Nacionales
Abinader insiste en su preocupación por Haití más que por la propia R.D.
Santo Domingo, R.D.-La República Dominicana mantiene su insistencia sobre la situación haitiana, la cual, aunque puede impacta negativamente al pais, pero que es un tema de los vecinos, cuyas acciones del mandatario dominicano crea irritación entre los nativos de aquel lado de la frontera entre ambos países.
La última declaración del jefe de Estado del presidente Luis Abinader destaca que se siente orgulloso del éxito diplomático alcanzado con la conversión de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) en una «Fuerza de Supresión de Pandillas», compuesta por 5,500 efectivos.
“La República Dominicana se siente orgullosa de haber contribuido a este esfuerzo y seguirá trabajando para promover la paz y la estabilidad en la región”, expresó en un mensaje.
A través de un comunicado de prensa, Abinader celebró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidades haya “finalmente” escuchado el reclamo realizado por el Gobierno dominicano dada la “ineficacia” de la misión de apoyo a la policía haitiana.
“Trabajaremos por una acelerada transición de la MSS a la nueva fuerza de supresión de pandillas en Haití y en ese sentido le daremos estrecho seguimiento a dicho proceso”, enfatizó.
Abinader resaltó que el Gobierno dominicano desempeñó un papel clave en el liderazgo de un grupo de aliados comprometidos con la estabilidad y la seguridad en Haití y la región.
“Deseamos reconocer también a los tres expresidentes, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes firmaron, conjuntamente con quien les habla, una carta dirigida a los quince presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, expuso Abinader en un mensaje difundido.
Abinader, durante su discurso ante la octagésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, llamó a los países miembros del Consejo de Seguridad a acoger sin demoras la resolución de Estados Unidos y Panamá ante el Consejo de Seguridad, para lograr la transformación de la misión pasada, cuyo mandato termina el próximo 2 de octubre.
El mandatario precisó que la nueva fuerza estará dirigida y financiada por expertos de las Naciones Unidas, con un mandato sólido para establecer el orden y la seguridad en el vecino país, bajo estrecha supervisión política; además señaló que la logística y operación serán cuidadosamente planificadas y ejecutadas para garantizar la eficacia en la misión.
También destacó el papel que desde 2021 ha jugado en la consecución de este logro, trabajando de la mano con la comunidad internacional para encontrar soluciones efectivas a la grave crisis en Haití.
Asimismo, ve la acción como un paso decisivo hacia la estabilidad social, política y económica, no solo de Haití, sino de toda la región, y se compromete a seguir trabajando para garantizar la implementación efectiva de lo acordado con sus aliados.
La resolución, además, otorga un mandato amplio y sólido a dicha fuerza y coloca en manos de los expertos de las Naciones Unidas los aspectos logísticos y operativos, que serán financiados del presupuesto de la ONU, otorgando mayor estabilidad y efectividad a dicha operación.
“Finalmente, agradecemos a todos los miembros del Consejo de Seguridad por la adopción de esta resolución y en particular a Estados Unidos y Panamá, países que lideran el tema de Haití en ese Consejo”, concluyó el mandatario.
Justo esta tarde, el canciller de la República, Roberto Álvarez, compartió su emoción por la resolución y a través de su cuenta de la red social X, Álvarez manifestó que el país “se regocija” del éxito diplomático en el que tendrá un máximo de 5,500 uniformados, es decir, cinco veces más que el personal que tenía la MMAS.
“República Dominicana se regocija del éxito diplomático logrado esta tarde con la aprobación propuesta y liderada por EEUU y Panamá, que transforma la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití (MSS) en una ‘Fuerza de Supresión de Pandillas’ con 5,500 efectivos”, dijo Álvarez.
Destacó el esfuerzo dominicano en el grupo de aliados, para lograr la resolución.
La resolución aprobada la tarde de este martes fue presentada por Estados Unidos y Panamá y contó con 12 votos a favor y tres abstenciones y se prevé la creación de una nueva fuerza de represión contra las bandas.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.