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Abinader dice Gobierno trabaja para impulsar la transformación del país “de una vez y para siempre”
ADVIERTE QUE EL DINERO PúBLICO SERá DE MáXIMA PROTECCIóN
El presidente Luis Abinader afirmó este jueves que el gobierno trabaja para transformar el país de una vez y para siempre, al tiempo que citó algunas de las medidas que se han tomado para la creación de empleos, en aras de alcanzar ese objetivo.
El mandatario indicó que entre esas medidas se encuentran los planes educativos, sanitarios, turísticos, el fomento de grandes inversiones públicos-privadas y las reformas de las estructuras estatales.
“Estamos examinando cada rincón del Estado para ser más eficiente en los procedimientos y en el gasto”, expresó el mandatario al participar como orador invitado y huésped de honor, en el evento virtual AmchamDR Encounters de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.
Destacó que el gobierno ha realizado en estos meses reformas y acciones que mejoran la institucionalidad de manera sustancial.
Abinader indicó que la eliminación de las estructuras paralelas, organismos superfluos y la revisión de todos los procedimientos administrativos para hacerlos más ágiles y trasparentes, puntualizó.
Advirtió que en esta administración, el dinero público será objeto de la máxima protección y nadie podrá malgastar ni un solo peso sin consecuencias.
Refiriéndose al evento virtual organizado por la Cámara Americana de Comercio, indicó que coincide con el final de este año 2020 y con el cumplimiento de más de 100 días del gobierno que preside.
Recordó que este 2020 ha marcado todo lo que han tenido que hacer y afrontar.
“Todas nuestras acciones han venido determinadas en una u otra manera por las políticas públicas que hemos tenido que desarrollar para frenar la pandemia en todos sus frentes y minimizar sus consecuencias sobre la vida de la gente”, agregó.
Precisó que en los primeros 100 días de su gestión, se ha actuado bajo dos premisas: actuar sobre la urgencia y cambiar con nuestra acción la estructura que fallaba y que no podía seguir igual.
Dijo que todos estos planes se han implementado a sabiendas de cuál era el objetivo: responder a la urgencia pero sentando las bases de una manera diferente de hacer las cosas.
El presidente precisó que “los cambios que estamos haciendo no se irán con la pandemia, permanecerán entre nosotros y ayudarán a cumplir el objetivo a largo plazo de una República Dominicana más fuerte, más universal y más justa”.
Indicó que para mantener a raya el virus se debía poder atender a toda la población sin discriminación alguna, “pero sabíamos que eso valía siempre para cualquier situación. Es por ello que incluimos a dos millones de dominicanos al seguro nacional de salud (SENASA)”.
Consideró que con esta medida se ha trasformado el sistema de salud para siempre, dando cobertura a toda la población y consagrando un modelo de salud público y universal.
Manifestó que en estos meses se ha presentado también otros planes, como el de turismo, la industrialización o el de fomento de las exportaciones, la competitividad y la educación.
El gobernante dijo que el futuro del país, depende de la formación de la juventud, y por tanto, la exhortó a no perder ni un minuto de su formación.
“Estamos movilizando una cantidad de recursos sin precedentes para sortear las dificultades de la crisis, pero también para garantizar que todos estos sectores y la población salgan más fortalecidos y mejor posicionados para el futuro más inmediato”, precisó Abinader.
Valoró la importancia que tiene para el gobierno el diálogo social, aunque advirtió que sin el apoyo todos los sectores no podrán construir el cambio verdadero y profundo a que aspira la población a largo plazo.
Resaltó entre los esfuerzos adoptados por el gobierno para reorientar la económica nacional, los acuerdos con los inversionistas, la sociedad civil, los empleadores, los sindicatos y las organizaciones internacionales, con los cuales se ha creado una alianza que comparte un objetivo primordial: crear empleo de calidad y potenciar el estado del bienestar.
“En estos meses, hemos tenido una avalancha de inversiones productivas sin precedentes en nuestro país, repartidas por todo el territorio y en todos los sectores, impactando de lleno en la vida de cada dominicano y dominicana. El mundo no tiene dudas de que invertir en República Dominicana es seguro y rentable”, indicó.
Expresó que se han dado los primeros pasos para la construcción de infraestructuras, y citó como ejemplos la autopista del Ámbar en Puerto Plata, el impulso al sector turismo con un aeropuerto y tres mil habitaciones en Pedernales y la modernización del puerto de Manzanillo que mejorará las exportaciones.
listindiario.com
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.