Nacionales
Abandono defensa de imputado del Caso Nido constituye una desconsideración a las víctimas
Santo Domingo.- Considerada como una desconsideracion hacia las víctimas del caso Nido y una burla al proceso penal, estimó el Ministerio Público la asegurada renuncia colectiva de los abogados de la defensa del imputado Emmanuel Rivera Ledesma, sobre todo luego de que el órgano persecutor del crimen y el delito tener dos meses de presentacion de pruebas.
La procuradora de corte Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas Toledo deploraron la conducta asumida por los encartados a través de sus defensas técnicas, quienes abandonaron el proceso cuando se acercaba su término.
“Estamos indignados por el comportamiento que han mostrado los imputados a través de sus defensas técnicas que en el día de hoy se destaparon con una renuncia colectiva”, dijo Sánchez.
Indicó que, si bien una de las defensoras alegó que abandonaba el proceso para atender su estado de gestación, la otra defensa, “perteneciente al bufete Fortiori Consultores Legales, también, renunció, sin presentar excusa alguna”.
Indicó que esta conducta provoca la ruptura del principio de inmediación, luego de que el Ministerio Público agotara más de dos meses de desahogo de pruebas, encontrándose ya en la fase final de incorporación de estas y próximo al discurso de cierre y al pedimento de las condenas en un plazo razonable.
“Han mostrado el imputado y su defensa una desconsideración y una burla hacia el proceso, hacia las víctimas y hacia la misma sociedad”, puntualizó.
Lamentó, además, el impacto humano y económico que esta conducta procesal tiene sobre las víctimas. “Con esta decisión, han revictimizado a las víctimas, ya que las mismas han tenido que incurrir en pagos de vuelos y pagos de abogados para estar presentes durante el proceso”, señaló.
Tras la renuncia de la defensa, los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Méndez Batista, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaron ayer martes la audiencia hasta el 9 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que el procesado Rivera Ledesma deberá tener apoderado un nuevo abogado para el proceso que cursa en su contra o agotará el procedimiento para que sea representado por la Defensoría Pública.
Además de Emmanuel Rivera Ledesma, son acusados en el proceso Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López, así como las entidades comerciales Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos (Indisarq) SRL y CRD Equipos Pesados SRL, quienes fueron enviados a juicio en mayo de este año.
Tras el inicio del juicio de fondo, el órgano acusador culminó, el pasado 29 de agosto, la lectura de la acusación presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público junto a la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de múltiples aplazamientos, dando paso a la reproducción de pruebas.
El documento detalla cómo, junto a las referidas empresas, conformaron una estructura delictiva dedicada a estafar a cientos de personas, en el país y en el extranjero, mediante la oferta de supuestos proyectos inmobiliarios.
De acuerdo con la acusación, los imputados captaban a las víctimas con promesas de entrega de apartamentos y locales comerciales que nunca se materializaron, a pesar de que estas entregaron sumas millonarias de dinero.
Los fondos eran depositados en cuentas bancarias vinculadas a las compañías del entramado y a algunos de los imputados, y, posteriormente, dilapidados, sin que a la fecha las víctimas hayan recibido las unidades inmobiliarias adquiridas.
El Ministerio Público sostiene que, como consecuencia de este esquema fraudulento, las víctimas sufrieron graves daños económicos y emocionales, y que el monto aproximado de la estafa asciende a más de RD$235 millones y más de US$10 millones, sumas que deben ser resarcidas en favor de las víctimas de este proceso.
Los imputados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal dominicano.
La investigación arrojó que la red criminal utilizaba las empresas Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL como instrumentos para ejecutar los fraudes, ofertando propiedades inexistentes en supuestos proyectos inmobiliarios.
La red fue desmantelada tras 25 allanamientos llevados a cabo en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se incautaron múltiples propiedades y bienes pertenecientes a los acusados, quienes, según el expediente, llevaban un estilo de vida lujoso financiado con los fondos obtenidos de las víctimas.
Entre las pruebas recolectadas, el Ministerio Público indicó que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba el nombre de figuras públicas conocidas para ganar la confianza de las víctimas, sin ningún vínculo real con dichas personalidades.
Asimismo, tras el inicio de las investigaciones, intentó disuadir a las víctimas de presentar o mantener las querellas en su contra, firmando nuevos contratos fraudulentos con el objetivo de evitar enfrentar cargos legales y obstruir el proceso judicial.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general Jean Alain Rodríguez retornó al país este domingo desde España, país donde se le autorizó viajar para que se realizara estudios médicos. La información fue dada a conocer por su defensa y luego confirmada por el Ministerio Público.
Los abogados de Rodríguez manifestaron que su regreso al país en las condiciones autorizadas por el tribunal, «confirma, una vez más, su conducta procesal de respeto absoluto a la justicia» y desmienten una supuesta intención de «fuga».
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio de fondo contra el exfuncionario, le autorizó viajar a Madrid, España, para que se haga las evaluaciones médicas, desde el miércoles 22 de abril, en horas de la tarde, hasta este domingo 26 de abril.
