Santo Domingo, RD. El Poder Ejecutivo dijo esta tarde que el tema de las tres causales divide a la sociedad dominicana y que incluso divide a las bancadas de los partidos políticos dominicanos.Nacionales
Presidente aclara que no puede imponer línea en tema de tres causales.
Santo Domingo, RD. El Poder Ejecutivo dijo esta tarde que el tema de las tres causales divide a la sociedad dominicana y que incluso divide a las bancadas de los partidos políticos dominicanos.«Hay que admitir que hay división en el país y en los partidos. Ese es un tema que divide a la bancada de cada una de las organizaciones», dijo el presidente dominicano.
El mandatario dijo que esperará la decisión del Congreso y se pronunciará. Además insistió en que todo el mundo conoce cuál su posición personal sobre el tema, que es la de permitir la interrumpción del embarazo en tres situaciones excepcionales.
“Este es un tema donde yo tengo que respetar la opinión de cada uno de los diputados, este no es un tema donde nosotros podemos tomar una línea. La posición que yo expliqué sobre las tres causales es mi posición personal pero esto implica temas religiosos lo cual en un partido como es el PRM, que es un partido tolerante, yo tampoco puedo imponerles esa posición a diputados que tienen desde el punto de vista religioso otro tipo de pensamiento e idea”, dijo el presidente Abinader hoy, al responder preguntas de los periodistas en Palacio Nacional.
Defendió que su organización, el Partido Revolucionario Moderno, es partido tolerante y que por lo tanto, dentro, no se podía imponer un criterio cuando algunos de sus legisladores tienen creencias religiosas.
«Yo tampoco puedo ponerle a diputados que por religioón puedan tener una posición…», dijo el presidente a periodistas.
«Como lo hicimos en el pasado (en referencia a que sus legisladores quedarán libres para votar a conciencia). Tengo que actuar y respetar la decisión de todo el pueblo dominicano y que ya la población mayoritariamente en algun momento tome una posición», dijo el presidente de la República.
“Independientemente de que yo tenga una posición, yo tengo que actuar y respetar las posiciones de todo el pueblo dominicano en ese sentido y que en un momento ya la población mayoritariamente tome una decisión en ese sentido”, dijo.
Con esta última parte el mandatario dominicano abrió la posibilidad de utilizar la figura del referendo, como una salida que ya ha sido planteada por parte de sus legisladores, como Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
Las tres causales se conocen en la actualida en la Cámara de Diptuados, en una comisión especial que trata el Código Penal dominicano. Una de las opciones que se han barajado es que se trate de una ley especial para así poder permitir la aprobación con mayor rápidez del código.
Desde el jueves de la semana pasada se ha montado un campamento en las afueras del Palacio Nacional con la exigencia al Gobierno de que apoye la inclusión de las tres causales en el Código Penal. Organizaciones religiosas han convocado a una caravana para el sábado 27 de febrero en defensa «de la vida» y en contra de que se aprueben las tres causales.
La Constitución dominicana establece que se debe proteger la vida «desde la concepción y hasta la muerte», siendo este un argumento utilizado por organizaciones religiosas y sociales para oponerse a abrir la posibilidad de interrumpir el embarazo en tres situaciones excepcionales: cuando la vida de la madre corre peligro, ante violación o si el feto presenta condiciones no compatibles con la vida.
Bajo el mismo argumento de que el pueblo tenga la potestad de despenalizar el aborte bajo tres condiciones especiales, se refirió el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, quien dijo que en democracia el pueblo debe decidir mediante referéndum sobre las tres causales.
«En democracia, el pueblo decida en un referéndum sobre las tres causales dentro un proceso constitucional. Sea el pueblo que hable y no sectores aislados» indicó Castro Marte a través de su cuenta de Twitter.
En ese orden el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco en la sesión del miércoles aseguró que el tema de las tres causales se podría determinar mediante referéndum.
Esta ley que permitiría al pueblo decidir en temas de interés social está en una comisión en la cámara baja
“Hay sectores que han hablado de esa posibilidad nosotros también esperamos que en un tiempo prudente podamos tener la ley de referéndum aprobada», dijo el legislador.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
Las candidaturas independientes plantean retos significativos, como la viabilidad financiera y organizativa. Será crucial que las autoridades electorales establezcan mecanismos claros y accesibles para garantizar que estas nuevas opciones no solo existan en papel, sino que puedan competir de manera efectiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
La sentencia concluyó que había una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
“¡Buenas noticias para la República Dominicana! Hemos sido notificados que han sido agotados los procedimientos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo “Cielos Abiertos” entre nuestro país y los Estados Unidos”, cita el mandatario.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
Además, prometieron un aumento en la frecuencia de vuelos, tarifas más competitivas y una mayor diversidad de servicios. Según el presidente Luis Abinader, esta iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Finalmente, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional, asegurando que las aerolíneas respeten las leyes locales y adopten prácticas comerciales justas y transparentes. Además, se contempla un mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje, lo que refuerza la seguridad jurídica del pacto.