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En vez de una forma fiscal el Gobierno ha optado por una mayor eficiencia, dice Abinader
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader dijo que su Gobierno ha optado por garantizar una mayor eficiencia de los gastos e ingresos en lugar de aplica una reforma fiscal, quien agregó que su gestión trabaja para promover la diversificación y la ampliación de la base productiva de la economía, cerrar las brechas que permiten la elusión y evasión tributaria y aplicar cero tolerancia a la corrupción administrativa.
El mandatario recalcó que el Gobierno se caracteriza por aplicar un modelo económico basado en el apoyo al desarrollo empresarial, unido a una fuerte inversión social.
“República Dominicana es un país abierto a la inversión, a la innovación y al progreso compartido. Queremos que cada empresa aquí presente vea en nuestro país un aliado confiable y una plataforma para el crecimiento de sus negocios”, indicó.
Asimismo, el mandatario llamó la atención sobre el comportamiento de precios en el mercado internacional de minerales de exportasción como el oro, cuya demanda a impulsado el precio por encima de los US$3,000 la onza y que será favorable a las finanzas pùblicas por los impuestos que recibe el país; además de las proyecciones sobre las tierras raras.
La presencia de tierras raras, estimadas en 100 millones de toneladas brutas, traerán un favorable impacto económico y social, luego que se haya especificado el valor neto de esas reservas el próximo año.
Defiende algunas medidas de Trump
Asimismo, dijo que su Gobierno comparte algunas de las causas que hoy defiende la nueva administración que encabeza el Presidente Donald Trump, como son la seguridad regional, el control de la inmigración, la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia o el intercambio comercial justo.
El Presidente agradeció a la AmchamDR la invitación a comparecer ante sus miembros ayer en el tradicional almuerzo, esta vez realizado en el Salón Garden Tent, del Hotel El Embajador, donde destacó la visión histórica de colaboración entre Estados Unidos y República Dominicana, país socio del cual es el principal socio comercial
“Pero nuestra relación va mucho más allá del comercio de bienes y servicios. Somos socios en la inversión, en la seguridad, en la innovación, en la creación de empleo y en el desarrollo económico”, señaló.
Abinader sostuvo que las empresas estadounidenses han confiado en República Dominicana como un lugar seguro y rentable para sus inversiones y han apostado por sectores estratégicos de turismo, zonas francas, manufacturas, energía, minería y los servicios financieros, sectores a los que manifestó el compromiso del Gobierno en seguir fortaleciendo el clima de negocios, “basado en la transparencia, la estabilidad y la seguridad jurídica“.
En su comparecencia el madatario citó a Winston Churchill que quiero hacer ahora mías; «Algunas personas consideran a la empresa privada como un tigre al que hay que matar. Otros la ven como una vaca a la que hay que ordeñar. Pero muy pocos la entienden como el caballo fuerte que tira del carro”.
Buen desempeño
Abinader señaló que República Dominicana es reconocida también por su eficaz gestión macroeconómica.
Sobre la deuda, dijo que la deuda pública consolidada se redujo del 61% con relación al PIB en agosto de 2020 al 57.5% en 2024, datos que han sido validados por las agencias de calificación crediticia Fitch y S&P.
También manifestó el buen desempeño del pasado año, cuando se realizó la primera emisión de bonos verdes soberanos en la región del Caribe, por US$750 millones con vencimiento en 2036, lo que constituye una innovación financiera y demuestra la confianza de los mercados internacionales en el país.
Según indicó el buen desempeño de la economía se refleja en la creación de 165,000 nuevos empleos formales en 2024, lo que ha reducido la tasa de desempleo a un mínimo histórico del 4.8%, contribuyendo también con la reducción de la pobreza entre el 2023 y el 2024, de un 23% al 18.98%, lo que permitió a su vez que 440,000 personas salieran de ese estado en un solo año.
Además, hemos trabajado para que el crecimiento se refleje en mejores salarios. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado en un 38.1% en términos reales, situándonos entre los cuatro países de América Latina con mayor crecimiento en este indicador, afirmó.
Aspira a elevar la clase media del 40% al 50% de la población en los próximos años.
El mandatario habló sobre: «La República Dominicana en el contexto de las nuevas tendencias del comercio mundial».
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.