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Opinión

Abinader montado sobre una dictadura institucional

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Por Narciso Isa Conde

A partir de las votaciones presidenciales y congresuales, el régimen de Abinader-PRM, además de contar con el respaldo y la participación directa de representantes del poder oligárquico capitalista y del imperialismo occidental en su gobierno, pasa a controlar absolutamente todos los poderes institucionales del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con una fuerte impronta ultra conservadora.

La mayoría aplastante del PRM, y más aún del PRM y aliados, no augura reformas sociales y políticas progresivas en vertientes como latifundio, monopolios, oligopolios, régimen de propiedad, soberanía y autodeterminación, medio ambiente, relaciones de género y derechos de la mujer, sistema electoral y de partidos, salud y seguridad social, política exterior, sistema eléctrico, relaciones obrero-patronales, y vínculos con el resto del mundo…

PREDOMINIO CONSERVADOR Y CONTRA-REFORMAS.

En ese orden, la orientación fundamental del continuismo contempla mantener el estatus quo esencial e imponer nuevas contra-reformas, dadas las características ultraconservadoras y la profundización de la degradación ético-moral del Congreso electo el pasado 19 de mayo, dominado aplastantemente por el PRM y aliados. Eso no excluye algunos adornos para oxigenar el dominio

• En materia fiscal, salud y seguridad social, código penal, código laboral, su actitud apunta a reformas mediocres, mediatizadas, mezcladas con contra-reformas y conservadurismos.
• En lo constitucional –además de insistir en prolongar de la aberración de mantener las funciones del órgano legislativo en todo lo relacionado con las reformas constitucionales y de seguir bloqueando la necesidad de un poder y un proceso constituyente- Abinader limita su propuesta a dos puntos de alcance limitado y de hecho ya conquistados: el candado a los actuales límites de la repostulación presidencial y la eliminación del poder ejecutivo para designar la composición de la Procuraduría General de la República. Nada nuevo ni trascendente.

ABINADER POR ATRAERLO Y LEONEL EVADIENDO EL ANZUELO.

Desde ese gran dominio institucional y el enorme apoyo recibido por las fuerzas de la nueva neo-colonialidad y de la modernización del capitalismo gansterizado, sujetas al mando de EEUU y las elites capitalista nativas, Abinader le propone al maltrecho PLD, a la protegida FUPU y a otros opositores, compartir las políticas públicas a ejecutar con la premisa cierta de que “triunfaron todos” reciclando una falsa democracia y de que “lo que los une es mucho más de lo que los separa”.

La idea es agregar a la dictadura institucional de un partido y de una clase transnacional y local, la mayor parte posible de una falsa oposición. Pero ella se enfrenta a dos señales negativas: la actitud Leonel-FUPU, quien al parecer apuesta a una oposición más intensa y la inhibición peledeista después que Abel se reuniera con Abinader.

COINCIDENCIAS FUNESTAS

Es claro que Abinader dice estas cosas, sin admitir que, aun sin unirse o pactar, siempre han coincidido – y coinciden- en la estrategia neoliberal, en la privatización del patrimonio público y natural del país, y en la sumisión a la estrategia de dominación y a la política exterior de EEUU. Y no será distinto en este nuevo periodo.

Coinciden en las APP y los FIDEICOMISOS para privatizar las infraestructuras y la naturaleza, incluida el agua; y en las intervenciones de USAID, CIA, DEA, FBI y Comando Sur, para apretar las garras militares del imperio sobre esta isla.

Han coincidido cuando son gobierno en la depredación y contaminación ambiental. Incluso entre los tres y el PRSC han destruido el 50% de los manglares del país.

Coinciden siempre en el plan minero destructivo a cargo de Falcondo, Barrick, Uni Gold, Gold Quest, Belfond…

En la negación de derechos de la mujer y la tolerancia de la violencia de género.

En el racismo anti haitiano.

En la progresiva conversión del estado delincuente en un estado religioso, que excluye la orientación laica.

En la asunción de un sistema constitucional y legal negador de democracia, con un mecanismo electoral y un régimen de partidos realmente bochornosos.

Han coincidido cuando son gobierno en proteger la salud y la educación como negocios y las ARS y AFP como empresas privadas parasitarias.

En un transporte caótico, preeminentemente privado.

En la apropiación privada del sistema energético.

En los endeudamientos onerosos, atados a los condicionantes del FMI, BID y BM.

En los impuestos al consumo tipo ITBI que masacran a los/as empobrecidos/as.

