Santo Domingo, RD.-Tres decretos fueron emitidos este jueves por el presidente Luis Abinader en los que se disponen la entrega en extradición de tres dominicanos solicitados por el gobierno de los Estados Unidos.Nacionales
Disponen extradición de dominicanos por posesión y distribución de cocaína.
Santo Domingo, RD.-Tres decretos fueron emitidos este jueves por el presidente Luis Abinader en los que se disponen la entrega en extradición de tres dominicanos solicitados por el gobierno de los Estados Unidos.Mediante los decretos 125-23, 126-23 y 127-23, el Poder Ejecutivo dispone la entrega de los nacionales dominicanos Darío Jiménez Castillo, alias El Don, Tomás Vásquez Mejía y Erasmo Martínez Trinidad, alias Eramo, acusados entre otras cosas de distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contiene cocaína, en violación al título 21 del Código de los Estados Unidos.
Darío Jiménez Castillo, cuya extradición se encuentra en el decreto 125-23, fue solicitado en octubre de 2017 mediante una nota diplomática por el gobierno estadunidense, acusado de cuatro cargos en el caso núm. 14-20504 CR-ALTONAGA.
Entre los cargos que se le imputan a Jiménez están confabulación para importar en los Estados Unidos desde el exterior, cinco kilogramos de una mezcla con una cantidad detectable de cocaína; importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera de ella cinco kilogramos de cocaína, como también de confabulación para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en territorio estadounidense.
Todos los cargos de los que se le encarta a Jiménez Castillo, se encuentran tipificados en violación al Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Tomás Vásquez Mejía, entrega dispuesta mediante el decreto 126-23, fue solicitado por el país norteamericano en diciembre de 2021, sobre Vásquez Mejía pesan tres imputaciones en el caso núm. 21-239 (PAD).
Las acusaciones en contra de Vásquez Mejía son tres, la primera de ellas relacionada a la asociación para fabricar y distribuir cinco kilogramos de cocaína o más, “a sabiendas de o teniendo motivos razonables para saber que dicha mezcla o sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos o hacia aguas dentro de una distancia de doce millas de la costa de los Estados Unidos”. Asimismo, importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína.
Ambas acusaciones violan el Título 21, del Código de los Estados Unidos. Mientras que en violación al Título 46, del Código de los Estados Unidos, se le acusa de “poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína estando a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos”.
En tanto, que en el decreto 127-23, se pone a disposición la entrega en extradición de Erasmo Martínez Trinidad, cuya solicitud por parte de Estados Unidos fue realizada en fecha mayo de 2018, tras ser imputado en el caso núm. 14-448 (FAB).
Martínez Trinidad es acusado de poseer con intención de distribuir en exceso de cinco kilogramos de una mezcla con características detectables de cocaína en violación al título 21 del Código de los Estados Unidos.
Asimismo, de posesión con la intención de “distribuir en exceso de cinco kilogramos de una mezcla o sustancia que contiene cantidades detectables de cocaína y por asistir y ser cómplice en violación del título 21 y 18, el titulo sección 2, del código de los Estados Unidos”.
El Estado dominicano dispuso la entrega de los tres nacionales dominicanos bajo la condición de que no serán juzgados “bajo ninguna circunstancia” de imputaciones diferentes a las solicitadas, ni se les aplicará una pena superior a la establecida en la legislación dominicana, ni pena de muerte.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.