Santo Domingo, RD.-Tres decretos fueron emitidos este jueves por el presidente Luis Abinader en los que se disponen la entrega en extradición de tres dominicanos solicitados por el gobierno de los Estados Unidos.Nacionales
Disponen extradición de dominicanos por posesión y distribución de cocaína.
Santo Domingo, RD.-Tres decretos fueron emitidos este jueves por el presidente Luis Abinader en los que se disponen la entrega en extradición de tres dominicanos solicitados por el gobierno de los Estados Unidos.Mediante los decretos 125-23, 126-23 y 127-23, el Poder Ejecutivo dispone la entrega de los nacionales dominicanos Darío Jiménez Castillo, alias El Don, Tomás Vásquez Mejía y Erasmo Martínez Trinidad, alias Eramo, acusados entre otras cosas de distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contiene cocaína, en violación al título 21 del Código de los Estados Unidos.
Darío Jiménez Castillo, cuya extradición se encuentra en el decreto 125-23, fue solicitado en octubre de 2017 mediante una nota diplomática por el gobierno estadunidense, acusado de cuatro cargos en el caso núm. 14-20504 CR-ALTONAGA.
Entre los cargos que se le imputan a Jiménez están confabulación para importar en los Estados Unidos desde el exterior, cinco kilogramos de una mezcla con una cantidad detectable de cocaína; importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera de ella cinco kilogramos de cocaína, como también de confabulación para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en territorio estadounidense.
Todos los cargos de los que se le encarta a Jiménez Castillo, se encuentran tipificados en violación al Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Tomás Vásquez Mejía, entrega dispuesta mediante el decreto 126-23, fue solicitado por el país norteamericano en diciembre de 2021, sobre Vásquez Mejía pesan tres imputaciones en el caso núm. 21-239 (PAD).
Las acusaciones en contra de Vásquez Mejía son tres, la primera de ellas relacionada a la asociación para fabricar y distribuir cinco kilogramos de cocaína o más, “a sabiendas de o teniendo motivos razonables para saber que dicha mezcla o sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos o hacia aguas dentro de una distancia de doce millas de la costa de los Estados Unidos”. Asimismo, importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína.
Ambas acusaciones violan el Título 21, del Código de los Estados Unidos. Mientras que en violación al Título 46, del Código de los Estados Unidos, se le acusa de “poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína estando a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos”.
En tanto, que en el decreto 127-23, se pone a disposición la entrega en extradición de Erasmo Martínez Trinidad, cuya solicitud por parte de Estados Unidos fue realizada en fecha mayo de 2018, tras ser imputado en el caso núm. 14-448 (FAB).
Martínez Trinidad es acusado de poseer con intención de distribuir en exceso de cinco kilogramos de una mezcla con características detectables de cocaína en violación al título 21 del Código de los Estados Unidos.
Asimismo, de posesión con la intención de “distribuir en exceso de cinco kilogramos de una mezcla o sustancia que contiene cantidades detectables de cocaína y por asistir y ser cómplice en violación del título 21 y 18, el titulo sección 2, del código de los Estados Unidos”.
El Estado dominicano dispuso la entrega de los tres nacionales dominicanos bajo la condición de que no serán juzgados “bajo ninguna circunstancia” de imputaciones diferentes a las solicitadas, ni se les aplicará una pena superior a la establecida en la legislación dominicana, ni pena de muerte.
SANTO DOMINGO.- Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, confirmó este martes que fue amenazada vía WhatsApp por una persona que no identificó y que le advirtió de que podría mandar a matar a un hijo de la funcionaria si ésta «tocaba a su gente» en las cárceles.
En declaraciones a la prensa, Germán Brito explicó que una persona le envió un mensaje por la citada red indicándole que «si le tocaban a su gente en las cárceles eso se iba a resolver con sangre» y no era la de la magistrada.
«Yo le puedo mandar a matar a su hijo», dijo la persona, de acuerdo con lo declarado por la funcionaria.
Ya la semana pasada el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, informó de que las autoridades investigaban una supuesta amenaza a la procuradora general por parte de un presunto narcotraficante residente en España.
En sus declaraciones, el presidente de la DNCD dijo que «una amenaza» a la procuradora general «es una amenaza al Estado, al Gobierno y, de manera particular», a él mismo como responsable de la agencia antidrogas dominicana.
No obstante, «ninguna decisión ni ningún comentario del crimen organizado nos va a atemorizar», adviritó.
Sobre este tema también se pronunció la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, quien afirmó que la actual gestión del órgano persecutor ha realizado catorce operaciones contra el crimen organizado, lo que, «evidentemente, genera algún tipo de reacción en los sectores vinculados».
No obstante, afirmó, el Ministerio Público «no tiene temor».
