Nacionales
En 15 de 23 ministerios ha hecho cambios Abinader durante su mandato.
El periódico Listín Diario ha establecido en un trabajo de su exclusividad que en cuatros años y cinco meses del Gobierno de Luis Abinader, que corresponden a su primer período que comenzó en 2020 y al segundo, de agosto del 2024, sólo ocho de veintitrés ministerios no han sido tocados en los movimientos y cambios de funcionarios que el jefe de Estado ha realizado.
Agrega en su trabajo periodístico el diario más importante del país que hasta agosto de 2024, cuando Abinader asumió la Presidencia de la República por segunda vez de manera consecutiva, los cambios no habían sido sustanciales en los ministerios, aunque sí era una realidad que algunas entidades, en sus primeros cuatro años, sufrieron cambios en varias ocasiones, como es el caso de los de los ministerios de la Presidencia, Juventud, Cultura y Salud, por circunstancias distintas.
Sin embargo, la segunda gestión de Luis Abinader ha venido con múltiples cambios a nivel ministerial y de los que fueron nombrados con el decreto de 2020, solo se mantienen ocho.
Estas fichas no movidas corresponden a Limber Cruz, ministro de Agricultura; Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria y Comercio; David Collado; ministro de Turismo; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Jochi Vicente, ministro de Hacienda; Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior. También Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, que fue nombrado en el puesto desde el 2020, aunque para ese entonces esa dependencia gubernamental no tenía el grado de ministerio.
Ahora en el 2025
El pasado domingo, semanas antes del 27 de febrero, que es la fecha esperada para cambios en el tren gubernamental, el mandatario hizo movimientos en múltiples instituciones, en las que incluyó cuatro ministerios importantes.
Uno de ellos fue en el Ministerio de Obras Públicas, donde fue nombrado el pasado presidente del Senado, Eduardo Estrella, en sustitución de Deligne Ascención que ocupaba el puesto desde el 2020.
El segundo ministerio fue el de Educación, donde fue designado Luis Miguel De Camps, que asume la responsabilidad para sustituir al técnico Ángel Hernández.
El tercer ministerio fue el de Trabajo, donde el dirigente del PRM y exjuez de la JCE, Eddy Olivares, fue nombrado para reemplazar a De Camps que estaba en esa cartera desde 2020. El cuarto fue el Ministerio de Cultura, donde Roberto Salcedo, que estaba en la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia, fue designado en el puesto que estaba vacante por la renuncia de Milagros Germán hace unas semanas.
En agosto de 2024
Pero los cambios de Abinader para su segundo mandato comenzaron a correr en agosto de 2024 en el Ministerio de la Presidencia, donde colocó a José Ignacio Paliza, que asumió para suceder a Joel Santos, que fue enviado a dirigir el Ministerio de Energía y Minas.
También hizo cambios en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, donde el dirigente y político del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, pasó a ocupar el puesto que estaba desempeñando Igor Rodríguez de manera interina, debido a que Paliza estaba de licencia desde la campaña previa a las elecciones de 2024.
De igual forma, Abinader introdujo cambios en el Ministerio de Interior y Policía, donde Faride Raful, llegó a reemplazar a Jesús Vásquez, que estaba en el puesto desde el 2020; y en el Ministerio de Defensa, donde Carlos Antonio Fernández Onofre fue designado en sustitución de Carlos Luciano Díaz Morfa, que estaba desde el 2020.
Otro cambio hecho para su segundo mandato, fue en el Ministerio de Energía y Minas, con el nombramiento de Joel Santos en sustitución de Antonio Almonte, que estaba desde el 2020; en el Ministerio de Deporte, con la designación de Kelvin Cruz, en sustitución de Francisco Camacho, nombrado en 2020.
Asimismo en agosto de 2024, lo hizo en el Ministerio de Medio Ambiente, cuando colocó allí Paíno Henríquez, por Miguel Ceara Hatton, que estaba en el cargo tras el asesinato de Orlando Jorge Mera; en el Ministerio de la Juventud, Carlos Valdez, en sustitución de Rafael Féliz García y en el Ministerio de Administración Pública, con el nombramiento de Sigmund Freund, que asumió el puesto para sustituir a Darío Castillo Lugo, que estaba también desde el 2020.
En el Ministerio de Economía estaba Pavel Isa, pero renunció en diciembre pasado al cargo en medio del proceso de fusión de esa institución con el Ministerio de Hacienda. Isa era el segundo ministro de Economía desde que Abinader asumió en 2020, debido a que este reemplazó allí a Miguel Ceara Hatton que para entonces fue enviado al Ministerio de Medio Ambiente.
Movimientos en primeros años
En agosto de 2020, mediante el decreto 324-20, Luis Abinader designó a gran parte de los funcionarios de primer nivel.
Entre los primeros funcionarios nombrados para esa primera gestión estaba Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, quien renunció al cargo a poco más de dos años del gobierno en medio de un escándalo que envolvía a su empresa familiar. En sustitución de Macarrulla fue nombrado Joel Santos, quien ahora está en Energía y Minas.
También estaba José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia, quien estuvo de licencia en la campaña electoral, pero que en agosto de 2024 fue nombrado en el Ministerio de la Presidencia.
Los que fueron nombrados con el decreto de 2020 y no están son: Plutarco Arias, ministro de Salud quien fue sustituido del cargo por Daniel Rivera. Ahora Daniel Rivera no es ministro de Salud Pública porque renunció para aspirar a la Senaduría de Santiago, plaza que ganó el 19 mayo de 2024. Alberto Atallah es el ministro de Salud actual.
Otros que estuvieron en el edicto de 2020, y no están en esas posiciones son Roberto Fulcar, ministro de Educación, quien fue sustituido por Ángel Hernández; Kimberly Taveras, que era ministra de la Juventud, que renunció a la posición cuando se encontraba suspendida en medio de cuestionamientos. Tras Kimberly, por Juventud pasó Luz del Alba Jiménez, y fue sustituida por Rafael Féliz García. Feliz García fue enviado a dirigir el Instituto Tecnológico de Las Américas (Itla) en agosto de 2024 y ahora es ministro de esa cartera Carlos Valdez.
En 2020 fue nombrada, de igual forma, Carmen Heredia como ministra de Cultura, pero luego fue sustituida por Milagros Germán, quien en ese entonces era directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia. Tal como se mencionó anteriormente, Germán renunció en la segunda semana de enero de este año.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.