La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público ante dificultades relacionadas con la representación legal de empresas imputadas en el expediente que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó separar el proceso judicial seguido contra la empresa Inprosol, S.R.L., del expediente de presunta corrupción administrativa conocido como Operación Camaleón, en el que figuran como principales acusados el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez.

La decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada el martes 10 de noviembre, a solicitud del Ministerio Público, debido a dificultades relacionadas con la representación legal de algunas de las sociedades comerciales incluidas en el proceso.

Con esta disposición, el procedimiento contra Inprosol continuará de manera independiente, mientras el tribunal mantiene el conocimiento del expediente respecto de los demás acusados.

Dificultades con representación legal provocan aplazamiento

Durante la audiencia, representantes de las empresas imputadas plantearon situaciones que impidieron avanzar con el conocimiento del juicio de fondo.

En el caso de Inprosol, sus representantes alegaron que la compañía carecía de defensa técnica y que habían solicitado asistencia a la Oficina Nacional de Defensa Pública.

Sin embargo, esa institución sostuvo que sus funciones de representación están dirigidas a personas físicas, mientras se encuentra pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la cuestión.

Por otra parte, el representante de Pago Xchange, S.R.L., empresa vinculada a PagoRD, solicitó el aplazamiento del proceso tras comunicar el fallecimiento de quien identificó como el único propietario de la sociedad comercial.

Ante estas circunstancias, el tribunal otorgó una última oportunidad para que la empresa imputada regularice su situación de representación legal y pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

Las juezas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez fijaron la continuación de la audiencia para el 1 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

Ministerio Público mantiene acusación por corrupción

En representación del órgano acusador participaron la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Arolin Lemos y Emmanuel Ramírez.

El Ministerio Público mantiene su acusación contra los imputados por presuntas irregularidades relacionadas con procesos de contratación pública desarrollados durante la gestión del exdirector del Intrant, Hugo Beras.

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían integrado una estructura que supuestamente utilizaba sociedades comerciales, intermediarios y documentación irregular para favorecer intereses particulares mediante contrataciones estatales.

Entre las operaciones cuestionadas figura la adjudicación de un contrato valorado en RD$1,317,350,997, que, según el órgano persecutor, habría beneficiado a empresas vinculadas al empresario Jochi Gómez.

Principales acusados en la Operación Camaleón

La Operación Camaleón fue puesta en marcha en 2024 y dio origen a una investigación sobre presuntas actuaciones ilícitas vinculadas con contrataciones tecnológicas y administrativas en instituciones estatales.

En junio de 2026, los imputados fueron enviados a juicio de fondo para responder por los hechos atribuidos por el Ministerio Público.

Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, en el expediente figuran Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quienes desempeñaron funciones relacionadas con el Centro de Control de Tráfico y la Dirección de Tecnología del Intrant.

También están incluidos Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Entre las sociedades comerciales mencionadas en el proceso se encuentran Transcore Latam, S.R.L.; Aurix, S.A.S.; Inprosol, S.R.L.; OML Inversiones, S.R.L.; PagoRD Xchange, S.R.L.; Industria Soltex Dominicana, S.R.L., y Dekolor, S.R.L.

Separación del proceso no implica absolución

La decisión de conocer separadamente el expediente de Inprosol constituye una medida de carácter procesal que no representa una absolución ni una declaración de culpabilidad.

La empresa continuará sometida al procedimiento correspondiente, en el que deberán garantizarse sus derechos fundamentales, particularmente el derecho de defensa y las garantías del debido proceso.

La controversia sobre la representación judicial de personas jurídicas también pone de relieve los desafíos que surgen cuando las sociedades comerciales son procesadas penalmente y alegan dificultades para contratar asistencia legal.

Mientras tanto, el Ministerio Público deberá presentar sus pruebas ante el tribunal para sustentar las imputaciones formuladas contra los acusados.

Juicio continuará el primero de diciembre

El proceso judicial continuará el próximo 1 de diciembre, fecha en la que se espera que sean superadas las dificultades de representación legal que han impedido avanzar con el conocimiento de las acusaciones.