Santo Domingo, E.D.-El video en el que se puede ver el momento en que el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés mata al comunidad Manuel Duncan será discutido en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La presidenta del tribunal Airlin Ventura Jiménez, mediante resolución núm. 249-05-2023-SADM-00021, admitió para hacer valer en juicio como prueba audiovisual y/o digital del Ministerio Público, un disco versátil digital (DVD-R), marca Leader, de color plateado de 4.7 GB como prueba 29 de la acusación en contra del imputado.
El tribunal señala que el Ministerio Público pretende probar con esta prueba que este es el mismo que contiene las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar donde resultó muerto la víctima Taveras Duncan como consecuencia del crimen cometido por el acusado Félix Alburquerque Comprés, así como las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, rechazó esa prueba como evidencia, cuando dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado, a la vez que excluyó varios testigos.
La jueza consideró para excluir ese video que su obtención no se realizó “por un medio lícito ni con observancia de las formas y condiciones exigidas por las disposiciones procesales que rigen la materia”, citando los artículos 166 sobre la legalidad de las pruebas y el 167 sobre la exclusión probatoria.
El referido video muestra el momento en que la madrugada del 19 de agosto de 2022, a las 2:37 de la madrugada, Duncan huye y se esconde detrás de una banca de apuesta que se encontraba cerrada, mientras es perseguido por un individuo, supuestamente, el vicealmirante retirado. En esa situación Duncan trata de sorprenderlo, el agresor reacciona, le dispara, lo hiere y cuando Duncan está tendido en el piso, lo remata de un disparo.
Igualmente, el tribunal en cuanto al fondo, por los motivos expuestos en el cuerpo acogió en parte la solicitud de reconsideración formulada por el ministerio público, sobre la exclusión probatoria que realizara el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante la resolución de auto de apertura a juicio número 058-2023- SPRE-00103 de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), a cargo del acusado Félix Alburquerque Comprés, por supuesta violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Taveras Duncan.
También admitió para hacer valer en juicio como pruebas testimoniales del ministerio público al raso, Isaac Abraham Rosado Marte, P.N. (Prueba 8 acusación), dominicano, miembro de la Policía Nacional, técnico digital del DICAT, con el cual pretende probar la legal colección de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en la escena donde resultó muerto la víctima como consecuencia del crimen cometido por Alburquerque Comprés.
Igualmente, al asimilado, José Hernández, P.N. (Prueba 9 acusación), dominicano, miembro de la Policía Nacional, técnico digital del DICAT, con el cual pretende probar: el análisis realizado a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar donde resultó muerto la víctima l Taveras Duncan como consecuencia del crimen cometido por el acusado Alburquerque Comprés, entre otros testigos.
Santo Domingo, E.D.-La resolución numero 14-2022 fue anulada por el Tribunal Constitucional “sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, emitida por el Ministerio de Trabajo el 25 de agosto de 2022 para regular el oficio de las trabajadoras domésticas.
El Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la resolución por el abogado Luis Vilchez Bournigal.
“ACOGER la acción de inconstitucionalidad anteriormente descrita y, en consecuencia, DECLARAR, no conforme con la Constitución, la Resolución núm. 14-2022, sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), emitida por el Ministerio de Trabajo del veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022), por los motivos expuestos.”, dispuso el TC en el dispositivo segundo de la sentencia.
Esta resolución, la 14-2022, establece que ambas partes (empleador y trabajadora) determinarán las horas en las que las trabajadoras domésticas presentaran sus servicios, quedando estipulado de manera clara en el contrato de trabajo, incluido los descansos dentro de la jornada que preste el trabajador en un mismo día.
Además de que los trabajadores y trabajadoras deberán tener un descanso de 36 horas a la semana, de acuerdo con los términos del contrato.
De igual forma, indica que el salario de los trabajadores domésticos sea preferiblemente pagado en efectivo, en la fecha acordada por las partes, en periodos que nunca serán mayor a un mes de labores. El pago podrá efectuarse a través de cualquier medio legal, siempre y cuando sea con el consentimiento del trabajador.
Además, que el trabajador y trabajadora doméstica gozará el derecho a un salario de Navidad, a más tardar el 20 de diciembre de cada año.
Asimismo, el Tribunal Constitucional, a través de esta medida, ordenó la comunicación de la sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, señor Luis Vilchez Bournigal; al Ministerio de Trabajo, al Congreso Nacional y a la Procuraduría General de la República.
El dispositivo de la decisión fue publicado este martes, en el comunicado 35-23, a través de la página web del TC, el cual no contiene las motivaciones del fallo. La decisión contiene votos particulares.
El TC declaró el procedimiento libre de costas, con base en las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley número 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.