Santo Domingo, R.D.-Fue firmado este lunes por el presidente Luis Abinader junto al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, a través del que se ejecutarán una serie de medidas que buscan reducir las muertes por accidentes de tránsito en un 50% para el año 2030.
Desde el Palacio Nacional durante el espacio LA Semanal, el mandatario dijo que este pacto busca involucrar actores de toda la sociedad, donde se reformulará un nuevo plan nacional de seguridad vial 2025-2030 que contemple medidas oportunas, sostenible y de pacto para cambiar el estado de la seguridad vial en el corto, mediano y largo plazo.
Ante esto, el director del Intrant explicó una serie de medidas que se estarán ejecutando de manera inmediata o partir de 2025.
Morrison declaró que a partir del primero de enero de 2025, todo conductor que no tenga una infracción va a recibir un descuento cuando vaya a renovar su licencia de conducir, esto con el objetivo de premiar a los que lo hacen bien.
Aunque no especificó el descuento, declaró que “por primera vez se lanza un programa de este tipo, auspiciado por el presidente”.
El funcionario declaró que aunque en República dominicana existe un equipo de trabajo a través de la Comisión Militar y Policial (Comipol), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Intrant; “a través de esta acción se crea una sinergia entre la unidades de patrullaje” para que a partir del primero de enero de 2025 el país tenga una red de patrullaje moderna orientada para atacar los puntos críticos en carretera y en vías urbanas donde se ha identificado en el mapa de calor que hay mayores niveles de siniestralidad.
Morrison declaró que dentro de las acciones inmediatas está la creación de un departamento destinado a brindar apoyo psicológico y legal a los familiares de personas que hayan fallecido en un accidente de tránsito.
Destacó que esta medida entra en función en el marco de la Semana de la Seguridad Vial que inició este lunes.
Inclusión en el pensum escolar la educación vial
A pesar de que la asignatura de se ha estado implementado en las tandas extendidas, Milton Morrison anunció que a partir del próximo mes de enero empezará a impartirse de manera amplia en el territorio nacional, lo que “va a producir un cambio fundamental en términos de las generaciones por venir en cuanto a la educación vial”.
Digitalización del sistema de multas de tránsito
A partir del 1 junio 2025, se prevé la digitalización del sistema de multas de tránsito “ya será cosa del pasado que un Digesett toma una libreta y hace eso”. Esto será implementado junto a la Digesset, la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Morrison declaró que el Intrant donará a la Digesett más de 3,000 tabletas que van a ser utilizadas para la digitalización del sistema de multas de tránsito.
Otras medidas que el Gobierno y el Intrant tienen previstas son la aplicación de multas de tránsito por puntos, según ley 63-17, a partir de 1 junio 2025; y la licencia de conducir por puntos, a partir de 1 julio 2025.
En tanto que, el presidente Abinader mencionó consensuaran una posible modificación en la Ley 63-17 para mejoras de la misma.
“Ya el presidente anuncio que hay una serie de oportunidades para mejora en la misma ley y por eso, como iniciamos este tema que va a derivar en un plan nacional de seguridad vial con la participación de todos los sectores, en seis meses tenemos que presentar cualquier modificación a la ley que vaya conforme y cuando acordemos lo que se va a modificar en el país se va a aplicar la multa que diga la ley 63-17”, dijo Morrison.
Firma del pacto
El Pacto Nacional por la Seguridad Vial fue firmado por el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache; el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre; Miguel Jiménez, representante de Movido RD; Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra) y el vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Ángel Oviedo Ogando.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.