Análisis Noticiosos
Abaratar el alto costo de la política y promover equidad y democracia
Los líderes políticos, sobre todos los gobernantes, siguen bailoteando las reformas electorales, cuyos objetivos fundamentales hace un cuarto de siglo que fueron identificados, y hasta objeto de repetidos consensos e introducciones al Congreso
Por Juan Bolívar Díaz
A pesar de múltiples esfuerzos una comisión bicameral, que parece bien empeñada, fracasó en su propósito de aprobar el proyecto de Ley de Partidos antes que concluyera la primera legislatura del 2017, lo que mantiene incertidumbres sobre el del Régimen Electoral, mucho más extenso y conflictivo.
Las cúpulas partidarias, especialmente la gobernante, siguen evadiendo las reformas del sistema político y electoral, aún con la presión de la indignación popular que demanda el fin de la corrupción y la impunidad, para lo cual será necesaria una profunda reforma política e institucional.
Se quedó la Ley de Partidos
De nuevo concluyó una legislatura sin que se aprobara el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, y ya nadie sabe cuántas han pasado desde la primera vez que fue sometido al Congreso en el 2001, aunque esta vez contó con el apoyo diligente del presidente de la comisión bicameral que busca consensuarlo, el senador Arístides Victoria.
La comisión, integrada por representantes de los diversos bloques partidarios, se había propuesto aprobar el proyecto de Ley de Partidos en la legislatura que concluyó el 26 de julio. Después de haber logrado consenso en 74 de los 77 artículos del proyecto, quedaron empantanados en los referentes a las elecciones primarias, el tope de financiamiento y gastos y la participación de la mujer en las candidaturas y los cargos directivos de los partidos.
Para no dejar dudas sobre dónde radican los obstáculos, aún después de concluida la legislatura, los comisionados se han dedicado a visitar a los líderes de los partidos buscando que bajen instrucciones, diligencia que ya hicieron con el gobernante PLD, con el Reformista Social Cristiano y con el bloque de partidos emergentes Tienen pendiente ser recibidos por el presidente Danilo Medina, el PRM y al PRD.
Primarias simultáneas o no
Uno de los desacuerdos más pregonados durante años ha sido en torno a si las elecciones primarias, para escoger candidatos, se realizan simultáneamente y con el padrón nacional de la Junta Central Electoral (JCE) o con el padrón partidario y en la fecha que escoja cada partido. Hay quienes creen que ese desacuerdo oculta la renuncia de las cúpulas a establecer un orden democrático que reduciría su poder casi omnímodo.
La diferencia podría haber sido salvada dejando a opción de cada partido el sistema a adoptar, con la condición de que si es con el padrón propio, éste tenga que ser depositado ante la JCE siquiera con 3 meses de anticipación. Según adelantó Victoria, la mayoría de los partidos prefieren la elección primaria simultánea, con el padrón de la JCE y que esta cargue con la organización y procesamiento de las votaciones, lo que pudiera en devenir en fuente de conflictos, pues tendrían que escrutar al mismo tiempo los votos recibidos por miles de precandidatos a los cargos, que en la municipal serán unos 3,800 por partido.
Más renuencia parece haber sobre el establecimiento de topes de gastos por candidaturas, como mecanismo para reducir el poder del dinero, a menudo de origen corrupto estatal o de lavado privado, en las posibilidades de elección.
La demanda de legisladoras porque se imponga la paridad de género en las candidaturas y la dirección de los partidos es la otra fuente de discordia. Parece exagerada si se tiene en cuenta que nunca se ha cumplido a cabalidad la cuota de candidaturas de la mujer, ni cuando era del 25 por ciento y menos al subirse al 33 por ciento. La transacción podría ser elevarla al 40 por ciento, promoviendo la equidad sin imponer una igualdad que no existe en la actividad política,. y extendiéndola por primera vez a los cargos directivos.
Del Régimen Electoral
Más difícil será el abordaje del proyecto de ley del Régimen Electoral, más extenso y conflictivo, pues ya no se trataría de regular los procesos electorales de dirigentes y candidatos, y garantizar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos, sino la competencia por el poder del Estado.
El proyecto de la JCE para la Ley de Partidos recoge gran parte de las demandas que han sido objeto de numerosos consensos desde el patrocinado por la Fundación Siglo 21 en 1992-93, y aún así lleva unos 17 años dando vuelta en el Congreso. El del Régimen Electoral presentado por el mismo organismo, data del 2011 y es más limitado, por lo cual ha recibido múltiples adiciones de los partidos y de las instituciones de la sociedad civil interesadas en la materia, como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y otras.
