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Abinader orgulloso de incautación por parte de la DNCD de 226 mil kg de drogas y 182 mil arrestos en los últimos cinco años

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Santo Domingo.- Gobierno está orondo de que entre 2020 y 2025, periodo que abarca la gestión  de gobierno de Luis Abinader, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) haya decomisado 226,046 kilogramos de drogas mediante operativos nacionales e internacionales, de cuyo total, que llega a 158,672.94 kilos fueron ocupados en territorio dominicano y 67,373.79  en el extranjero, gracias a acciones conjuntas de inteligencia.

El mandatario destacó además la incautación de 144 embarcaciones, 13,446 vehículos, 1,596 armas de fuego, siete aeronaves y activos financieros que superan los USD$13 millones y más de RD$188 millones. Señaló que, en este mismo período, fueron detenidas 182,815 personas vinculadas a delitos de narcotráfico, microtráfico, lavado de activos y actividades conexas.

Estas informaciones las ofreció el presidente Abinader durante LA Semanal con la Prensa que se desarrolla cada lunes en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional y que hoy tuvo como título “La lucha continúa”.

En el Ambinto Internacional

En el ámbito internacional, el jefe de Estado resaltó la extradición de 170 prófugos requeridos por tribunales estadounidenses y 72 deportaciones adicionales, lo que coloca a la República Dominicana en la tercera posición mundial en cooperación con el U.S. Marshals Service, en coordinación con agencias como la DEA, FBI, Homeland Security Investigations e INTERPOL.

El presidente destacó además la creación del Departamento sobre Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, la implementación de un Centro Especializado de Documentación e Inteligencia Técnica —primero en la región—, y el impulso a la reforma integral de la Ley 50-88, que contempla sanciones más severas, la creación de tribunales especializados y medidas de prevención con enfoque en salud pública.

Control químico y precursores

En materia de control químico y precursores, se implementaron controles preventivos a empresas y solicitantes de nuevas licencias, el Proyecto Digital DNCD para validación de prescripciones, el remozamiento de depósitos y sustancias médicas controladas, la resolución 001-2025 para ajuste de servicios, y el decreto 275-21 para la eliminación de alcohol adulterado, previniendo la diversión de materiales hacia la producción ilícita.

Formación Académica

La formación académica ha sido clave: se realizaron 885 actividades como cursos, talleres, diplomados y charlas, impactando a 48.163 personas, con un enfoque en prevención y fortalecimiento técnico. Paralelamente, la Ruta de la Prevención (Piloto), dirigida a niños, adolescentes y jóvenes de poblaciones vulnerables, ha alcanzado a 450 estudiantes en 49 centros educativos, capacitando a 48 profesionales (directores y psicólogos) en un modelo multisectorial que involucra líderes comunitarios.

Tráfico interno de drogas

En operaciones contra el tráfico interno de drogas para consumo (OCTCI), se ejecutaron 9.685 allanamientos y 921.823 intervenciones en espacios públicos, resultando en 171.206 personas detenidas vinculadas a microtráfico y delitos conexos, con la incautación de más de 46,6 millones de gramos de drogas.

Los decomisos adicionales suman RD$145 millones, US$595 mil y EUR 1.512, junto con 1.443 armas de fuego, armas blancas, vehículos, motocicletas, teléfonos, radios de comunicación, chalecos antibalas, balanzas y máquinas tragamonedas. Todo ello respaldado por una modernización tecnológica y táctica para la seguridad nacional.

Puertos y aeropuertos

En puertos y aeropuertos, se reforzó la vigilancia con agentes antinarcóticos y unidades caninas en instalaciones clave como aeropuertos en las Américas, Punta Cana, Cibao, Puerto Plata, Haina Oriental y Montecristi. La coordinación con la Armada Nacional incorporó innovaciones como el sistema automatizado de inspección, permitiendo la detección de cargamentos contaminados, como cocaína líquida oculta en un set de dominó destinado a Europa. Esto derivó en 21 operaciones conjuntas lideradas por la PGR (14 allanamientos y 7 detecciones), con 75 personas detenidas.

La República Dominicana ocupa la tercera posición global en cooperación de extradiciones con la Agencia U.S. Marshals. Además, se cumplió con las Convenciones de Viena (1988) y Palermo (2000), brindando asistencia jurídica a México, Alemania, Lituania, Suiza, Italia, Francia, Colombia, El Salvador y Países Bajos, consolidando la confianza con países aliados.

Finalmente, en innovación y recursos humanos, se modernizó el Centro Regional de Entrenamiento Avanzado (virtual, gimnasio, piscina, cancha), se creó la Unidad Deportiva y la Unidad Canina para 47 embarques operativos y otros, y se estableció la carrera del agente DNCD mediante el Decreto 301-23. Desde 2020, se incorporaron 758 nuevos agentes, con apoyo en materia de bienestar.

Estos resultados no solo salvan vidas y protegen comunidades, sino que posicionan a la República Dominicana como un baluarte en la guerra global contra las drogas. La lucha continúa, con Abinader reafirmando: «Nuestra victoria es colectiva y permanente».

Dirección de Prensa del Presidente

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Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio

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SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.

Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.

Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.

Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Centro Kogland fue clausurado

El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.

La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.

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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.

La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.

En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.

La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.

Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.

La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.

Motivos para la prórroga

Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.

Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.

Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.

El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».

La acusación sostiene que  Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.

El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.

Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.

A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.

El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.

Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.

Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.

La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.

De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.

“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.

Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.

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