Nacionales
Abinader dice haber combatido la corrupción y la falta de transparencia»
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader dijo este jueves que en su Gobierno hay la disposición de trabajar en favor de la transparencia en las instituciones públicas y de la reducción de la burocracia en el Estado, las cuales, a su entender, restan al desarrollo de la Republica Dominicana.
En la inauguración de la maestría Gestión Pública y Gobernanza, impartida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el mandatario resaltó que su administración ha lucrado contra vientos adversos, «como la corrupción y la falta de transparencia, que han dificultado nuestro progreso y afectado a nuestro desarrollo como país».
En ese sentido, el jefe de Estado dijo que su administración trabaja para garantizar «una gestión eficaz y transparente, así como en promover la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones».
Frente a las autoridades de la UASD y otras altas casas de estudio, Abinader precisó que en los últimos tres años han logrado un cambio colectivo con la promoción de la trasparencia, a través de reformas, como la independencia judicial, la ejecución de una política de transparencia, rendición de cuentas y la eliminación de órganos que se prestaban a la satisfacción personal.
En ese sentido, subrayó que han emitido 32 decretos, varias leyes y 37 resoluciones para suprimir 13 entes y órganos, cuyos recursos ahora son remitidos a sectores esenciales, «especialmente a fortalecer las políticas de protección social a los más vulnerables».
En ese tiempo, también se ha avanzado -indicó Abinader– en la ejecución del diálogo para debatir las reformas de 12 sectores claves.
Otra acción es la iniciativa de «Burocracia cero», un programa que ha priorizado unos 330 trasmites a fin de agilizar la ejecución de proyectos. «La burocracia del Estado ha representado un problema de grandes implicaciones, como elevados costos económicos y sociales, servicios públicos ineficientes y bajos niveles de productividad y competitividad que le cuestan al país más del 4.5% de nuestro PIB», indicó Abinader en la UASD.
Mediante la Firma Gob, otra medida que busca agilizar los procesos gubernamentales y reducir tiempo y recursos, el Gobierno ha dispuesto 1,876 servicios al alcance de un click.
El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, y Cristian Sánchez Reyes, director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), abordaron la importancia de la maestría Gestión pública y Gobernanza, con el objetivo de formar a los servidores que dirigen el Estado.
Beltrán Crisóstomo resaltó la importancia de la formación para garantizar que todas las instituciones públicas se centren en un modo de gobernanza que vaya acorde con la transparencia, el uso adecuado de los recursos, la capacitación y el bienestar del personal que tiene a su cargo y el efectivo desenvolvimiento de las actividades institucionales.
A la fecha hay más de 300 maestrantes inscritos en la maestría y la misma será dada en las extensiones de sede de la UASD, en San Juan, San Francisco, Santiago y La Altagracia.
Mientras que Sánchez Reyes expresó que la maestría constituye un hito trascendental en el camino de la formación y la excelencia en el servicio público en República Dominicana.
«Es un un acto sin parangón respecto a la gran visión de la actual administración para profesionalizar al talento humano, con lo cual, sin lugar a dudas, demostramos que somos un gobierno transformador», dijo.
Estuvieron presentes los ministros de Administración Pública, Darío Castillo Lugo; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín; de la Juventud, Rafael Feliz; los directores, de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; de la Policía Nacional, Ramón Guzmán Peralta; el decano de Ciencias Económicas y Sociales, Antonio Ciriaco Cruz, entre otros.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.