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Disponen extradición de dominicanos por posesión y distribución de cocaína.

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Santo Domingo, RD.-Tres decretos fueron emitidos este jueves por el presidente Luis Abinader en los que se disponen la entrega en extradición de tres dominicanos solicitados por el gobierno de los Estados Unidos.

Mediante los decretos 125-23, 126-23 y 127-23, el Poder Ejecutivo dispone la entrega de los nacionales dominicanos Darío Jiménez Castillo, alias El Don, Tomás Vásquez Mejía y Erasmo Martínez Trinidad, alias Eramo, acusados entre otras cosas de distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contiene cocaína, en violación al título 21 del Código de los Estados Unidos.

Darío Jiménez Castillo, cuya extradición se encuentra en el decreto 125-23, fue solicitado en octubre de 2017 mediante una nota diplomática por el gobierno estadunidense, acusado de cuatro cargos en el caso núm. 14-20504 CR-ALTONAGA.

Entre los cargos que se le imputan a Jiménez están confabulación para importar en los Estados Unidos desde el exterior, cinco kilogramos de una mezcla con una cantidad detectable de cocaína; importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera de ella cinco kilogramos de cocaína, como también de confabulación para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en territorio estadounidense.

Todos los cargos de los que se le encarta a Jiménez Castillo, se encuentran tipificados en violación al Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Tomás Vásquez Mejía, entrega dispuesta mediante el decreto 126-23, fue solicitado por el país norteamericano en diciembre de 2021, sobre Vásquez Mejía pesan tres imputaciones en el  caso núm. 21-239 (PAD).

Las acusaciones en contra de Vásquez Mejía son tres, la primera de ellas relacionada a la asociación para fabricar y distribuir cinco kilogramos de cocaína o más, “a sabiendas de o teniendo motivos razonables para saber que dicha mezcla o sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos o hacia aguas dentro de una distancia de doce millas de la costa de los Estados Unidos”. Asimismo, importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína.

Ambas acusaciones violan el Título 21, del Código de los Estados Unidos. Mientras que en violación al Título 46, del Código de los Estados Unidos, se le acusa de “poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína estando a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos”.

En tanto, que en el decreto 127-23, se pone a disposición la entrega en extradición de Erasmo Martínez Trinidad, cuya solicitud por parte de Estados Unidos fue realizada en fecha mayo de 2018, tras ser imputado en el caso núm. 14-448 (FAB).

Martínez Trinidad es acusado de poseer con intención de distribuir en exceso de cinco kilogramos de una mezcla con características detectables de cocaína en violación al título 21 del Código de los Estados Unidos.

Asimismo, de posesión con la intención de “distribuir en exceso de cinco kilogramos de una mezcla o sustancia que contiene cantidades detectables de cocaína y por asistir y ser cómplice en violación del título 21 y 18, el titulo sección 2, del código de los Estados Unidos”.

El Estado dominicano dispuso la entrega de los tres nacionales dominicanos bajo la condición de que no serán juzgados “bajo ninguna circunstancia” de imputaciones diferentes a las solicitadas, ni se les aplicará una pena superior a la establecida en la legislación dominicana, ni pena de muerte.

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Legisladores aprueban otro préstamo de 160 millones de dólares en el último día de la legislatura

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Santo Domingo, R.D.-La agresiva política de endeudamiento del Gobierno sigue su agitado curso y La Cámara de Diputados aprobó este jueves, el último día de la legislatura ordinaria, tres convenios de préstamos propuestos por el Poder Ejecutivo que suman en total 160 millones de dólares estadounidenses.

Según indican los documentos de estos contratos, el Gobierno solicitó la aprobación de los diputados para ejecutarlos en la implementación del Plan de Reforma y Modernización del Estado y el mejoramiento de los sistemas nacionales de distribución eléctrica.

