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Presidente aclara que no puede imponer línea en tema de tres causales.

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Santo Domingo, RD. El Poder Ejecutivo  dijo esta tarde que el tema de las tres causales divide a la sociedad dominicana y que incluso divide a las bancadas de los partidos políticos dominicanos.

«Hay que admitir que hay división en el país y en los partidos. Ese es un tema que divide a la bancada de cada una de las organizaciones», dijo el presidente dominicano.

El mandatario dijo que esperará la decisión del Congreso y se pronunciará. Además insistió en que todo el mundo conoce cuál su posición personal sobre el tema, que es la de permitir la interrumpción del embarazo en tres situaciones excepcionales.

“Este es un tema donde yo tengo que respetar la opinión de cada uno de los diputados, este no es un tema donde nosotros podemos tomar una línea. La posición que yo expliqué sobre las tres causales es mi posición personal pero esto implica temas religiosos lo cual en un partido como es el PRM, que es un partido tolerante,  yo tampoco puedo imponerles esa posición a diputados que tienen desde el punto de vista religioso otro tipo de pensamiento e idea”, dijo el presidente Abinader hoy, al responder preguntas de los periodistas en Palacio Nacional.

Defendió que su organización, el Partido Revolucionario Moderno, es partido tolerante y que por lo tanto, dentro, no se podía imponer un criterio cuando algunos de sus legisladores tienen creencias religiosas.

«Yo tampoco puedo ponerle a diputados que por religioón puedan tener una posición…», dijo el presidente a periodistas.

«Como lo hicimos en el pasado (en referencia a que sus legisladores quedarán libres para votar a conciencia). Tengo que actuar y respetar la decisión de todo el pueblo dominicano y que ya la población mayoritariamente en algun momento tome una posición», dijo el presidente de la República.

“Independientemente de que yo tenga una posición,  yo tengo que actuar y respetar las posiciones de todo el pueblo dominicano en ese sentido y que en un momento ya la población mayoritariamente tome una decisión en ese sentido”, dijo.

Con esta última parte el mandatario dominicano abrió la posibilidad de utilizar la figura del referendo, como una salida que ya ha sido planteada por parte de sus legisladores, como Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.

Las tres causales se conocen en la actualida en la Cámara de Diptuados, en una comisión especial que trata el Código Penal dominicano. Una de las opciones que se han barajado es que se trate de una ley especial para así poder permitir la aprobación con mayor rápidez del código.

Desde el jueves de la semana pasada se ha montado un campamento en las afueras del Palacio Nacional con la exigencia al Gobierno de que apoye la inclusión de las tres causales en el Código Penal. Organizaciones religiosas han convocado a una caravana para el sábado 27 de febrero en defensa «de la vida» y en contra de que se aprueben las tres causales.

La Constitución dominicana establece que se debe proteger la vida «desde la concepción y hasta la muerte», siendo este un argumento utilizado por organizaciones religiosas y sociales para oponerse a abrir la posibilidad de interrumpir el embarazo en tres situaciones excepcionales: cuando la vida de la madre corre peligro, ante violación o si el feto presenta condiciones no compatibles con la vida.

Bajo el mismo argumento de que el pueblo tenga la potestad de despenalizar el aborte bajo tres condiciones especiales, se refirió el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, quien dijo que en democracia el pueblo debe decidir mediante referéndum sobre las tres causales.

«En democracia, el pueblo decida en un referéndum sobre las tres causales dentro un proceso constitucional. Sea el pueblo que hable y no sectores aislados» indicó Castro Marte a través de su cuenta de Twitter.

En ese orden el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco en la sesión del miércoles aseguró que el tema de las tres causales se podría determinar mediante referéndum.

Esta ley que permitiría al pueblo decidir en temas de interés social está en una comisión en la cámara baja

“Hay sectores que han hablado de esa posibilidad nosotros también esperamos que en un tiempo prudente podamos tener la ley de referéndum aprobada», dijo el legislador.

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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