Análisis Noticiosos
Abaratar el alto costo de la política y promover equidad y democracia
Los líderes políticos, sobre todos los gobernantes, siguen bailoteando las reformas electorales, cuyos objetivos fundamentales hace un cuarto de siglo que fueron identificados, y hasta objeto de repetidos consensos e introducciones al Congreso
Por Juan Bolívar Díaz
A pesar de múltiples esfuerzos una comisión bicameral, que parece bien empeñada, fracasó en su propósito de aprobar el proyecto de Ley de Partidos antes que concluyera la primera legislatura del 2017, lo que mantiene incertidumbres sobre el del Régimen Electoral, mucho más extenso y conflictivo.
Las cúpulas partidarias, especialmente la gobernante, siguen evadiendo las reformas del sistema político y electoral, aún con la presión de la indignación popular que demanda el fin de la corrupción y la impunidad, para lo cual será necesaria una profunda reforma política e institucional.
Se quedó la Ley de Partidos
De nuevo concluyó una legislatura sin que se aprobara el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, y ya nadie sabe cuántas han pasado desde la primera vez que fue sometido al Congreso en el 2001, aunque esta vez contó con el apoyo diligente del presidente de la comisión bicameral que busca consensuarlo, el senador Arístides Victoria.
La comisión, integrada por representantes de los diversos bloques partidarios, se había propuesto aprobar el proyecto de Ley de Partidos en la legislatura que concluyó el 26 de julio. Después de haber logrado consenso en 74 de los 77 artículos del proyecto, quedaron empantanados en los referentes a las elecciones primarias, el tope de financiamiento y gastos y la participación de la mujer en las candidaturas y los cargos directivos de los partidos.
Para no dejar dudas sobre dónde radican los obstáculos, aún después de concluida la legislatura, los comisionados se han dedicado a visitar a los líderes de los partidos buscando que bajen instrucciones, diligencia que ya hicieron con el gobernante PLD, con el Reformista Social Cristiano y con el bloque de partidos emergentes Tienen pendiente ser recibidos por el presidente Danilo Medina, el PRM y al PRD.
Primarias simultáneas o no
Uno de los desacuerdos más pregonados durante años ha sido en torno a si las elecciones primarias, para escoger candidatos, se realizan simultáneamente y con el padrón nacional de la Junta Central Electoral (JCE) o con el padrón partidario y en la fecha que escoja cada partido. Hay quienes creen que ese desacuerdo oculta la renuncia de las cúpulas a establecer un orden democrático que reduciría su poder casi omnímodo.
La diferencia podría haber sido salvada dejando a opción de cada partido el sistema a adoptar, con la condición de que si es con el padrón propio, éste tenga que ser depositado ante la JCE siquiera con 3 meses de anticipación. Según adelantó Victoria, la mayoría de los partidos prefieren la elección primaria simultánea, con el padrón de la JCE y que esta cargue con la organización y procesamiento de las votaciones, lo que pudiera en devenir en fuente de conflictos, pues tendrían que escrutar al mismo tiempo los votos recibidos por miles de precandidatos a los cargos, que en la municipal serán unos 3,800 por partido.
Más renuencia parece haber sobre el establecimiento de topes de gastos por candidaturas, como mecanismo para reducir el poder del dinero, a menudo de origen corrupto estatal o de lavado privado, en las posibilidades de elección.
La demanda de legisladoras porque se imponga la paridad de género en las candidaturas y la dirección de los partidos es la otra fuente de discordia. Parece exagerada si se tiene en cuenta que nunca se ha cumplido a cabalidad la cuota de candidaturas de la mujer, ni cuando era del 25 por ciento y menos al subirse al 33 por ciento. La transacción podría ser elevarla al 40 por ciento, promoviendo la equidad sin imponer una igualdad que no existe en la actividad política,. y extendiéndola por primera vez a los cargos directivos.
Del Régimen Electoral
Más difícil será el abordaje del proyecto de ley del Régimen Electoral, más extenso y conflictivo, pues ya no se trataría de regular los procesos electorales de dirigentes y candidatos, y garantizar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos, sino la competencia por el poder del Estado.
El proyecto de la JCE para la Ley de Partidos recoge gran parte de las demandas que han sido objeto de numerosos consensos desde el patrocinado por la Fundación Siglo 21 en 1992-93, y aún así lleva unos 17 años dando vuelta en el Congreso. El del Régimen Electoral presentado por el mismo organismo, data del 2011 y es más limitado, por lo cual ha recibido múltiples adiciones de los partidos y de las instituciones de la sociedad civil interesadas en la materia, como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y otras.
