Editorial
Por ignorancia o por intereses contrapuestos Abinader irrespeta la Constitución.
Sin que tenga la necesidad, aunque la justificación podría estar explicada en un problema de ignorancia, intereses o de miedo, el gobierno de Luis Abinader, tal vez el peor en lo que respecta a irrespetar el orden constitucional establecido, no se detiene en su imitación de lo que ocurre en los Estados Unidos.
Este periódico ha dicho y ahora por igual lo repite que la constitucionalización del derecho conlleva una gran confrontación con una partidocracia que ha demostrado históricamente que no cree en la ley ordinaria y orgánica, pero mucho menos en la carta magna.
El respeto de la Constitución es parte de una retórica que forma parte de una formalidad que en la realidad no tiene ningún valor, lo cual implica un alto riesgo para la democracia nacional.
El comportamiento del gobierno del PRM y Luis Abinader no difiere en prácticamente nada con los demás que conforman la llamada partidocracia, pero éste por la poca formación que lo caracteriza para conducir el Estado incurre en peores errores que los que le precedieron.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional e internacional el actual gobierno ha llegado a extremos que pueden crear serios escollos jurídicos, políticos y sociales al país, porque ponen en cuestionamiento todo el sistema legal, la seguridad jurídica y la justicia constitucional y convencional, la cual se fundamenta en los derechos fundamentales.
La audacia parece ser cada día más peligrosa, porque Abinader y su gente lucen no tener presente que la República Dominicana es el único país del mundo donde se produjo una revuelta armada para exigir el respeto a la constitucionalidad con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en 1963.
Sin embargo, Abinader no para de cometer torpezas que violentan de forma vulgar la Constitución y todo el derecho internacional, en algunos casos por razones de geopolítica y otras veces por responder a los intereses de la desgraciada partidocracia.
El presidente actúa sobre la base de los parámetros que impone la administración de Donald Trump, que es experto en violar la Constitución de los Estados Unidos y todo el derecho internacional.
Y definitivamente Abinader ha decidido acompañar a Trump en sus andanzas en contra del orden legal internacional y de lo que dispone el derecho interno, cuyos mejores ejemplos, entre muchos otros, está el decreto que promulga la Ley 13-26 que persigue eliminar las candidaturas independientes, pese a que las mismas ya son el resultado de una interpretación del órgano facultado para ello como lo es el Tribunal Constitucional, cuya corte sentó una jurisprudencia al respecto que debe ser respetada por todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, que preside el presidente de la República.
Pero el jefe de Estado dominicano no tiene la menor idea de nada y en consecuencia ahora incurre, tal vez por miedo a las travesuras de Trump, a firmar un memorando de entendimiento para recibir indocumentados deportados a terceros países por disposición de los Estados Unidos, el cual debió conocerse en el Congreso Nacional.
La vocación anti-constitucional de Abinader es de tal magnitud que aun con el control del Congreso Nacional, cuyos diputados y senadores aprobarían el referido acuerdo, aunque vulnera la Constitución, él no ve necesario acudir a ellos por lo ocurrido anteriormente con la carta magna y que esa conducta no ha recibido la respuesta que se produciría en cualquier pueblo con un menor nivel de contaminación y enfermedad que el dominicano.
Sólo falta esperar cuál será el próximo paso en términos de violación constitucional de un gobierno que no siente ningún respeto por el orden legal, la justicia constitucional y el derecho internacional, lo que podría implicar una grave amenaza para la democracia nacional.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.