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Firman Pacto Nacional por la Seguridad Vial.
Santo Domingo, R.D.-Fue firmado este lunes por el presidente Luis Abinader junto al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, a través del que se ejecutarán una serie de medidas que buscan reducir las muertes por accidentes de tránsito en un 50% para el año 2030.
Desde el Palacio Nacional durante el espacio LA Semanal, el mandatario dijo que este pacto busca involucrar actores de toda la sociedad, donde se reformulará un nuevo plan nacional de seguridad vial 2025-2030 que contemple medidas oportunas, sostenible y de pacto para cambiar el estado de la seguridad vial en el corto, mediano y largo plazo.
Ante esto, el director del Intrant explicó una serie de medidas que se estarán ejecutando de manera inmediata o partir de 2025.
Morrison declaró que a partir del primero de enero de 2025, todo conductor que no tenga una infracción va a recibir un descuento cuando vaya a renovar su licencia de conducir, esto con el objetivo de premiar a los que lo hacen bien.
Aunque no especificó el descuento, declaró que “por primera vez se lanza un programa de este tipo, auspiciado por el presidente”.
El funcionario declaró que aunque en República dominicana existe un equipo de trabajo a través de la Comisión Militar y Policial (Comipol), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Intrant; “a través de esta acción se crea una sinergia entre la unidades de patrullaje” para que a partir del primero de enero de 2025 el país tenga una red de patrullaje moderna orientada para atacar los puntos críticos en carretera y en vías urbanas donde se ha identificado en el mapa de calor que hay mayores niveles de siniestralidad.
Morrison declaró que dentro de las acciones inmediatas está la creación de un departamento destinado a brindar apoyo psicológico y legal a los familiares de personas que hayan fallecido en un accidente de tránsito.
Destacó que esta medida entra en función en el marco de la Semana de la Seguridad Vial que inició este lunes.
Inclusión en el pensum escolar la educación vial
A pesar de que la asignatura de se ha estado implementado en las tandas extendidas, Milton Morrison anunció que a partir del próximo mes de enero empezará a impartirse de manera amplia en el territorio nacional, lo que “va a producir un cambio fundamental en términos de las generaciones por venir en cuanto a la educación vial”.
Digitalización del sistema de multas de tránsito
A partir del 1 junio 2025, se prevé la digitalización del sistema de multas de tránsito “ya será cosa del pasado que un Digesett toma una libreta y hace eso”. Esto será implementado junto a la Digesset, la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Morrison declaró que el Intrant donará a la Digesett más de 3,000 tabletas que van a ser utilizadas para la digitalización del sistema de multas de tránsito.
Otras medidas que el Gobierno y el Intrant tienen previstas son la aplicación de multas de tránsito por puntos, según ley 63-17, a partir de 1 junio 2025; y la licencia de conducir por puntos, a partir de 1 julio 2025.
En tanto que, el presidente Abinader mencionó consensuaran una posible modificación en la Ley 63-17 para mejoras de la misma.
“Ya el presidente anuncio que hay una serie de oportunidades para mejora en la misma ley y por eso, como iniciamos este tema que va a derivar en un plan nacional de seguridad vial con la participación de todos los sectores, en seis meses tenemos que presentar cualquier modificación a la ley que vaya conforme y cuando acordemos lo que se va a modificar en el país se va a aplicar la multa que diga la ley 63-17”, dijo Morrison.
Firma del pacto
El Pacto Nacional por la Seguridad Vial fue firmado por el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache; el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre; Miguel Jiménez, representante de Movido RD; Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra) y el vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Ángel Oviedo Ogando.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.