Nacionales
El estilo de consultar medidas del Gobierno parece haber dado buenos resultados.
A quince meses de la gestión del actual Gobierno y a pesar de la difícil situación económica del país, el presidente Luis Abinader, ha tenido buenos resultados con su política de consultar las medidas a tomar.
En el tiempo que lleva el gobierno de Luis Abinader, ha convocado el liderazgo político, social y económico al menos cuatro veces para decidir importantes temas de la nación como la reforma fiscal, composición de los órganos extrapoder, enfrentar la inflación y el último fue para escuchar ideas de qué debe hacer el país ante el colapso del Estado haitiano. En el Consejo Económico Social (CES) el gobierno desarrolla un diálogo con quince temas.
En el 2020, Abinader dejó sin efecto nuevos impuestos que había incluido en el presupuesto para este año ante el reclamo de la ciudadanía. Recientemente dijo que consultar forma parte del liderazgo moderno y que eso seguirá haciendo aunque lo critiquen.
“Me dicen, y me critican mucho porque hacemos consultas, y a veces nos convencen de cosas que hemos decidido. Bueno, pues que me sigan criticando porque yo voy a seguir consultando y yo voy a seguir hablando con la gente, tomando decisiones en conjunto y muchas veces convenciéndolos de que eso es lo que más le conviene y otras veces me convencen a mí”, dijo el gobernante tras su discurso en el que informó que no sometería un proyecto de reforma tributaria porque no es el momento. Para consensuar ese proyecto se había informado que visitaría al liderazgo político.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la gobernanza como el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.
Hasta ahora, Abinader ha sido fiel con ese enfoque de gobernar, pues convocó al diálogo nacional a través del CES con una amplia agenda de 15 temas y aunque lo partidos políticos no forman parte de esa instancia, doce que tienen representación en el Congreso, fueron integrados.
Las convocatorias
El pasado jueves el gobernante convocó a los representantes de todos los partidos a fin de escuchar sus puntos de vista de cómo debe proceder el país ante la profundización de la crisis de Haití que está a merced de las pandillas y escases de bienes básicos como combustibles.
Antes, el jefe de Estado canceló un viaje para participar en la cumbre del clima ante la preocupación creciente en el país por la profundización de la crisis del vecino país. Antes de eso, el 18 de agosto, el gobernante convocó a los representantes de diversos sectores a un diálogo nacional para doce reformas que luego se amplió a quince en el CES.
En los inicios de su gobierno, el 3 de septiembre del 2020, el gobernante dejó el Palacio Nacional y visitó al liderazgo político del país con la crisis del covid-19 en agenda, así como la integración de los órganos extrapoder como la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas. En esa ocasión, el gobernante encontró apoyo en su idea de que los miembros de los partidos políticos no ocupen cargos en esas instituciones. Poco tiempo después del Banco Central informar que la inflación anual acumulada a mayo de este año era del 10 %, el gobernante convocó representantes de medios de comunicación, empresarios y comerciantes para buscar medidas conjuntas para paliar la situación.
En medio de la crisis, en país hay gobernabilidad
El aumento de salario que logró el gobierno este año fue luego de una reunión con el sector patronal y laboral, otra prueba de la capacidad de concertación del gobernante. También para el inicio del año escolar presencial, el presidente socializó la decisión con los distintos sectores, incluidos ejecutivos de medios de comunicación. El presidente logró un gran apoyo de todos los actores en el plan nacional de vacunación, incluyendo los partidos políticos de oposición. El toque de queda y el estado de emergencia, eran medidas que estaban provocando crispación en ciertos sectores sociales y el gobierno optó por dejar sin efecto esas medidas a pesar de que la promesa era levantarlas con el 70 % de la población vacunada, pero esa meta no se ha logrado. Con ese enfoque de consultar, escuchar y consensuar, Abinader ha logrado mantener la gobernabilidad a pesar de que hay situaciones que pueden provocar crispación como apagones, inflación, alza en la tarifa eléctrica, entre otros. Las propuestas del mandatario no siempre consiguen apoyo y respaldo, como muestra dos botones. La reforma fiscal no logró respaldo y por eso fue retirada y la propuesta de reforma a la Constitución ha encontrado muchas críticas y rechazo.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.