La Operación Camaleón constituye uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa vinculados con contrataciones públicas que permanecen bajo conocimiento de los tribunales dominicanos.

La continuación del juicio será determinante para establecer el curso del proceso y permitir que las partes presenten sus argumentos y pruebas, bajo los principios de contradicción, igualdad procesal y presunción de inocencia.

Hasta que exista una sentencia firme, las personas físicas y jurídicas imputadas conservan su condición de inocentes conforme a la Constitución y las leyes de la República Dominicana.

Fuente informativa: Periódico El Día, 11 de noviembre de 2026. Informaciones sobre la audiencia del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional correspondiente al caso Operación Camaleón.

El municipio concentra el 34 % de las obras registradas en la región Metropolitana, mientras especialistas advierten sobre el crecimiento desorganizado, la paralización de proyectos y la falta de coordinación entre los ayuntamientos.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Santo Domingo Este encabeza la actividad constructiva de la región Metropolitana, al concentrar el 34 % de las 6,682 obras identificadas en la zona urbana, según los resultados del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1), publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en agosto de 2026.

El informe coloca a este municipio en la primera posición por cantidad de construcciones registradas, seguido de Santo Domingo Norte, con un 15.7 %; el Distrito Nacional, con un 13.4 %; y Los Alcarrizos, con un 12.3 %.

En conjunto, estas cuatro demarcaciones reúnen el 75.4 % de las edificaciones contabilizadas, lo que evidencia una importante concentración de la actividad inmobiliaria en determinados puntos del Gran Santo Domingo.

Sin embargo, el crecimiento de las construcciones también plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades municipales para garantizar un desarrollo urbano organizado, sostenible y acompañado de los servicios públicos necesarios.

Distrito Nacional concentra mayor superficie construida

Aunque Santo Domingo Este lidera en número de obras, el Distrito Nacional ocupa la primera posición en superficie de construcción correspondiente a las obras activas, con el 40.8 % del total registrado.

Le siguen Santo Domingo Este, con el 29.1 %, y Santo Domingo Norte, con el 18.2 %. Estas tres demarcaciones concentran el 88.1 % del área edificada identificada en el levantamiento.

Los datos reflejan diferencias en las características de los proyectos inmobiliarios, debido a que una mayor cantidad de edificaciones no necesariamente representa un volumen superior de metros cuadrados construidos.

Casi seis de cada diez obras están paralizadas

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la elevada proporción de construcciones detenidas en la región Metropolitana.

Según los datos citados por el especialista en planificación territorial Reynaldo Peguero, el 59.8 % de las obras registradas se encontraba paralizado, mientras apenas el 19.3 % estaba en proceso de ejecución.

Los municipios con mayores porcentajes de paralización son Boca Chica, con 73.5 %; Los Alcarrizos, con 73.3 %; y San Antonio de Guerra, con 71.6 %.

También presentan niveles elevados Pedro Brand, con 66.4 %; Santo Domingo Este, con 60.6 %; Santo Domingo Norte, con 59.5 %; y Santo Domingo Oeste, con 53.5 %.

El Distrito Nacional presenta una situación diferente, debido a que el 47 % de sus obras se encontraba en ejecución, frente al 33.1 % que permanecía paralizado.

Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de evaluar las condiciones económicas, financieras, administrativas y urbanísticas que podrían estar influyendo en la interrupción de numerosos proyectos inmobiliarios.

Especialistas cuestionan desorden urbanístico

El arquitecto y urbanista Jordi Masalles expresó preocupación por la expansión de Santo Domingo Este, al considerar que el crecimiento de determinados sectores no ha estado acompañado de una organización territorial adecuada.

El especialista entiende que, a medida que se produce la expansión hacia zonas alejadas del centro urbano, aumentan las dificultades relacionadas con la planificación, la organización de las vías y la distribución de los espacios.

Por su parte, Reynaldo Peguero cuestionó los procedimientos utilizados para aprobar y supervisar las construcciones en el Gran Santo Domingo.