En la exclusión social y el empobrecimiento de enormes contingentes humanos.

En el reino de la corrupción.

En la impunidad propia y en una gran parte de la ajena.

En presupuestos deficitarios con una inversión de capital cada vez más baja, con un gasto corriente más alto y una elevada dependencia de préstamos y bonos internacionales.

En la dictadura mediática del gran capital privado que tanto les favorece y tanto entroniza la post verdad y la alienación cultural.

En cero reforma agraria.

En cero reforma urbana.

En nada de autodeterminación.

Progreso solo en la introducción de nuevas tecnologías atadas a los intereses de los de arriba, al engorde de una franja de los del medio, y a la reproducción de enormes desigualdades sociales.

Todos ellos al lado de las guerras del PENTÁGONO y la OTAN.

Cerca del lumpen imperialismo estadounidense en su agresiva y criminal decadencia.

Cerca del neofascismo.

Claro está: de una fórmula en expansión con esos componentes, esas características y esas coincidencias, no debemos esperar mejoras; sino el empeoramiento de lo ya exhibido en 59 años de ejercicio de malos gobiernos

Ahora, exhibiendo el monarca de turno mucho más poder, la verdad es que lo peor está por venir; sobre todo si no construimos el contrapeso sociopolítico extra-institucional y la contraparte política alternativa transformadora. Y de eso voy a escribir más adelante.

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Opinión

El Consejo Nacional de la Magistratura y la partidocracia.

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Por José Cabral

Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.

Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces,  explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos

La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.

De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.

Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.

Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.

Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.

Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.

El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.

Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.

Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.

De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al  margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.

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Opinión

Cuando el poder desconoce la Constitución, debilita la República

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Por Isaías Ramos

Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.

La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.

Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.

En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.

Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.

Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.

Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.

Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.

La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?

La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.

El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.

El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.

El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.

Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.

No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.

No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.

Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.

Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.

El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.

Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.

Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.

El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.

Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.

Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.

Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.

Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.

La Constitución pertenece al pueblo dominicano.

Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.

Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.

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Opinión

Lágrimas en suelo rebelde

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Por Oscar López Reyes

(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).

(I)

¡Oh, Venezuela!

Patria inmensa.

¡Caramba!,

Hermanos en Bolívar,

¡qué dolor soberbio!

que oprime las fibras de mi alma,

En tristeza de gritos que escapan

de escombros retorcidos

por furia de un suelo rebelde.

El telúrico conmueve en miradas

de arquitecturas sin piedras ni ventanas,

y melancolías de niños vagando en penumbras,

Sin padres ni estancias.

Y pone a temblar en rememoración de amor

su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita

en épocas pretéritas, que configura

una vastedad de grandeza histórica

y el patriotismo compartido.

¡Oh, Venezuela, SOS!

(II)

Cuando no haya más lágrimas que derramar,

rebosantes las porcelanas de mortandad,

esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”

dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,

contemplando

marchas fúnebres y entierros colectivos,

echando la vista a la resurrección de Cristo.

(III)

Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,

sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro

que late desde los vientos que soplan

de mares y montañas, para otro comienzo

de sonrisas en barcas de adversidad.

(IV)

Los fallecidos descansarán en púrpura palmera

y ecosistemas naturales con flores coloreadas

con toques de bellezas íntimas

que evocan la fragancia

en la eternidad de jardines

con pétalos de atardeceres versátiles.

(V)

Y los muchos desaparecidos fertilizarán

los predios erosionados,

para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,

que germinarán emergentes criaturas en vientres

de primaveras de Luna menguante

y otoños de Luna creciente.

(VI)

En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando

en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas

y nutrientes saludables,

que brotarán renovadas energías

en llanuras, bosques y lagos estrellados,

acariciados por paisajes de jazmines

y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.

(VII)

Sumergidos en cenizas de techos agrietados

por terrestres sacudidas bruscas,

pequeños, adultos y veteranos

alzarán vuelos con recuperados bríos,

como aquel ave mítica y pájaro de fuego.

Tendrán casas alfombradas con claveles

y rosadas cestas colgantes,

en calles sin pedruscos y con Sol,

parques con glorietas y toboganes,

escuelas y parroquias para el cambio.

(y VIII)

En brisas de trompetas, hembras y varones

abatidos en estado emocional resurgirán

de pedazos de paredes rotas,

para reconstruir territorios asolados,

en el renacer de paz y progreso,

y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!

………………………….

El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.

 

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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