Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento sancionador fue hecho público este lunes por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)  como parte de la implementación de la Ley 47-25, con el que -dijo- busca fortalecer su competencia y garantizar procesos más objetivos y apegados al debido proceso en la supervisión de los proveedores del Estado.

El Reglamento Número DGCP-SNCP-02-2026 del Procedimiento Administrativo Sancionador establece el proceso administrativo para el ejercicio de la potestad sancionadora del órgano rector del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, define las sanciones aplicables a personas jurídicas que cometen infracciones administrativas en el marco de la contratación pública, así como los efectos posteriores a la imposición y conclusión de dichas sanciones.

El documento fija una separación de funciones para asegurar la objetividad en el proceso de investigación y sanción de las infracciones cometidas por los proveedores del Estado, asegurando el respeto al debido proceso, la legalidad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica en todas las actuaciones administrativas.

• El reglamento entrará en vigor 30 después de su publicación oficial.

Entre las sanciones contempladas se encuentra principalmente la inhabilitación temporal, cuya duración puede variar entre uno y 10 años, divididas en dos rangos según la gravedad del incumplimiento: de uno a cinco años y de cinco a 10 años, con graduaciones específicas en cada rango.

La graduación de la sanción se realiza atendiendo a criterios como el impacto y gravedad del daño causado, el beneficio económico indebido obtenido, la reincidencia en la comisión de infracciones, así como la colaboración efectiva con el procedimiento o la reparación integral del daño ocasionado.

Las sanciones de inhabilitación se inscriben en un registro especializado dentro del Registro de Proveedores del Estado, cuya finalidad es permitir el control, seguimiento y verificación del cumplimiento de la sanción, y servir de mecanismo de consulta para la determinación de impedimentos o reincidencias.

Durante el período de inhabilitación, la persona jurídica sancionada queda suspendida temporalmente para participar en procedimientos de contratación pública, presentar manifestaciones de interés, conformar consorcios y participar en procesos de adjudicación o suscripción de contratos. Actuaciones contrarias a estas prohibiciones carecen de validez jurídica y pueden acarrear responsabilidades administrativas adicionales.

Una vez que la sanción ha sido cumplida en su totalidad, declarada prescrita, anulada administrativa o judicialmente, o ha concluido el plazo establecido, el órgano rector procederá de oficio a la cancelación de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, dejando constancia formal de la situación actualizada del proveedor.

El procedimiento para la reposición del estatus puede iniciarse de oficio o a solicitud del interesado, y se acompaña de la revisión y verificación por parte del funcionario decisor y la unidad responsable del Registro de Proveedores, finalizando con una resolución motivada que implementa las modificaciones correspondientes.

Santo Domingo, R.D.-El Plan Mitigar lleva al Gobierno a asegurar  este lunes que los efectos de la crisis global provocada por la guerra en Irán ha dado resultados, al destacar que no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precio.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, luego de un encuentro con representantes sindicales, como parte de las consultas que desarrolla el Gobierno con distintos sectores para dar seguimiento al impacto del conflicto internacional en la economía dominicana.

Sanz Lovatón afirmó: «El plan está siendo ejecutado y ha dado resultados, no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precio, no hay una sola señal de que el abastecimiento del país ha tenido problemas».

No obstante, reconoció que la situación internacional es compleja y difícil de prever, especialmente por las variaciones en los mercados de hidrocarburos, que calificó como las más dramáticas registradas de la historia, por lo que el monitoreo continuo es clave dentro del plan.

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recalcó que el plan del Gobierno persigue mantener las proyecciones de crecimiento económico y mitigar el impacto de la crisis en las familias, en especial las más vulnerables, destacando entre las medidas el subsidio a los combustibles aplicado recientemente.

Paliza valoró el encuentro con las centrales sindicales como un paso importante para fortalecer la paz social y mantener abiertos los canales de comunicación ante la evolución de la crisis.

En representación del sector sindical, el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, expresó preocupación por temas como los alimentos, la electricidad y los salarios en sectores específicos, aunque reconoció los esfuerzos del Gobierno para evitar un deterioro en las condiciones de vida.

• Señaló que, pese al contexto de crisis mundial, perciben como positivo el accionar de las autoridades y manifestó su disposición de colaborar en la búsqueda de soluciones.

De igual forma, el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel Antonio del Río, valoró el encuentro como un espacio de diálogo respetuoso y constructivo.

Destacó la importancia de mantener una comunicación continua entre el Gobierno y el movimiento sindical ante la evolución del conflicto global, reiterando el compromiso de este sector con la estabilidad, el desarrollo y la paz social en el país.

• Este es el sexto encuentro de una agenda de consultas impulsada por el Gobierno para enfrentar de manera coordinada los efectos de la crisis internacional, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y la incertidumbre económica global.

Santo Domingo, R.D.-Miguel Valerio, defensa del empresario Antonio Espaillat y la entidad Inversiones EY L, S.R.L. presentó una solicitud formal ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que se resuelvan una serie de impedimentos y «obstáculos» atribuidos al Ministerio Público, los cuales han forzado la paralización de los trabajos periciales tras el colapso ocurrido en la discoteca Jet Set.

De acuerdo con el documento depositado el pasado 22 de abril, por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez, los peritos designados para la investigación técnica se han visto imposibilitados de continuar sus labores debido a la falta de respuesta y a la negativa de las autoridades ante requerimientos básicos de seguridad y logística.

Entre los puntos más críticos señalados en la instancia, se encuentra la retención de un equipo de drone por parte de la Dirección General de Aduanas.

Asimismo, la defensa denunció que el área asignada en la Feria Ganadera para el manejo de evidencias es insuficiente.

Pese a que se solicitó formalmente ampliar el espacio y cercar el perímetro con mallas que permitan la visibilidad pero garanticen la seguridad del material y el personal, el Ministerio Público ha guardado silencio.

La situación de mayor tensión radica en la seguridad física de los técnicos. Los peritos informaron que existen escombros y vigas colgantes que representan un «riesgo real para la integridad del personal».

Aunque el 15 de abril se presentó un plan detallado para apuntalar la estructura y desmontar las piezas peligrosas utilizando grúas y plataformas, el Ministerio Público notificó el 22 de abril que no autoriza dichas labores.

Esta negativa ha obligado a los ingenieros José M. Lockhart, Gabriel Carrera, Michael Gerard Murphy y Alfonso Ibarreta a detener los trabajos de campo, alegando que no pueden laborar bajo condiciones que ponen en peligro sus vidas.

Otro de los reclamos de la defensa es la supuesta falta de transparencia respecto a materiales trasladados fuera de la capital.

La instancia señala que han pasado 16 días desde que se solicitó acceso a los escombros y vigas trasladados a Santiago de los Caballeros, sin que hasta la fecha el Ministerio Público haya indicado el lugar exacto de su ubicación ni permitido su inspección.

Amparados en el artículo 215 del Código Procesal Penal, que faculta al juez a resolver controversias durante la ejecución de un peritaje, los abogados solicitan al tribunal, ordenar al Ministerio Público revelar la ubicación de las pruebas en Santiago y permitir el acceso inmediato.

Igualmente, autorizar el uso de grúas y equipos pesados para estabilizar la zona de desastre y eliminar los riesgos de caída de escombros, así como permitir el cercado perimetral de las áreas de trabajo para evitar la manipulación de evidencias por parte de terceros.