Nacionales
Firman Pacto Nacional por la Seguridad Vial.
Santo Domingo, R.D.-Fue firmado este lunes por el presidente Luis Abinader junto al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, a través del que se ejecutarán una serie de medidas que buscan reducir las muertes por accidentes de tránsito en un 50% para el año 2030.
Desde el Palacio Nacional durante el espacio LA Semanal, el mandatario dijo que este pacto busca involucrar actores de toda la sociedad, donde se reformulará un nuevo plan nacional de seguridad vial 2025-2030 que contemple medidas oportunas, sostenible y de pacto para cambiar el estado de la seguridad vial en el corto, mediano y largo plazo.
Ante esto, el director del Intrant explicó una serie de medidas que se estarán ejecutando de manera inmediata o partir de 2025.
Morrison declaró que a partir del primero de enero de 2025, todo conductor que no tenga una infracción va a recibir un descuento cuando vaya a renovar su licencia de conducir, esto con el objetivo de premiar a los que lo hacen bien.
Aunque no especificó el descuento, declaró que “por primera vez se lanza un programa de este tipo, auspiciado por el presidente”.
El funcionario declaró que aunque en República dominicana existe un equipo de trabajo a través de la Comisión Militar y Policial (Comipol), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Intrant; “a través de esta acción se crea una sinergia entre la unidades de patrullaje” para que a partir del primero de enero de 2025 el país tenga una red de patrullaje moderna orientada para atacar los puntos críticos en carretera y en vías urbanas donde se ha identificado en el mapa de calor que hay mayores niveles de siniestralidad.
Morrison declaró que dentro de las acciones inmediatas está la creación de un departamento destinado a brindar apoyo psicológico y legal a los familiares de personas que hayan fallecido en un accidente de tránsito.
Destacó que esta medida entra en función en el marco de la Semana de la Seguridad Vial que inició este lunes.
Inclusión en el pensum escolar la educación vial
A pesar de que la asignatura de se ha estado implementado en las tandas extendidas, Milton Morrison anunció que a partir del próximo mes de enero empezará a impartirse de manera amplia en el territorio nacional, lo que “va a producir un cambio fundamental en términos de las generaciones por venir en cuanto a la educación vial”.
Digitalización del sistema de multas de tránsito
A partir del 1 junio 2025, se prevé la digitalización del sistema de multas de tránsito “ya será cosa del pasado que un Digesett toma una libreta y hace eso”. Esto será implementado junto a la Digesset, la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Morrison declaró que el Intrant donará a la Digesett más de 3,000 tabletas que van a ser utilizadas para la digitalización del sistema de multas de tránsito.
Otras medidas que el Gobierno y el Intrant tienen previstas son la aplicación de multas de tránsito por puntos, según ley 63-17, a partir de 1 junio 2025; y la licencia de conducir por puntos, a partir de 1 julio 2025.
En tanto que, el presidente Abinader mencionó consensuaran una posible modificación en la Ley 63-17 para mejoras de la misma.
“Ya el presidente anuncio que hay una serie de oportunidades para mejora en la misma ley y por eso, como iniciamos este tema que va a derivar en un plan nacional de seguridad vial con la participación de todos los sectores, en seis meses tenemos que presentar cualquier modificación a la ley que vaya conforme y cuando acordemos lo que se va a modificar en el país se va a aplicar la multa que diga la ley 63-17”, dijo Morrison.
Firma del pacto
El Pacto Nacional por la Seguridad Vial fue firmado por el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache; el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre; Miguel Jiménez, representante de Movido RD; Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra) y el vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Ángel Oviedo Ogando.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.