Este segundo proyecto, que sería abordado por la comisión bicameral cuando alcance consenso sobre el primero, implicará una mayor voluntad del liderazgo político por privilegiar el interés nacional, sobre el partidario, siendo mayor el desafío para el PLD que ahora controla casi todo el poder estatal, como nunca antes en la todavía incipiente democracia nacional. El PRD tuvo mayoría relativa en la Cámara de Diputados y absoluta en el Senado en el período 1998-06, pero no hizo esfuerzos suficientes por la ley de Partidos y menos para las reformas político-electorales integrales.
Con la presión adicional de la Marcha Verde todo el sistema político está desafiado a reformas que contribuyan a cerrar el camino de la corrupción y la impunidad, que comienza en las campañas electorales e incluye el rentismo empresarial y el clientelismo popular, los abusos de los poderes del Estado y la utilización de dinero proveniente del Estado y del lavado de activos, incluyendo el narcotráfico.
Bajar el costo a la política
El primer objetivo de la ley del Régimen Electoral debería ser la rebaja del altísimo costo de la política en el país, que debe comenzar con la estricta reducción de las campañas internas y generales a no más de tres meses, con sanciones al que se adelante a realizar actividades de propaganda o abierta promoción de candidaturas, topes de gastos para los partidos, precandidatos o candidatos, con límites y transparencia de los aportes privados y estricta rendición de cuentas, especialmente del financiamiento estatal. Incluye también restringir las campañas a la jurisdicción de la candidatura, nacional, provincial o municipal.
Otro renglón fundamental es la restricción al abuso de los poderes del Estado, comenzando por prohibir absolutamente los desbordamientos del gasto público y el incremento del gasto social en los años de elecciones, así como de la nómina estatal, incluyendo las contrataciones temporales, y de la publicidad estatal, que siempre debe limitarse a lo institucional, educativo y legal. Se agrega la prohibición de inauguraciones y anuncios de nuevas obras en el período de campaña electoral, y la licencia automática de todo funcionario del Estado que se convierta en candidato o responsable de campañas electorales.
Al bajar el costo de la política se promueve la equidad entre los partidos con grandes recursos y los emergentes, y se facilita que personas honorables, sin patrocinios de la corrupción estatal, del rentismo empresarial o el lavado de activos, puedan competir por los cargos electivos, saneando la actividad política y la gestión pública.
Reafirmar la democracia
La reforma que se ha reclamado durante un cuarto de siglo es para reafirmar la institucionalidad democrática, que comienza por la elección de las autoridades y los representantes, garantizando que se pueda votar separados por diputados y senador y por regidores y alcalde. Implica más equitativa distribución del financiamiento estatal, y sanción de los delitos electorales, como la compra de votos, el despojo o alquiler de cédulas, y la coerción a los empleados estatales y a los ciudadanos más vulnerables.
Conlleva también la profesionalización de los órganos de gerencia y arbitraje electoral, creando mecanismos para control del financiamiento y persecución de los delitos electorales, con sanciones suficientemente disuasorias como cancelación de candidaturas o congelación del financiamiento público.
La JCE debe ser convertida en un real organismo colegiado, que no sea exclusivo de los abogados, puesto que ya no es un tribunal, y de concertación con los partidos que compiten. Y el Tribunal Superior Electoral debería ser un órgano adscrito a la carrera judicial, sin reparto ni apropiación partidista.-
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Principales objetivos de las reformas electorales
*Abaratar el costo de la política dominicana
* Reducir los altos niveles de rentismo y clientelismo
* Transparentar el financiamiento y obligar a rendir cuentas
* Rescatar el sistema político de la descomposición
* Controlar los abusos del poder y los recursos estatales
* Garantizar la democracia interna en los partidos
* Sistematizar la equidad entre los partidos y candidatos
* Promover equidad de género en la dirección y las candidaturas
* Ampliar el derecho ciudadano a elegir diputados y regidores sin arrastre
* Garantizar independencia de la gerencia y el arbitraje electoral
* Prevenir los delitos electorales y sancionarlos con fuerza disuasoria
* Ampliar la representación de las minorías en los comicios
* Dotar a la JCE de instrumentos eficaces para fiscalizar los partidos
* Viabilizar la participación social en la fiscalización de los partidos
* Mayor equidad en la distribución del financiamiento estatal
Análisis Noticiosos
Otro proceso que ojalá sirva para sentar precedentes en el país en materia de corrupción.
Por Elba García
La madrugada de este domingo la sociedad dominicana pudo observar el Operativo Calamar que buscó apresar a una serie de personajes del pasado gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Mediante unos 40 allanamientos el Ministerio Público arrestó a Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del PLD, Donald Guerrero, exministro de Hacienda, el exministro Administrativa de la Presidencia, José Ramon Peralta y el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, entre muchos otros.