Estos préstamos son aprobados antes de marcar el cierre de los trabajos legislativos, que serán reanudados el próximo 16 de agosto con la juramentación del presidente Luis Abinader. Ese día también asumen los legisladores electos y relectos en las pasadas elecciones del 19 de mayo.

El préstamo más costoso es de 120 millones de dólares, suscrito entre el Gobierno dominicano y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), y estará dirigido al financiamiento del mejoramiento de los sistemas de distribución energética del país.

Se tiene contemplado que esta partida sea enviada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) para su ejecución.

Asimismo, edificar infraestructuras en condiciones sostenibles que no afecten al medioambiente y garantizar el suministro eléctrico ante el crecimiento de la demanda en el territorio nacional.

Este empréstito fue dividido en dos contratos suscritos y depositados en el órgano legislativo en el mismo día, cada uno por 60 millones de dólares. La primera cuota se pagará el 15 de diciembre de 2028 y la última cuota el 15 de junio de 2043. El plazo del préstamo es de hasta 25 años, incluyendo hasta cinco años de periodo de gracia.

40 millones de dólares

Mientras que el otro, que contempla una entrega de 40 millones de dólares, permitirá el desarrollo el Proyecto del Plan de Reforma y Modernización del Estado, correspondiente al Ministerio de Administración Pública (MAP).

La pieza busca con este dinero mejorar la eficiencia, accesibilidad y capacidad de respuesta de los servicios administrativos seleccionados para los ciudadanos y las empresas.

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Fraudes en la TSS por más de RD$60 millones pesos.

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Santo Domingo, R.D.-Cincuenta y seis denuncias de fraudes presentó la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ante el Ministerio Público, los cuales fueron detectados  en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en virtud de la competencia que le otorga la Ley 13-20, cuyas  irregularidades ya llegan a 288.

Según datos de la TSS, la cantidad de registros fraudulentos identificados asciende a 13,120, lo que representó un perjuicio económico para el SDSS de RD$ 60,870,790.68.

«Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87-01 y sus modificaciones, desde la Tesorería de la Seguridad Social hacemos un monitoreo constante de los registros realizados por los empleadores en el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), para poder detectar la evasión, omisión, elusión y el fraude al seguro familiar de salud y denunciar ante las autoridades correspondientes a quienes atentan contra el equilibrio económico y financiero del Sistema a través de la comercialización ilícita del seguro familiar de salud del régimen contributivo”, puntualizó Henry Sahdalá, tesorero de la Seguridad Social.

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Recomiendan a ADP no solicitar lista de docentes desvinculados por acoso.

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Santo Domingo, R.D.-La Asociación Dominicana de Profesores (ADP)El fue advertida por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd)  que no puede proporcionarle los nombres de los docentes que fueron desvinculados y suspendidos por acoso sexual debido a que es una información confidencial, cuya divulgación podría vulnerar el derecho a la privacidad de las personas involucradas.

A través de una comunicación remitida al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, la cartera educativa dio respuesta a la solicitud que hizo el gremio magisterial de una lista con los nombres de los 32 docentes que fueron apartados del sistema educativo.

El Minerd indicó al colectivo que, aunque comprende su interés en conocer los nombres de los maestros afectados, la Ley General de libre Acceso a la Información Pública No. 200-04; el Decreto No. 130-05 y la Resolución No. 17-2019 consideran esa información confidencial.

En la comunicación, el Minerd enfatiza que “mantiene un firme compromiso con la lucha contra el acoso sexual en el ámbito educativo”.

“Contamos con políticas y procedimientos establecidos para prevenir, atender y sancionar este tipo de conductas, y trabajamos constantemente para crear un ambiente escolar seguro y respetuoso para todos los estudiantes y docentes, esfuerzo en el cual siempre hemos contado con la buena disposición de la ADP”, precisa la institución.

“Estas entidades tienen facultad legal para investigar y procesar casos de acoso sexual, y pueden proporcionarle la información que necesita en el marco de sus investigaciones”, indica la carta.

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