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Abbe Lowell enfrenta su desafío más difícil como defensor en el juicio de Menéndez
El veterano abogado, que defendió con éxito a John Edwards en violaciones a las finanzas de campaña, está buscando ayudar a un senador estadounidense a superar una serie de cargos federales de soborno.
NUEVA JERSEY.-El abogado de defensa Abbe Lowell, que ha surgido como un elemento clave en casos criminales que involucran a políticos de alto perfil de Washington, está contemplando uno de sus retos más difíciles: ayudar a un senador de Estados Unidos en activo a superar una serie de cargos federales de soborno.
El veterano abogado de cuello blanco de Washington viajará a una sala de Newark esta semana para dirigir la defensa del senador de Nueva Jersey, Robert Menéndez. El demócrata de 63 años enfrenta cargos de corrupción por sus repetidas intervenciones ante el gobierno federal a favor de un donante de la Florida.
Es un terreno familiar para Lowell, quien ha representado exitosamente a una lista de clientes incluyendo al republicano Jack Abramoff, al exsenador republicano de Nevada John Ensign y al líder de la mayoría del Senado del estado de Nueva York, Joe Bruno, que recientemente asumió como clientes al yerno y asesor del presidente Donald Trump Jared Kushner en la investigación en proceso sobre Rusia.
Sin embargo, algunos de los paralelismos más sorprendentes pueden estar en la defensa de Lowell del exsenador John Edwards, quien fue acusado de violar las leyes de financiamiento de las campañas al dirigir casi un millón de dólares para cubrir su relación extramatrimonial con una videógrafo y su embarazo en el pico de la primaria presidencial demócrata de 2008.
En ese juicio-ensayo hecho para los tabloides, Lowell argumentó que los donantes ponen el dinero por amistad personal. El caso terminó con un jurado en desacuerdo, lo que llevó a los fiscales a tirar la toalla.
“Desde el nivel de 20,000 pies, lo que todas estas cosas tienen en común es la dificultad de probar intenciones criminales o intenciones corruptas en un caso de cuello blanco”, dijo Randall Eliason, un exfiscal federal. “A menudo, probar lo que pasó es la parte fácil. Lo difícil es demostrar por qué”.
El punto crucial del desafío de Lowell en el caso de Menéndez es desmantelar las demandas de los fiscales federales de un quid pro quo.
La frase en latín capta claramente la acusación de la fiscalía de que más de US$750,000 en naciones políticas dadas por el rico oftalmólogo Salomón Melgen −y una cantidad de vuelos privados, estancias en hoteles de lujo y otros regalos− equivalían a sobornos entregados a cambio de la ayuda de Menéndez.
Los fiscales sostienen que el demócrata de Nueva Jersey intervino con las autoridades federales para obtener visados para tres de las novias de Melgen; para evitar acciones del gobierno de EE.UU. que hubieran interrumpido un contrato de seguridad portuaria con una de las compañías de Melgen en República Dominicana, y ayudar a Melgen en una multimillonaria disputa con el Medicare.
Lowell rechazó las solicitudes de entrevistas, pero emitió una declaración diciendo que Menéndez acepta el juicio, establecido para los argumentos de apertura poco después del Día del Trabajo (en EE.UU.).
“Después de que se presentaron los cargos, el senador Menéndez dijo en el tribunal y al público que no era culpable y esperaba demostrar que las acusaciones en su contra eran falsas. Ahora, a medida que se acerca el juicio, tendrá la oportunidad de hacerlo para que todos lo puedan ver”, dijo Lowell. “El senador está de buen ánimo, tiene fe en el sistema de justicia estadounidense y confía en que cuando todos los hechos sean escuchados, será justificado”.
Una condena podría conducir a la salida de Menéndez del Senado, aunque las reglas del Senado no requieren que Menéndez renuncie automáticamente −estableciendo una posible pelea política mientras los demócratas maniobran para evitar que el gobernador republicano Chris Christie, un aliado cercano de Trump, designe a alguien para completar su período de servicio. Menéndez se enfrenta a la reelección en 2018 y ha dicho que planea presentarse.
Se espera que el equipo de defensa de Menéndez afirme que el senador actuó por preocupaciones políticas legítimas y por su vieja amistad con Menéndez, no a cambio de las donaciones o los regalos. “Los fiscales del Departamento de Justicia no saben diferenciar entre la amistad y la corrupción”, dijo Menéndez en una conferencia de prensa tras su acusación en 2015.
Esa línea de defensa se hace eco de la que Lowell desplegó en el caso Edwards, después de que el exsenador de Carolina del Norte fuera acusado del encubrimiento de su asunto y de su paternidad de un niño fuera del matrimonio con la videógrafo Rielle Hunter.
Allí, también, Lowell argumentó que alrededor de un millón de dólares gastados en vivienda, viajes y gastos de vida para Hunter y el hijo de la pareja fue ofrecido por los asociados de Edwards por amistad personal con él y no para hacer avanzar su campaña presidencial.
“Abbe Lowell es obviamente un abogado muy bueno, pero en lo que él fue realmente bueno durante el juicio de Edwards fue en explotar el hecho de que no había pruebas contundentes −algunos mensajes de correo electrónico, alguna conexión manifiesta entre los regalos y alguna acción posterior”, dijo Catherine Dunham, profesora de derecho de la Universidad de Elon, quien observó gran parte del juicio de Edwards. Ganar casos como éste, agregó, depende de ser capaz de convencer a un jurado de que un político carismático “sería el receptor de la generosidad de alguien” sin la promesa de otros favores.
En el juicio de Edwards en Greensboro, Carolina del Norte, Lowell, nacido en el Bronx, parecía a veces criticar al juez, que provenía de Memphis. Pero Lowell parecía dispuesto a ampliar los límites, ir más lejos.
“Él nunca iba a presentarse ante el juez de nuevo, por lo que actuaba como el abogado de fuera de la ciudad que no iba a tener miedo de quemarse un poco”, recordó Dunham.
La labor de Lowell a favor de Edwards fue visto como un éxito. El juicio del exsenador y candidato a la vicepresidencia resultó en un jurado trabado en la mayoría de los cargos. El Gobierno acabó dejando caer el caso.
Entre otros paralelismos entre los juicios de Edwards y Menéndez están las acusaciones procaces que aumentaron la cobertura mediática del caso. Edwards embarazó a su amante durante el auge de la campaña presidencial de 2008 y fue acusado de conspirar para mantener el asunto en silencio, utilizando el dinero de los donantes para instalarla en alojamientos de lujo.
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.