Las acusaciones se conocen hace muchos meses y en consecuencia las detenciones es algo que se esperaba que ocurriera, lo que la gente se pregunta es por qué ahora y no antes y entonces de inmediato surge una respuesta que consiste en que si es porque se acerca la campaña electoral o porque el Gobierno del PRM y Luis Abinader no ha respondido el cuestionamiento de las adendas que ha autorizado el ministro de Obras Públicas, entre otros asuntos, aunque no se puede poner en duda la independencia del Ministerio Público.
Esa interrogante no es que les quite responsabilidad a los apresados por la comisión de una serie de actos de corrupción, lo que, naturalmente, justifica las acciones tomadas por el Ministerio Público durante la madrugada del pasado domingo, pero le quita cierta legitimidad por no dejar claras cuestiones de un personaje que no sólo es ministro de Obras Públicas, sino también jefe de campaña de la reelección de Abinader.
Estas importantes fichas peledeístas son acusadas de asociación de malhechores, desfalco, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, cuyas acciones del Ministerio Público luce que tiene una connotación política el caso denominado Calamar, porque se alega que el grupo es mucho más numeroso y que algo ha impedido que estén todos los que son y que ciertamente está vinculado al pago irregular de expropiaciones de inmuebles a través de Hacienda cuando era encabezada por Guerrero.
Los allanamientos durante el Operativo Calamar involucraron a 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo, evidentemente mucha espectacularidad.
Lo que mucha gente no entiende es por qué frente al involucramiento de gente del entorno tan cercano de Danilo Medina, lo cual compromete la responsabilidad del exmandatario, éste no ha sido llamado para que responda por todas las irregularidades que se señala ocurrieron durante su administración.
Es decir, este caso tiene una serie de aristas que deben ser tomadas en cuentas a la hora de evaluar el procedimiento y el momento en que se produce la persecución por actos de corrupción que vienen de hace varios años.
Entre los imputados hay otro personaje que crea mucho escepticismo y que cuando aparece en el escenario que se presenta ahora de inmediato genera también una serie de interrogantes, ya que tiene una fuerte vocación a verse involucrado en hechos de la misma naturaleza y se trata de Angel Lockward, quien luce ser una figura clave en la ocurrencia de los ilícitos.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, las acusaciones en contra de los apresados tienen tanto mérito que en agosto del 2022 la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de la instrucción, autorizó a la PEPCA a obtener informes financieros respecto a una investigación abierta contra Guerrero, otros exfuncionarios y particulares sobre procesos irregulares e ilegales de deuda pública para desfalcar el patrimonio del Estado.
Las maniobras fraudulentas se realizaron para sustraer más de 19 mil millones de pesos del patrimonio público provenientes de acuerdos transnacionales que fueron utilizados para pagos de expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y la simulación de compra y venta de terrenos sobre la base de supuestas deudas administrativas.
En estos casos el abogado Angel Lockwuard, especialista en derecho administrativa, parece haber jugado un papel clave en la comisión del desfalco en contra del Estado, quien sometió un recurso al Tribunal Superior Administrativo, el cual esta en fase de fallo, que persigue anular el informe presentado por auditores de la Contraloría General de la República sobre el pago de expropiaciones que sirvió de base para los apresamientos.
En ese informe de septiembre de 2021 de la Unidad Antifraude de Contraloría se establece que los investigados estafaron al Estado con más de 17,000 millones de pesos.
EE UU y un estudio de ‘Insight Crime’ sostienen que durante el mandato de Maduro se ha aumentado la producción en cultivos y laboratorios
Caracas.- Venezuela se habría convertido en los últimos años en un país productor de droga, después de décadas de ser un puente clave para el tráfico de sustancias ilegales. Así lo asegura el Gobierno de Estados Unidos y el portal Insight Crime, un monitor hemisférico que hace seguimiento al impacto del crimen organizado en la región. “En la era Maduro, el tráfico de drogas se ha atomizado con una proliferación de actores. La participación del país en la cadena global de suministro se ha expandido más allá del tránsito de drogas, con las primeras incursiones en la producción de cocaína”, dice la investigación. Caracas, habitualmente a través funcionarios militares, cuestiona el sesgo de estos informes.
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada colgó hace muy poco en sus redes sociales pruebas de varios operativos documentando la quema de cultivos de coca y amapola. “Se expulsará a todos aquellos que irrespeten nuestras leyes y ofendan la patria con sus infames vicios”, advierte la publicación.
