Nacionales
Abinader orgulloso de incautación por parte de la DNCD de 226 mil kg de drogas y 182 mil arrestos en los últimos cinco años
Santo Domingo.- Gobierno está orondo de que entre 2020 y 2025, periodo que abarca la gestión de gobierno de Luis Abinader, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) haya decomisado 226,046 kilogramos de drogas mediante operativos nacionales e internacionales, de cuyo total, que llega a 158,672.94 kilos fueron ocupados en territorio dominicano y 67,373.79 en el extranjero, gracias a acciones conjuntas de inteligencia.
El mandatario destacó además la incautación de 144 embarcaciones, 13,446 vehículos, 1,596 armas de fuego, siete aeronaves y activos financieros que superan los USD$13 millones y más de RD$188 millones. Señaló que, en este mismo período, fueron detenidas 182,815 personas vinculadas a delitos de narcotráfico, microtráfico, lavado de activos y actividades conexas.
Estas informaciones las ofreció el presidente Abinader durante LA Semanal con la Prensa que se desarrolla cada lunes en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional y que hoy tuvo como título “La lucha continúa”.
En el Ambinto Internacional
En el ámbito internacional, el jefe de Estado resaltó la extradición de 170 prófugos requeridos por tribunales estadounidenses y 72 deportaciones adicionales, lo que coloca a la República Dominicana en la tercera posición mundial en cooperación con el U.S. Marshals Service, en coordinación con agencias como la DEA, FBI, Homeland Security Investigations e INTERPOL.
El presidente destacó además la creación del Departamento sobre Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, la implementación de un Centro Especializado de Documentación e Inteligencia Técnica —primero en la región—, y el impulso a la reforma integral de la Ley 50-88, que contempla sanciones más severas, la creación de tribunales especializados y medidas de prevención con enfoque en salud pública.
Control químico y precursores
En materia de control químico y precursores, se implementaron controles preventivos a empresas y solicitantes de nuevas licencias, el Proyecto Digital DNCD para validación de prescripciones, el remozamiento de depósitos y sustancias médicas controladas, la resolución 001-2025 para ajuste de servicios, y el decreto 275-21 para la eliminación de alcohol adulterado, previniendo la diversión de materiales hacia la producción ilícita.
Formación Académica
La formación académica ha sido clave: se realizaron 885 actividades como cursos, talleres, diplomados y charlas, impactando a 48.163 personas, con un enfoque en prevención y fortalecimiento técnico. Paralelamente, la Ruta de la Prevención (Piloto), dirigida a niños, adolescentes y jóvenes de poblaciones vulnerables, ha alcanzado a 450 estudiantes en 49 centros educativos, capacitando a 48 profesionales (directores y psicólogos) en un modelo multisectorial que involucra líderes comunitarios.
Tráfico interno de drogas
En operaciones contra el tráfico interno de drogas para consumo (OCTCI), se ejecutaron 9.685 allanamientos y 921.823 intervenciones en espacios públicos, resultando en 171.206 personas detenidas vinculadas a microtráfico y delitos conexos, con la incautación de más de 46,6 millones de gramos de drogas.
Los decomisos adicionales suman RD$145 millones, US$595 mil y EUR 1.512, junto con 1.443 armas de fuego, armas blancas, vehículos, motocicletas, teléfonos, radios de comunicación, chalecos antibalas, balanzas y máquinas tragamonedas. Todo ello respaldado por una modernización tecnológica y táctica para la seguridad nacional.
Puertos y aeropuertos
En puertos y aeropuertos, se reforzó la vigilancia con agentes antinarcóticos y unidades caninas en instalaciones clave como aeropuertos en las Américas, Punta Cana, Cibao, Puerto Plata, Haina Oriental y Montecristi. La coordinación con la Armada Nacional incorporó innovaciones como el sistema automatizado de inspección, permitiendo la detección de cargamentos contaminados, como cocaína líquida oculta en un set de dominó destinado a Europa. Esto derivó en 21 operaciones conjuntas lideradas por la PGR (14 allanamientos y 7 detecciones), con 75 personas detenidas.
La República Dominicana ocupa la tercera posición global en cooperación de extradiciones con la Agencia U.S. Marshals. Además, se cumplió con las Convenciones de Viena (1988) y Palermo (2000), brindando asistencia jurídica a México, Alemania, Lituania, Suiza, Italia, Francia, Colombia, El Salvador y Países Bajos, consolidando la confianza con países aliados.
Finalmente, en innovación y recursos humanos, se modernizó el Centro Regional de Entrenamiento Avanzado (virtual, gimnasio, piscina, cancha), se creó la Unidad Deportiva y la Unidad Canina para 47 embarques operativos y otros, y se estableció la carrera del agente DNCD mediante el Decreto 301-23. Desde 2020, se incorporaron 758 nuevos agentes, con apoyo en materia de bienestar.
Estos resultados no solo salvan vidas y protegen comunidades, sino que posicionan a la República Dominicana como un baluarte en la guerra global contra las drogas. La lucha continúa, con Abinader reafirmando: «Nuestra victoria es colectiva y permanente».
Dirección de Prensa del Presidente
Nacionales
Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
- Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
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Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.