Santo Domingo, RD. El Poder Ejecutivo dijo esta tarde que el tema de las tres causales divide a la sociedad dominicana y que incluso divide a las bancadas de los partidos políticos dominicanos.Nacionales
Presidente aclara que no puede imponer línea en tema de tres causales.
Santo Domingo, RD. El Poder Ejecutivo dijo esta tarde que el tema de las tres causales divide a la sociedad dominicana y que incluso divide a las bancadas de los partidos políticos dominicanos.«Hay que admitir que hay división en el país y en los partidos. Ese es un tema que divide a la bancada de cada una de las organizaciones», dijo el presidente dominicano.
El mandatario dijo que esperará la decisión del Congreso y se pronunciará. Además insistió en que todo el mundo conoce cuál su posición personal sobre el tema, que es la de permitir la interrumpción del embarazo en tres situaciones excepcionales.
“Este es un tema donde yo tengo que respetar la opinión de cada uno de los diputados, este no es un tema donde nosotros podemos tomar una línea. La posición que yo expliqué sobre las tres causales es mi posición personal pero esto implica temas religiosos lo cual en un partido como es el PRM, que es un partido tolerante, yo tampoco puedo imponerles esa posición a diputados que tienen desde el punto de vista religioso otro tipo de pensamiento e idea”, dijo el presidente Abinader hoy, al responder preguntas de los periodistas en Palacio Nacional.
Defendió que su organización, el Partido Revolucionario Moderno, es partido tolerante y que por lo tanto, dentro, no se podía imponer un criterio cuando algunos de sus legisladores tienen creencias religiosas.
«Yo tampoco puedo ponerle a diputados que por religioón puedan tener una posición…», dijo el presidente a periodistas.
«Como lo hicimos en el pasado (en referencia a que sus legisladores quedarán libres para votar a conciencia). Tengo que actuar y respetar la decisión de todo el pueblo dominicano y que ya la población mayoritariamente en algun momento tome una posición», dijo el presidente de la República.
“Independientemente de que yo tenga una posición, yo tengo que actuar y respetar las posiciones de todo el pueblo dominicano en ese sentido y que en un momento ya la población mayoritariamente tome una decisión en ese sentido”, dijo.
Con esta última parte el mandatario dominicano abrió la posibilidad de utilizar la figura del referendo, como una salida que ya ha sido planteada por parte de sus legisladores, como Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
Las tres causales se conocen en la actualida en la Cámara de Diptuados, en una comisión especial que trata el Código Penal dominicano. Una de las opciones que se han barajado es que se trate de una ley especial para así poder permitir la aprobación con mayor rápidez del código.
Desde el jueves de la semana pasada se ha montado un campamento en las afueras del Palacio Nacional con la exigencia al Gobierno de que apoye la inclusión de las tres causales en el Código Penal. Organizaciones religiosas han convocado a una caravana para el sábado 27 de febrero en defensa «de la vida» y en contra de que se aprueben las tres causales.
La Constitución dominicana establece que se debe proteger la vida «desde la concepción y hasta la muerte», siendo este un argumento utilizado por organizaciones religiosas y sociales para oponerse a abrir la posibilidad de interrumpir el embarazo en tres situaciones excepcionales: cuando la vida de la madre corre peligro, ante violación o si el feto presenta condiciones no compatibles con la vida.
Bajo el mismo argumento de que el pueblo tenga la potestad de despenalizar el aborte bajo tres condiciones especiales, se refirió el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, quien dijo que en democracia el pueblo debe decidir mediante referéndum sobre las tres causales.
«En democracia, el pueblo decida en un referéndum sobre las tres causales dentro un proceso constitucional. Sea el pueblo que hable y no sectores aislados» indicó Castro Marte a través de su cuenta de Twitter.
En ese orden el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco en la sesión del miércoles aseguró que el tema de las tres causales se podría determinar mediante referéndum.
Esta ley que permitiría al pueblo decidir en temas de interés social está en una comisión en la cámara baja
“Hay sectores que han hablado de esa posibilidad nosotros también esperamos que en un tiempo prudente podamos tener la ley de referéndum aprobada», dijo el legislador.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.