A su juicio, las autoridades deben fortalecer los mecanismos de inspección, seguimiento y fiscalización, a fin de garantizar que los proyectos respondan a instrumentos efectivos de ordenamiento territorial.

El especialista planteó la conveniencia de establecer estructuras de supervisión municipal con personal técnico suficiente y herramientas georreferenciadas que permitan dar seguimiento al desarrollo inmobiliario.

Falta coordinación entre los ayuntamientos

El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, reconoció las dificultades existentes para establecer mecanismos de planificación conjunta entre los gobiernos municipales que integran la región Metropolitana.

El funcionario explicó que se han realizado esfuerzos para crear oficinas de planeamiento urbano mancomunadas, pero todavía no ha sido posible concretar una estructura de coordinación que involucre a los principales municipios.

Matías señaló que las capacidades técnicas y administrativas de los ayuntamientos son desiguales, lo que dificulta implementar políticas urbanísticas comunes.

Consideró necesario fortalecer las oficinas municipales de planificación mediante la incorporación de profesionales especializados, información territorial, cartografía, recursos financieros y mecanismos de fiscalización.

Asimismo, recordó que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, contempla mecanismos de asociación entre ayuntamientos para atender necesidades y responsabilidades compartidas.

Preparan nueva legislación para regular el crecimiento urbano

Como respuesta a los desafíos que enfrenta la expansión de las ciudades dominicanas, las autoridades trabajan en una propuesta legislativa destinada a modernizar la planificación y gestión urbana.

Domingo Matías informó que el anteproyecto de Ley de Planificación y Gestión Urbana busca actualizar el marco normativo existente, tomando en consideración las transformaciones demográficas, económicas y territoriales que experimenta el país.

La iniciativa se concibe como un complemento de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

Entre sus principales objetivos figuran regular la expansión de las ciudades, fortalecer los instrumentos de gestión del suelo, promover la recuperación de barrios deteriorados y establecer mecanismos que garanticen la disponibilidad de infraestructuras y servicios públicos.

El proyecto también contempla un régimen de consecuencias para las violaciones de las disposiciones urbanísticas.

Según el funcionario, se prevé desarrollar una consulta ciudadana sobre la propuesta antes de su presentación ante el Congreso Nacional, proyectada para febrero de 2027.

Anuncian planificación conjunta para Santo Domingo y Santiago

Las autoridades también proyectan impulsar un plan asociativo de ordenamiento territorial para la región Metropolitana, mediante el cual los gobiernos locales puedan coordinar políticas de crecimiento urbano sin perder su autonomía administrativa.

El instrumento buscaría promover una gestión conjunta de las áreas que requieren soluciones compartidas, especialmente en materia de movilidad, infraestructura, uso del suelo y expansión territorial.

Domingo Matías adelantó que se preparan procesos de licitación relacionados con esta iniciativa, que también contempla acciones de planificación para Santiago.

La propuesta constituye un esfuerzo por superar la fragmentación administrativa que actualmente dificulta abordar de manera integral los problemas de las principales zonas urbanas del país.

Crecimiento inmobiliario exige mayor control

Los resultados del Registro de Oferta de Edificaciones ponen de relieve que el dinamismo inmobiliario del Gran Santo Domingo no puede evaluarse únicamente por la cantidad de proyectos registrados.

La elevada proporción de obras paralizadas y los cuestionamientos sobre la planificación territorial evidencian la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la fiscalización del desarrollo urbano.

El desafío consiste en garantizar que la expansión de las ciudades vaya acompañada de calles adecuadas, sistemas de drenaje, abastecimiento de agua, saneamiento, transporte, espacios públicos y servicios esenciales.

El crecimiento de Santo Domingo Este y los demás municipios metropolitanos representa una oportunidad para el desarrollo económico, pero también exige políticas de planificación que eviten que el aumento de las construcciones profundice el desorden urbano y las deficiencias de infraestructura.