Este segundo proyecto, que sería abordado por la comisión bicameral cuando alcance consenso sobre el primero, implicará una mayor voluntad del liderazgo político por privilegiar el interés nacional, sobre el partidario, siendo mayor el desafío para el PLD que ahora controla casi todo el poder estatal, como nunca antes en la todavía incipiente democracia nacional. El PRD tuvo mayoría relativa en la Cámara de Diputados y absoluta en el Senado en el período 1998-06, pero no hizo esfuerzos suficientes por la ley de Partidos y menos para las reformas político-electorales integrales.
Con la presión adicional de la Marcha Verde todo el sistema político está desafiado a reformas que contribuyan a cerrar el camino de la corrupción y la impunidad, que comienza en las campañas electorales e incluye el rentismo empresarial y el clientelismo popular, los abusos de los poderes del Estado y la utilización de dinero proveniente del Estado y del lavado de activos, incluyendo el narcotráfico.
Bajar el costo a la política
El primer objetivo de la ley del Régimen Electoral debería ser la rebaja del altísimo costo de la política en el país, que debe comenzar con la estricta reducción de las campañas internas y generales a no más de tres meses, con sanciones al que se adelante a realizar actividades de propaganda o abierta promoción de candidaturas, topes de gastos para los partidos, precandidatos o candidatos, con límites y transparencia de los aportes privados y estricta rendición de cuentas, especialmente del financiamiento estatal. Incluye también restringir las campañas a la jurisdicción de la candidatura, nacional, provincial o municipal.
Otro renglón fundamental es la restricción al abuso de los poderes del Estado, comenzando por prohibir absolutamente los desbordamientos del gasto público y el incremento del gasto social en los años de elecciones, así como de la nómina estatal, incluyendo las contrataciones temporales, y de la publicidad estatal, que siempre debe limitarse a lo institucional, educativo y legal. Se agrega la prohibición de inauguraciones y anuncios de nuevas obras en el período de campaña electoral, y la licencia automática de todo funcionario del Estado que se convierta en candidato o responsable de campañas electorales.
Al bajar el costo de la política se promueve la equidad entre los partidos con grandes recursos y los emergentes, y se facilita que personas honorables, sin patrocinios de la corrupción estatal, del rentismo empresarial o el lavado de activos, puedan competir por los cargos electivos, saneando la actividad política y la gestión pública.
Reafirmar la democracia
La reforma que se ha reclamado durante un cuarto de siglo es para reafirmar la institucionalidad democrática, que comienza por la elección de las autoridades y los representantes, garantizando que se pueda votar separados por diputados y senador y por regidores y alcalde. Implica más equitativa distribución del financiamiento estatal, y sanción de los delitos electorales, como la compra de votos, el despojo o alquiler de cédulas, y la coerción a los empleados estatales y a los ciudadanos más vulnerables.
Conlleva también la profesionalización de los órganos de gerencia y arbitraje electoral, creando mecanismos para control del financiamiento y persecución de los delitos electorales, con sanciones suficientemente disuasorias como cancelación de candidaturas o congelación del financiamiento público.
La JCE debe ser convertida en un real organismo colegiado, que no sea exclusivo de los abogados, puesto que ya no es un tribunal, y de concertación con los partidos que compiten. Y el Tribunal Superior Electoral debería ser un órgano adscrito a la carrera judicial, sin reparto ni apropiación partidista.-
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Principales objetivos de las reformas electorales
*Abaratar el costo de la política dominicana
* Reducir los altos niveles de rentismo y clientelismo
* Transparentar el financiamiento y obligar a rendir cuentas
* Rescatar el sistema político de la descomposición
* Controlar los abusos del poder y los recursos estatales
* Garantizar la democracia interna en los partidos
* Sistematizar la equidad entre los partidos y candidatos
* Promover equidad de género en la dirección y las candidaturas
* Ampliar el derecho ciudadano a elegir diputados y regidores sin arrastre
* Garantizar independencia de la gerencia y el arbitraje electoral
* Prevenir los delitos electorales y sancionarlos con fuerza disuasoria
* Ampliar la representación de las minorías en los comicios
* Dotar a la JCE de instrumentos eficaces para fiscalizar los partidos
* Viabilizar la participación social en la fiscalización de los partidos
* Mayor equidad en la distribución del financiamiento estatal
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.