Opinión
Abinader montado sobre una dictadura institucional
Por Narciso Isa Conde
A partir de las votaciones presidenciales y congresuales, el régimen de Abinader-PRM, además de contar con el respaldo y la participación directa de representantes del poder oligárquico capitalista y del imperialismo occidental en su gobierno, pasa a controlar absolutamente todos los poderes institucionales del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con una fuerte impronta ultra conservadora.
La mayoría aplastante del PRM, y más aún del PRM y aliados, no augura reformas sociales y políticas progresivas en vertientes como latifundio, monopolios, oligopolios, régimen de propiedad, soberanía y autodeterminación, medio ambiente, relaciones de género y derechos de la mujer, sistema electoral y de partidos, salud y seguridad social, política exterior, sistema eléctrico, relaciones obrero-patronales, y vínculos con el resto del mundo…
PREDOMINIO CONSERVADOR Y CONTRA-REFORMAS.
En ese orden, la orientación fundamental del continuismo contempla mantener el estatus quo esencial e imponer nuevas contra-reformas, dadas las características ultraconservadoras y la profundización de la degradación ético-moral del Congreso electo el pasado 19 de mayo, dominado aplastantemente por el PRM y aliados. Eso no excluye algunos adornos para oxigenar el dominio
• En materia fiscal, salud y seguridad social, código penal, código laboral, su actitud apunta a reformas mediocres, mediatizadas, mezcladas con contra-reformas y conservadurismos.
• En lo constitucional –además de insistir en prolongar de la aberración de mantener las funciones del órgano legislativo en todo lo relacionado con las reformas constitucionales y de seguir bloqueando la necesidad de un poder y un proceso constituyente- Abinader limita su propuesta a dos puntos de alcance limitado y de hecho ya conquistados: el candado a los actuales límites de la repostulación presidencial y la eliminación del poder ejecutivo para designar la composición de la Procuraduría General de la República. Nada nuevo ni trascendente.
ABINADER POR ATRAERLO Y LEONEL EVADIENDO EL ANZUELO.
Desde ese gran dominio institucional y el enorme apoyo recibido por las fuerzas de la nueva neo-colonialidad y de la modernización del capitalismo gansterizado, sujetas al mando de EEUU y las elites capitalista nativas, Abinader le propone al maltrecho PLD, a la protegida FUPU y a otros opositores, compartir las políticas públicas a ejecutar con la premisa cierta de que “triunfaron todos” reciclando una falsa democracia y de que “lo que los une es mucho más de lo que los separa”.
La idea es agregar a la dictadura institucional de un partido y de una clase transnacional y local, la mayor parte posible de una falsa oposición. Pero ella se enfrenta a dos señales negativas: la actitud Leonel-FUPU, quien al parecer apuesta a una oposición más intensa y la inhibición peledeista después que Abel se reuniera con Abinader.
COINCIDENCIAS FUNESTAS
Es claro que Abinader dice estas cosas, sin admitir que, aun sin unirse o pactar, siempre han coincidido – y coinciden- en la estrategia neoliberal, en la privatización del patrimonio público y natural del país, y en la sumisión a la estrategia de dominación y a la política exterior de EEUU. Y no será distinto en este nuevo periodo.
Coinciden en las APP y los FIDEICOMISOS para privatizar las infraestructuras y la naturaleza, incluida el agua; y en las intervenciones de USAID, CIA, DEA, FBI y Comando Sur, para apretar las garras militares del imperio sobre esta isla.
Han coincidido cuando son gobierno en la depredación y contaminación ambiental. Incluso entre los tres y el PRSC han destruido el 50% de los manglares del país.
Coinciden siempre en el plan minero destructivo a cargo de Falcondo, Barrick, Uni Gold, Gold Quest, Belfond…
En la negación de derechos de la mujer y la tolerancia de la violencia de género.
En el racismo anti haitiano.
En la progresiva conversión del estado delincuente en un estado religioso, que excluye la orientación laica.
En la asunción de un sistema constitucional y legal negador de democracia, con un mecanismo electoral y un régimen de partidos realmente bochornosos.
Han coincidido cuando son gobierno en proteger la salud y la educación como negocios y las ARS y AFP como empresas privadas parasitarias.
En un transporte caótico, preeminentemente privado.
En la apropiación privada del sistema energético.
En los endeudamientos onerosos, atados a los condicionantes del FMI, BID y BM.
En los impuestos al consumo tipo ITBI que masacran a los/as empobrecidos/as.
En la exclusión social y el empobrecimiento de enormes contingentes humanos.
En el reino de la corrupción.
En la impunidad propia y en una gran parte de la ajena.
En presupuestos deficitarios con una inversión de capital cada vez más baja, con un gasto corriente más alto y una elevada dependencia de préstamos y bonos internacionales.
En la dictadura mediática del gran capital privado que tanto les favorece y tanto entroniza la post verdad y la alienación cultural.
En cero reforma agraria.
En cero reforma urbana.
En nada de autodeterminación.
Progreso solo en la introducción de nuevas tecnologías atadas a los intereses de los de arriba, al engorde de una franja de los del medio, y a la reproducción de enormes desigualdades sociales.
Todos ellos al lado de las guerras del PENTÁGONO y la OTAN.
Cerca del lumpen imperialismo estadounidense en su agresiva y criminal decadencia.
Cerca del neofascismo.
Claro está: de una fórmula en expansión con esos componentes, esas características y esas coincidencias, no debemos esperar mejoras; sino el empeoramiento de lo ya exhibido en 59 años de ejercicio de malos gobiernos
Ahora, exhibiendo el monarca de turno mucho más poder, la verdad es que lo peor está por venir; sobre todo si no construimos el contrapeso sociopolítico extra-institucional y la contraparte política alternativa transformadora. Y de eso voy a escribir más adelante.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.