se destaparon con una renuncia colectiva”, dijo Sánchez.
Indicó que, si bien una de las defensoras alegó que abandonaba el proceso para atender su estado de gestación, la otra defensa, “perteneciente al bufete Fortiori Consultores Legales, también, renunció, sin presentar excusa alguna”.
Indicó que esta conducta provoca la ruptura del principio de inmediación, luego de que el Ministerio Público agotara más de dos meses de desahogo de pruebas, encontrándose ya en la fase final de incorporación de estas y próximo al discurso de cierre y al pedimento de las condenas en un plazo razonable.
“Han mostrado el imputado y su defensa una desconsideración y una burla hacia el proceso, hacia las víctimas y hacia la misma sociedad”, puntualizó.
Lamentó, además, el impacto humano y económico que esta conducta procesal tiene sobre las víctimas. “Con esta decisión, han revictimizado a las víctimas, ya que las mismas han tenido que incurrir en pagos de vuelos y pagos de abogados para estar presentes durante el proceso”, señaló.
Tras la renuncia de la defensa, los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Méndez Batista, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaron ayer martes la audiencia hasta el 9 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que el procesado Rivera Ledesma deberá tener apoderado un nuevo abogado para el proceso que cursa en su contra o agotará el procedimiento para que sea representado por la Defensoría Pública.
Además de Emmanuel Rivera Ledesma, son acusados en el proceso Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López, así como las entidades comerciales Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos (Indisarq) SRL y CRD Equipos Pesados SRL, quienes fueron enviados a juicio en mayo de este año.
Tras el inicio del juicio de fondo, el órgano acusador culminó, el pasado 29 de agosto, la lectura de la acusación presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público junto a la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de múltiples aplazamientos, dando paso a la reproducción de pruebas.
El documento detalla cómo, junto a las referidas empresas, conformaron una estructura delictiva dedicada a estafar a cientos de personas, en el país y en el extranjero, mediante la oferta de supuestos proyectos inmobiliarios.
De acuerdo con la acusación, los imputados captaban a las víctimas con promesas de entrega de apartamentos y locales comerciales que nunca se materializaron, a pesar de que estas entregaron sumas millonarias de dinero.
Los fondos eran depositados en cuentas bancarias vinculadas a las compañías del entramado y a algunos de los imputados, y, posteriormente, dilapidados, sin que a la fecha las víctimas hayan recibido las unidades inmobiliarias adquiridas.
El Ministerio Público sostiene que, como consecuencia de este esquema fraudulento, las víctimas sufrieron graves daños económicos y emocionales, y que el monto aproximado de la estafa asciende a más de RD$235 millones y más de US$10 millones, sumas que deben ser resarcidas en favor de las víctimas de este proceso.
Los imputados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal dominicano.
La investigación arrojó que la red criminal utilizaba las empresas Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL como instrumentos para ejecutar los fraudes, ofertando propiedades inexistentes en supuestos proyectos inmobiliarios.
La red fue desmantelada tras 25 allanamientos llevados a cabo en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se incautaron múltiples propiedades y bienes pertenecientes a los acusados, quienes, según el expediente, llevaban un estilo de vida lujoso financiado con los fondos obtenidos de las víctimas.
Entre las pruebas recolectadas, el Ministerio Público indicó que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba el nombre de figuras públicas conocidas para ganar la confianza de las víctimas, sin ningún vínculo real con dichas personalidades.
Asimismo, tras el inicio de las investigaciones, intentó disuadir a las víctimas de presentar o mantener las querellas en su contra, firmando nuevos contratos fraudulentos con el objetivo de evitar enfrentar cargos legales y obstruir el proceso judicial.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.