Nacionales
En 15 de 23 ministerios ha hecho cambios Abinader durante su mandato.
El periódico Listín Diario ha establecido en un trabajo de su exclusividad que en cuatros años y cinco meses del Gobierno de Luis Abinader, que corresponden a su primer período que comenzó en 2020 y al segundo, de agosto del 2024, sólo ocho de veintitrés ministerios no han sido tocados en los movimientos y cambios de funcionarios que el jefe de Estado ha realizado.
Agrega en su trabajo periodístico el diario más importante del país que hasta agosto de 2024, cuando Abinader asumió la Presidencia de la República por segunda vez de manera consecutiva, los cambios no habían sido sustanciales en los ministerios, aunque sí era una realidad que algunas entidades, en sus primeros cuatro años, sufrieron cambios en varias ocasiones, como es el caso de los de los ministerios de la Presidencia, Juventud, Cultura y Salud, por circunstancias distintas.
Sin embargo, la segunda gestión de Luis Abinader ha venido con múltiples cambios a nivel ministerial y de los que fueron nombrados con el decreto de 2020, solo se mantienen ocho.
Estas fichas no movidas corresponden a Limber Cruz, ministro de Agricultura; Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria y Comercio; David Collado; ministro de Turismo; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Jochi Vicente, ministro de Hacienda; Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior. También Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, que fue nombrado en el puesto desde el 2020, aunque para ese entonces esa dependencia gubernamental no tenía el grado de ministerio.
Ahora en el 2025
El pasado domingo, semanas antes del 27 de febrero, que es la fecha esperada para cambios en el tren gubernamental, el mandatario hizo movimientos en múltiples instituciones, en las que incluyó cuatro ministerios importantes.
Uno de ellos fue en el Ministerio de Obras Públicas, donde fue nombrado el pasado presidente del Senado, Eduardo Estrella, en sustitución de Deligne Ascención que ocupaba el puesto desde el 2020.
El segundo ministerio fue el de Educación, donde fue designado Luis Miguel De Camps, que asume la responsabilidad para sustituir al técnico Ángel Hernández.
El tercer ministerio fue el de Trabajo, donde el dirigente del PRM y exjuez de la JCE, Eddy Olivares, fue nombrado para reemplazar a De Camps que estaba en esa cartera desde 2020. El cuarto fue el Ministerio de Cultura, donde Roberto Salcedo, que estaba en la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia, fue designado en el puesto que estaba vacante por la renuncia de Milagros Germán hace unas semanas.
En agosto de 2024
Pero los cambios de Abinader para su segundo mandato comenzaron a correr en agosto de 2024 en el Ministerio de la Presidencia, donde colocó a José Ignacio Paliza, que asumió para suceder a Joel Santos, que fue enviado a dirigir el Ministerio de Energía y Minas.
También hizo cambios en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, donde el dirigente y político del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, pasó a ocupar el puesto que estaba desempeñando Igor Rodríguez de manera interina, debido a que Paliza estaba de licencia desde la campaña previa a las elecciones de 2024.
De igual forma, Abinader introdujo cambios en el Ministerio de Interior y Policía, donde Faride Raful, llegó a reemplazar a Jesús Vásquez, que estaba en el puesto desde el 2020; y en el Ministerio de Defensa, donde Carlos Antonio Fernández Onofre fue designado en sustitución de Carlos Luciano Díaz Morfa, que estaba desde el 2020.
Otro cambio hecho para su segundo mandato, fue en el Ministerio de Energía y Minas, con el nombramiento de Joel Santos en sustitución de Antonio Almonte, que estaba desde el 2020; en el Ministerio de Deporte, con la designación de Kelvin Cruz, en sustitución de Francisco Camacho, nombrado en 2020.
Asimismo en agosto de 2024, lo hizo en el Ministerio de Medio Ambiente, cuando colocó allí Paíno Henríquez, por Miguel Ceara Hatton, que estaba en el cargo tras el asesinato de Orlando Jorge Mera; en el Ministerio de la Juventud, Carlos Valdez, en sustitución de Rafael Féliz García y en el Ministerio de Administración Pública, con el nombramiento de Sigmund Freund, que asumió el puesto para sustituir a Darío Castillo Lugo, que estaba también desde el 2020.
En el Ministerio de Economía estaba Pavel Isa, pero renunció en diciembre pasado al cargo en medio del proceso de fusión de esa institución con el Ministerio de Hacienda. Isa era el segundo ministro de Economía desde que Abinader asumió en 2020, debido a que este reemplazó allí a Miguel Ceara Hatton que para entonces fue enviado al Ministerio de Medio Ambiente.
Movimientos en primeros años
En agosto de 2020, mediante el decreto 324-20, Luis Abinader designó a gran parte de los funcionarios de primer nivel.
Entre los primeros funcionarios nombrados para esa primera gestión estaba Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, quien renunció al cargo a poco más de dos años del gobierno en medio de un escándalo que envolvía a su empresa familiar. En sustitución de Macarrulla fue nombrado Joel Santos, quien ahora está en Energía y Minas.
También estaba José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia, quien estuvo de licencia en la campaña electoral, pero que en agosto de 2024 fue nombrado en el Ministerio de la Presidencia.
Los que fueron nombrados con el decreto de 2020 y no están son: Plutarco Arias, ministro de Salud quien fue sustituido del cargo por Daniel Rivera. Ahora Daniel Rivera no es ministro de Salud Pública porque renunció para aspirar a la Senaduría de Santiago, plaza que ganó el 19 mayo de 2024. Alberto Atallah es el ministro de Salud actual.
Otros que estuvieron en el edicto de 2020, y no están en esas posiciones son Roberto Fulcar, ministro de Educación, quien fue sustituido por Ángel Hernández; Kimberly Taveras, que era ministra de la Juventud, que renunció a la posición cuando se encontraba suspendida en medio de cuestionamientos. Tras Kimberly, por Juventud pasó Luz del Alba Jiménez, y fue sustituida por Rafael Féliz García. Feliz García fue enviado a dirigir el Instituto Tecnológico de Las Américas (Itla) en agosto de 2024 y ahora es ministro de esa cartera Carlos Valdez.
En 2020 fue nombrada, de igual forma, Carmen Heredia como ministra de Cultura, pero luego fue sustituida por Milagros Germán, quien en ese entonces era directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia. Tal como se mencionó anteriormente, Germán renunció en la segunda semana de enero de este año.
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Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.