En cualquier caso, el volumen de cultivo de hojas de coca en Venezuela, contabilizadas en cientos de hectáreas, es aún muy inferior al que existe en Colombia, el mayor productor del mundo con 200.000 hectáreas, o los países que le siguen, como Perú, con 20.000 hectáreas, o Bolivia, que tiene cerca de 10.000. Algunas fuentes apuntan a que, más que cultivos, lo que ha proliferado son los laboratorios de procesamiento, sobre todo en Estados llaneros, como Cojedes, o en la zona oriental del país.
“El narcotráfico ha cobrado importancia como un componente de las estrategias de Maduro para aferrarse al poder ante los embates sufridos por su Gobierno”, asegura Insight Crime. “Su objetivo no ha sido captar para sí mismo las riquezas del tráfico transnacional de cocaína, sino controlar y canalizar su flujo, usándolas como un mecanismo para premiar a los poderes políticos, militares y criminales que Maduro necesita para mantener el control del Gobierno”.
Se ha documentado la existencia de zonas de cultivo de marihuana, amapola y hoja de coca en las zonas fronterizas con Colombia: en la Sierra de Perijá, el sur del Lago de Maracaibo, el Estado Amazonas y en el Alto Apure. El abogado y criminólogo Luis Izquiel afirma que “hay zonas del departamento norte de Santander, el municipio de Tibú, en Colombia, donde el cultivo de drogas es de los mayores del mundo. Esa sobreexplotación ha permeado en Venezuela. Se están reclutando muchos emigrantes venezolanos necesitados como mano de obra por parte de grupos irregulares en las zonas de la frontera”.
El negocio y la gestión de la producción de droga local, antiguamente con mucha presencia colombiana, ha ido pasando a manos venezolanas, si bien parece indiscutible la presencia de las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia, en la protección y el fomento de muchas de estas actividades. Los efectos del Plan Colombia, junto a los acuerdos de paz, han producido un importante desplazamiento de efectivos colombianos a Venezuela.
“Por supuesto que se ha agravado el problema del tráfico y el cultivo en el país”, afirma una conocida juez antinarcóticos que ha preferido mantener su nombre en la reserva. La magistrada explica que el Cartel de los Soles no opera bajo una organización criminal jerárquica clásica, asesinando selectivamente personas bajo el mando de un patrón, como sucede en Colombia o en México. “Es una red tupida de militares que hace negocios con los narcóticos, y son tolerados en las instancias oficiales a cambio de apoyo a la revolución. Aunque debo decir que también conozco muchos militares profesionales y honestos, empeñados en hacer su labor correctamente, con una posición inflexible sobre estos temas”, añade.
Javier Mayorca, director del portal especializado Crímenes sin Castigo, asegura que “Venezuela tiene pocos instrumentos para ubicar cultivos ilícitos y, desde la ruptura con la DEA, una ceguera voluntaria con esto. Pocas personas del exterior pueden certificar los esfuerzos locales. Lo que se ve desde Colombia es una densificación de cultivos hacia la línea limítrofe”. Mayorca agrega, además, que hay un criterio selectivo del Estado en el momento de atacar actividades de narcotráfico, y que ese sesgo se observa también en el combate al delito o a la minería ilegal. “A algunos los atacan durísimo, y a otros no los tocan ni con el pétalo de una rosa”, dice.
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Más de 250.000 personas cruzaron en el último año la peligrosa selva entre Colombia y Panamá. El ecuatoriano Dany Chapi lo hizo dos veces y ya planea la tercera
Guayaquil.- Dany Chapi decidió que migrar era la única opción que tenía para sostener a sus tres hijos y a su esposa. “Fue muy duro decirle a mi familia que me iba a ir, porque nunca nos habíamos separado”, recuerda. No les dijo cuándo se iría, ni se despidió de ellos, era un 4 de julio de 2022 cuando les avisó de que estaba en Colombia, rumbo a Panamá, para cruzar el peligroso camino por el Darién, un muro de selva entre Colombia y Panamá. Uno de los pulmones de América que esconde un infierno para cientos de miles de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.
La meta estaba trazada, llegar a Norteamérica a cualquier costo, pero no lo consiguió en el primer intento. Dany fue detenido por migración en México y devuelto a Quito. Esperó un poco más de un mes para recuperarse de la deshidratación que le había dejado la travesía y volvió a irse, otra vez por el Darién. En esa ocasión los vecinos de su barrio se enteraron que haría de nuevo el viaje y 40 personas le pidieron ir con él, entre ellos ocho niños. “Había una señora que era bien gordita, viajaba con sus siete hijos, yo tenía miedo que no pudiera subir la montaña de la muerte, pero tenía tantas ganas, que ahí entre todos ayudamos”, dice Dany, que esta vez hizo de guía.
