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El presidente Abinader llegó al Congreso Nacional y rindió cuentas por quinta vez
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader luego de recibir los honores militares correspondientes, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y de la vicepresidenta Raquel Peña, fue recibido este jueves en el Congreso Nacional, donde ofreció su quinto discurso de rendición de cuentas.
Marcando las 10:04 de la mañana el mandatario arribó a la sede del Poder Legislativo junto a su esposa, para recibir los saludos y de inmediato empezaron a sonar las 21 salvas, acompañadas de las notas del Himno Nacional.
Fue recibido por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, además de una comisión de legisladores, para luego ofrecer su quinto discurso de rendición de cuentas como presidente de la República y el primero de su segundo mandato.
Se recuerda que el presidente Luis Abinader asumió las riendas del país el 16 de agosto de 2020 y desde esa fecha, hasta ahora ha rendido cuentas al país en cinco ocasiones. Cuatro en su primer cuatrienio y ahora la primera de su segundo cuatrienio.
En febrero de 2021, primera ocasión en la que Abinader habló al país sobre sus ejecutorias, basó su discurso en lo que él, con sus propias palabras dijo que era su deseo, “imprimir un sello de transparencia y ética que ha mejorado la eficiencia en la administración pública”. Pero, más allá de sus aspiraciones como presidente nuevo, habló sobre la realidad en la que se encontraba el país para esa fecha: cómo enfrentar la crisis sanitaria y económica por la covid-19 y lo que al Gobierno le tocaba hacer para superarla.
En su ponencia en el Congreso en el salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la República enumeró él mismo lo que había ejecutado su administración en apenas seis meses y un poco más de gobierno. Entre estas gestiones mencionó “enfrentar la pandemia, blindar la protección social, preparar el relanzamiento de la economía, promover una cultura de transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos y acometer reformas estructurales para el país”.
Obras, economía y bienestar
En 2022, el mandatario anunció la ampliación de planes sociales y la terminación de obras importantes de infraestructuras entre ellas el Metro, el Teleférico, hospitales, carreteras y circunvalaciones.
En su tercera alocución de rendición de cuentas en el 2023, Abinader centró su discurso para resaltar que el país no era el mismo que el encontrado por él en el 2020, sobre todo por lo logrado en recuperación económica, recordando, a modo de ejemplo, que en el año anterior, es decir en el 2020, el producto interno bruto (PIB) creció 4.9 %, superior al promedio de América Latina.
Asimismo, citó que la República Dominicana, en el año 2022, superó a Ecuador en PIB, ajustado por paridad de poder de compra, convirtiéndose en la séptima economía de Latinoamérica. Al mismo tiempo, resaltó que el 2022 cerró con el nivel de reservas internacionales de divisas más alto de la historia (US$14,436 millones) y la moneda nacional exhibió una apreciación del 2 %, contrario a la depreciación observada en las monedas de la mayoría de los países. Igualmente, mencionó que la tasa de cambio estaba en 56 pesos por dólar, frente a los 59 pesos de julio de 2020.
El cuarto discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader en 2024, que fue el último de su primer período de gobierno, estuvo cargado con un mensaje de bienestar, donde el mandatario resaltó que la República Dominicana no era la misma que cuatro años antes, haciendo alusión a las ejecutorias en su administración que comenzó en 2020 y concluía el 16 de agosto de ese año.
“Y hoy, puedo afirmar que la República Dominicana no es la misma que hace cuatro años. El cambio es una realidad irreversible”, fueron las palabras del gobernante.
En su intervención ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas, aseguró que el país avanzaba “con un gobierno lleno de energía y dispuesto a dar todas las batallas para mejorar la vida de la gente”.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.