La presidenta del tribunal, Claribel Nivar, argumentó en la audiencia, el mismo miércoles, que el viaje «no trastorna el curso» del juicio de fondo que se le sigue al exfuncionario«, que se conoce los lunes y miércoles.
Se recuerda que en Madrid, España, se encuentra el principal delator del caso de presunto dolo del dinero del Estado, Rafael Stefano Canó Sacco, país donde huyó antes de darse a conocer el proceso de corrupción.
- «El señor Jean Alain Rodríguez mantiene su arraigo completo en el país y ha permanecido a disposición de la justicia en todo momento. Finalmente, se reafirma que el señor Jean Alain Rodríguez seguirá compareciendo ante el tribunal con la misma disposición y transparencia que ha caracterizado su conducta», afirma su defensa en un documento de prensa.
Continuará con sus incidentes
El consejo de defensa de Rodríguez, encabezado por Carlos Balcácer y Nelys Rivas, reiteró en la misma comunicación de prensa en donde informan su retorno de España, que este lunes 27 de abril continuarán presentando las solicitudes y planteamientos de nulidad sustentados en múltiples violaciones y fraudes procesales que han manchado el proceso contra su cliente.
Nacionales
El caso Intrant, con Hugo Beras y Jochi Gómez como protagonistas, ya espera por decisión de jueza
Santo Domingo, R.D.-Tras escuchar la comparecencia de varios de los imputados, la noche del viernes culminó la audiencia preliminar contra Hugo Beras, Jochi Gómez y demás implicados en el presunto fraude al Estado mediante la adjudicación e instalación de una red semafórica y se decidirá si el caso irá a juicio a fondo.
Esa decisión está en manos de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien se reservó el fallo para el próximo martes cinco de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público aseguró que el caso cuenta con “los presupuestos necesarios” para que el mismo pase a la etapa de juicio de fondo, indicando que durante la fase preliminar se “probó” con “pruebas contundentes” la acusación por corrupción administrativa presentada en contra de los acusados.
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones a cargo de Hugo Beras, Gómez Canaán y de todos y cada uno de los imputado e indicó que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones que han hecho los comentarios de que ya la licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de materializarse el proceso mismo de licitación.
Resaltó que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.
los imputados
Al hablar ante el tribunal, Jochi Gómez indicó que es “absurdo” que se le acuse de fraude indicando que el dinero que recibió desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mediante la adjudicación, fue “mucho menor” a la cantidad total invertida por la empresa para la adquisición de los equipos.
“Éramos nosotros quienes invertíamos todo; es decir, el personal, la tecnología, los locales, las unidades móviles, los simuladores y el Estado no invertía nada; lo cual fue reconocido por el Intrant y más aún, nunca dejamos de prestar el servicio; no obstante, nos someten y nos quedan debiendo más de 700 millones de pesos y quizás se pregunte, porqué continuar prestando el servicio pese a la deuda requerida, porque nuestro único cliente es el Estado Dominicano y no deseábamos que se viera afectado dicho servicio público”, argumentó Gómez.
“Yo estoy seguro que ustedes se preguntan cómo llegó este joven empresario, con aparente inteligencia, a esta situación y yo se lo voy a decir: porque querían quedarse con lo mío y no me doblegué, ni se lo permití; por eso, solo les quedó la opción de utilizar a este Ministerio Público para perseguirme, aunque se caiga la acusación en el juicio preliminar”, manifestó Gómez.
Mientras, que la defensa del exdirector del Intrant, Hugo Beras, indicó que el Ministerio Público no respondió ninguno de los argumentos presentados a favor de su cliente.
La acusación
El Ministerio Público acusa a los implicados de corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Las autoridades señalan que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Por su participación en el mismo también están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Nacionales
Se suicida en la cárcel el exteniente coronel Hans W. Lluberes condenado a 30 años por narcotráfico
Santo Domingo, R.D.-El exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, condenado a pasada semana a 3o años de prisión, por narcotráfico, se quitó la vida en la cárcel de San Luis, la noche del sábado.
De acuerdo con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche.
Según informó Roberto Hernández Basilio, director de la DGSPC, el interno dejó una nota y su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines de autopsia.
Contexto de la condena
Antecedentes del caso
La investigación determinó que el exoficial coordinaba una estructura criminal integrada por dominicanos y venezolanos. Los hechos se remontan al 17 de marzo de 2015, cuando las autoridades interceptaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) una aeronave procedente de Venezuela con 450 paquetes de droga.
Otros condenados en la red
Por este caso, la aeronave era pilotada por los venezolanos Edmundo José Medina Torrealba y Francisco Javier Velasco Tory, quienes también recibieron condenas de 30 años. Otros tres ciudadanos venezolanos que figuraban como pasajeros fueron sentenciados a cinco años de cárcel cada uno.
18 años de prisión: Para Francisco Javier de Paula Mena, empleado de la empresa SERVAIR.
El grupo fue hallado culpable de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.