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Firman Pacto Nacional por la Seguridad Vial.
Santo Domingo, R.D.-Fue firmado este lunes por el presidente Luis Abinader junto al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, a través del que se ejecutarán una serie de medidas que buscan reducir las muertes por accidentes de tránsito en un 50% para el año 2030.
Desde el Palacio Nacional durante el espacio LA Semanal, el mandatario dijo que este pacto busca involucrar actores de toda la sociedad, donde se reformulará un nuevo plan nacional de seguridad vial 2025-2030 que contemple medidas oportunas, sostenible y de pacto para cambiar el estado de la seguridad vial en el corto, mediano y largo plazo.
Ante esto, el director del Intrant explicó una serie de medidas que se estarán ejecutando de manera inmediata o partir de 2025.
Morrison declaró que a partir del primero de enero de 2025, todo conductor que no tenga una infracción va a recibir un descuento cuando vaya a renovar su licencia de conducir, esto con el objetivo de premiar a los que lo hacen bien.
Aunque no especificó el descuento, declaró que “por primera vez se lanza un programa de este tipo, auspiciado por el presidente”.
El funcionario declaró que aunque en República dominicana existe un equipo de trabajo a través de la Comisión Militar y Policial (Comipol), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Intrant; “a través de esta acción se crea una sinergia entre la unidades de patrullaje” para que a partir del primero de enero de 2025 el país tenga una red de patrullaje moderna orientada para atacar los puntos críticos en carretera y en vías urbanas donde se ha identificado en el mapa de calor que hay mayores niveles de siniestralidad.
Morrison declaró que dentro de las acciones inmediatas está la creación de un departamento destinado a brindar apoyo psicológico y legal a los familiares de personas que hayan fallecido en un accidente de tránsito.
Destacó que esta medida entra en función en el marco de la Semana de la Seguridad Vial que inició este lunes.
Inclusión en el pensum escolar la educación vial
A pesar de que la asignatura de se ha estado implementado en las tandas extendidas, Milton Morrison anunció que a partir del próximo mes de enero empezará a impartirse de manera amplia en el territorio nacional, lo que “va a producir un cambio fundamental en términos de las generaciones por venir en cuanto a la educación vial”.
Digitalización del sistema de multas de tránsito
A partir del 1 junio 2025, se prevé la digitalización del sistema de multas de tránsito “ya será cosa del pasado que un Digesett toma una libreta y hace eso”. Esto será implementado junto a la Digesset, la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Morrison declaró que el Intrant donará a la Digesett más de 3,000 tabletas que van a ser utilizadas para la digitalización del sistema de multas de tránsito.
Otras medidas que el Gobierno y el Intrant tienen previstas son la aplicación de multas de tránsito por puntos, según ley 63-17, a partir de 1 junio 2025; y la licencia de conducir por puntos, a partir de 1 julio 2025.
En tanto que, el presidente Abinader mencionó consensuaran una posible modificación en la Ley 63-17 para mejoras de la misma.
“Ya el presidente anuncio que hay una serie de oportunidades para mejora en la misma ley y por eso, como iniciamos este tema que va a derivar en un plan nacional de seguridad vial con la participación de todos los sectores, en seis meses tenemos que presentar cualquier modificación a la ley que vaya conforme y cuando acordemos lo que se va a modificar en el país se va a aplicar la multa que diga la ley 63-17”, dijo Morrison.
Firma del pacto
El Pacto Nacional por la Seguridad Vial fue firmado por el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache; el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre; Miguel Jiménez, representante de Movido RD; Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra) y el vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Ángel Oviedo Ogando.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.