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Presidente de la República destaca avances hacia una justicia moderna y digital.
Santo Domingo.– Luis Abinader, presidente de la República, afirmó que la República Dominicana consolida día a día una justicia moderna, transparente, independiente y profundamente comprometida con los derechos de la ciudadanía, al encabezar la inauguración de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, un evento que reúne a delegaciones judiciales de 23 países.
Durante su intervención en esta cumbre internacional, el mandatario subrayó que el compromiso del Estado dominicano con el fortalecimiento institucional del Poder Judicial se manifiesta en reformas que apuntan a una justicia más eficiente, equitativa y accesible para todos.
Resaltó que la transformación de la justicia no es solo una promesa de modernización técnica, sino una visión integral que promueve la inclusión y garantiza los derechos fundamentales de cada ciudadano, sin distinción de condición social ni ubicación geográfica.
“El poder judicial, cuando es firme en sus principios, ágil en sus procesos y cercano a la ciudadanía, se convierte en uno de los pilares más sólidos de la democracia”, expresó el presidente Abinader, quien consideró que una justicia con esas características es clave para lograr cohesión social, estabilidad institucional y paz duradera. En ese sentido, defendió la cooperación regional entre países iberoamericanos como un componente esencial para el fortalecimiento de los sistemas judiciales.
El mandatario también destacó el papel central de la digitalización en esta transformación. Señaló que actualmente el sistema de justicia dominicano avanza hacia un modelo con alta interoperabilidad institucional, audiencias virtuales, centros de atención integral y mecanismos de atención remota.
Estas herramientas permiten una justicia más cercana al ciudadano, capaz de responder a los desafíos del presente con eficiencia y transparencia.
Abinader interpretó el lema de esta edición, “Una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, como un compromiso concreto con una justicia oportuna, que no posponga derechos ni retrase la esperanza de quienes dependen de sus decisiones. Sostuvo que la mora judicial, la exclusión y la desconfianza son enemigos del Estado de derecho, y que solo una justicia al día puede responder a las demandas sociales y fortalecer la democracia.
Durante el encuentro, que se desarrolla los días jueves 15 y viernes 16 de mayo, se abordarán tres ejes fundamentales para la región: eficiencia, inclusión y confiabilidad del sistema judicial.
Estos pilares guían las discusiones y propuestas que se generarán en paneles simultáneos sobre las temáticas tratadas por las Comisiones Permanentes de la Cumbre. En paralelo, se realizará por primera vez la feria tecnológica “Servicio de Justicia del Futuro”, concebida como un espacio para impulsar la digitalización de los servicios judiciales en Iberoamérica.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial de la República Dominicana, Luis Henry Molina, expresó que el objetivo de estos esfuerzos es lograr un sistema que promueva el equilibrio, la coherencia, el respeto y el sentido común de dignidad entre todos los actores del proceso judicial.
Molina sostuvo que el futuro de la justicia debe ser más abierto, más accesible y más humano, reflejando un compromiso con las transformaciones necesarias para responder a las expectativas de la sociedad contemporánea.
La XXII Cumbre Judicial Iberoamericana cuenta con la participación de representantes de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El evento se posiciona como una plataforma de diálogo y cooperación judicial, cuyo objetivo es fortalecer los sistemas de justicia como garantes de los derechos y libertades fundamentales en toda la región.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.