Fuente informativa: Listín Diario, 11 de noviembre de 2026. Datos del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Las autoridades realizaron 1,468 operativos y 17 allanamientos en seis provincias del Norte y Nordeste del país, donde también ocuparon dinero en efectivo, teléfonos celulares, radios de comunicación, motocicletas y otros objetos vinculados a las investigaciones.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo de la Policía Nacional, informó que arrestó a 169 personas y ocupó 29,787.3 gramos de presuntas sustancias narcóticas durante una semana de intervenciones dirigidas a combatir el microtráfico en las regiones Norte y Nordeste del territorio nacional.

Las acciones fueron desarrolladas en las provincias Santiago, Espaillat, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná y Duarte, donde los agentes ejecutaron 1,468 operativos y 17 allanamientos contra presuntos puntos de distribución y comercialización de drogas.

Según el informe del organismo antinarcóticos, entre las sustancias ocupadas figuran 27,540.9 gramos de presunta cocaína, 2,077.1 gramos de marihuana, 155.8 gramos de crack y 13.5 gramos de molly.

Santiago y Duarte entre las provincias con mayores decomisos

En Santiago, incluyendo los distritos municipales de Santiago Oeste y el municipio de Villa Bisonó, conocido como Navarrete, las autoridades realizaron 321 operativos y cuatro allanamientos, que dejaron 44 personas detenidas.

Durante esas intervenciones fueron ocupados 9,338.5 gramos de presunta cocaína, 868.5 gramos de marihuana y 57.5 gramos de crack.

Mientras tanto, en la provincia Duarte, principalmente en San Francisco de Macorís, se desarrollaron 315 operativos y tres allanamientos, con un saldo de 29 hombres arrestados.

En esa demarcación, los agentes decomisaron 10,709 gramos de presunta cocaína, 386.1 gramos de marihuana, 43.5 gramos de crack y 13.5 gramos de molly.

También fueron ocupados RD$3,100 en efectivo y un chaleco antibalas.

María Trinidad Sánchez registra más de 400 operativos

En María Trinidad Sánchez se efectuaron 409 intervenciones y tres allanamientos, durante los cuales fueron detenidas 28 personas, entre ellas una mujer.

Los agentes ocuparon 4,105.1 gramos de presunta cocaína, 461.8 gramos de marihuana, 28.3 gramos de crack y RD$15,805 en efectivo.

Por otra parte, en Espaillat se realizaron 125 operativos que dejaron 18 personas detenidas, además del decomiso de 1,359.6 gramos de presunta cocaína y porciones de otras sustancias controladas.

En Samaná, los organismos de seguridad ejecutaron 200 intervenciones, arrestaron a 25 personas y ocuparon 1,040.8 gramos de presunta cocaína y 158.3 gramos de marihuana.

Asimismo, en Puerto Plata se efectuaron 98 operativos y siete allanamientos, que permitieron la detención de 25 personas y la incautación de 987.9 gramos de presunta cocaína, 120.5 gramos de marihuana y 25.8 gramos de crack.

Ocupan dinero, celulares y equipos de comunicación

Además de las sustancias narcóticas, las autoridades informaron sobre la ocupación de RD$45,265 en efectivo, cuatro dólares estadounidenses, varias papeletas de euros y 36 teléfonos celulares.

También fueron incautados siete radios de comunicación, cinco balanzas digitales, tres motocicletas, herramientas de corte y un chaleco antibalas.

Estos objetos forman parte de las evidencias que serán examinadas durante las investigaciones correspondientes.

Ministerio Público dará seguimiento a los casos

La DNCD precisó que, de las 169 personas detenidas durante las operaciones, 168 son hombres y una es mujer.

Tanto los arrestados como las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público en las jurisdicciones correspondientes, para que se realicen las investigaciones y se determinen las posibles responsabilidades penales.

El organismo antinarcóticos indicó que las intervenciones forman parte de las estrategias de persecución del microtráfico, orientadas a desarticular puntos de venta de drogas y reducir la distribución de sustancias ilícitas en diferentes comunidades.

Las autoridades reiteraron que mantendrán las acciones coordinadas contra el comercio ilegal de narcóticos, respetando los procedimientos establecidos por la legislación dominicana y las garantías fundamentales de las personas investigadas.