Los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que más ha usado el paso irregular del Darién, según migración de Panamá. La cifra revela un aumento alarmante, para enero de 2022 se había registrado el paso de 100 personas, para octubre ya eran 8.587 en un solo mes, al finalizar el año 29.456 ecuatorianos habían cruzado esa selva. El aumento de la violencia en el país está detrás de las cifras.
De las 4.161 consultas médicas que ha realizado Médicos Sin Fronteras en las primeras semanas de enero a la salida del Darién, el 13,3% corresponden a pacientes ecuatorianos; es decir, 550 personas. En todo el 2022, el 7% de las 40.000 atenciones fueron a migrantes de Ecuador, entre ellos Dany. “Les pedí ayuda porque en el camino me dio gripe, pero lo peor es que se me hicieron cortes muy feos en las piernas y en los pies por las botas que estaban mojadas porque se entraba el agua al cruzar los ríos”, relata las consecuencias de las 12 horas caminando durante siete días.
“En el camino se ven muchas cosas, mucha gente que se rinde, mucha gente que se lesiona y no hay quien les ayude y se quedan ahí a morir”, describe Dany. Él también vio a los muertos en el río y lo subió a Tik Tok, donde fue documentando el viaje, a los niños que cruzaban por los ríos, las banderas de Ecuador que se amarraban en los árboles para dejar la huella, la pelea por los salvoconductos y los cortos recesos en los campamentos que se armaban al caer la noche. A Dany y a sus amigos también los asaltaron grupos armados en la mitad de la selva. Era la vida o 100 dólares, y en un instante perdieron todo el dinero que habían llevado.
Dany Chapi tenía tres talleres mecánicos en la capital ecuatoriana hasta antes de la pandemia, pero como muchas otras personas, los negocios cerraron y cuando la reactivación empezó logró sostener solo un local. Daba lo justo para una familia de cinco y pagar a los empleados, pero no para la “vacuna”, la extorsión que grupos criminales piden sin discriminación alguna a los negocios en Ecuador.
“Entraron dos veces al local, le avisé a la Policía pero no hizo nada”. Decidió migrar cuando los delincuentes visitaron no solo el negocio de Dany, sino el de toda la calle, a plena luz del día, para decirles que si no pagaban el valor mensual que pedían, habría consecuencias contra los bienes y la familia.
Después de atravesar en dos ocasiones la peligrosa selva, Dany sostiene: “Tengo menos miedo de cruzar el Darién que de vivir en Ecuador”. Ahora está planeando su tercer intento para ir a Norteamérica, esta vez lo hará con su esposa y tres hijos. La compleja situación de inseguridad del país sudamericano, donde han asesinado a más de 4.600 personas en el último año, ha desplazado a la falta de empleo y de oportunidades que desde siempre han sido los motivos por los cuales los ecuatorianos migran. “Muchas de las personas que se animan a hacer esta ruta han expresado que existe un factor de violencia o no se sentían seguras en el sitio en el que estaban”, explica Cristina Zugasti, representante de Médicos Sin Fronteras en Panamá.
“Un señor de 50 años que vino a consulta nos dijo que vendía cosas en la calle y que los grupos criminales le pidieron 2.000 dólares y él contaba que no podía pagar, entonces se fue”, añade. Hay otros casos en los que el miedo a que en cualquier momento les toque a ellos, los ha motivado a irse, como el de una mujer que en más de una ocasión la llamaron del colegio de los hijos mientras estaba en el trabajo. “Era la directora que no había pagado la vacuna y tenían que ir corriendo a recoger a los niños porque les habían amenazado con una bomba”, comenta Zugasti, en otro de los casos que han recogido en el poco tiempo que los médicos asisten con ayuda psicológica a los migrantes cuando salen del Darién.
La segunda vez que Dany cruzó la selva, atravesó Centroamérica y México y logró llegar a Estados Unidos. Empezó a trabajar ensamblando muebles de cocina a los pocos días. El sueño americano se había cristalizado. Pero su esposa decidió ir detrás de él, acompañada solo con sus hijos de 3 y 14 años, también lo hizo por la selva del Darién. “Fue muy duro pero lo lograron”, cuenta. Sin embargo, no corrieron con la misma suerte y fueron detenidos en México. Era diciembre de 2022, víspera de Navidad, cuando Dany recibió la llamada. “Mi esposa lloraba destrozada, estaba en Ecuador, los habían deportado”, y él decidió regresar a por ellos. “En junio lo intentaré de nuevo, pero con mi familia”, dice
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