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Presidente observa modificación ley del TSE.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader observó el proyecto que tenía el objetivo de transformar el marco legislativo del Tribunal Superior Electoral, contenido en la Ley 29-11, cuya nueva propuesta legislativa era para dar potestad a la Alta Corte de conocer conflictos de carácter electivo que se produzcan en los gremios.
Sin embargo, la propuesta de modificación fue observada por el presidente Luis Abinader el pasado seis de junio y en la carta remitida al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, recomendó la eliminación de ese atributo de la nueva ley.
Para el mandatario, el TSE no debería conocer impugnaciones a elecciones de colegios gremiales profesionales, precisando que la “justificación jurídica” de esta atribución interpuesta por el Congreso Nacional resulta precaria.
“Los colegios gremiales no son organizaciones políticas, ni los derechos de sus miembros envueltos en sus elecciones gremiales constituyen derechos de ciudadanía políticos-electorales. Los colegios gremiales, resguardan el derecho a la asociación, a la reunión y al debido proceso, jamás equiparable a los derechos a la participación política”, afirmó el gobernante, recordando la sentencia TC/0307/17 emitida en junio de 2017 por el TC.
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo entiende que la solución es eliminar del proyecto de ley aprobado el numeral 10 del artículo 12, donde adiciona esta competencia.
Sin embargo, en el marco de la discusión sobre la revisión de las candidaturas independientes y previendo que el procedimiento aprobado indique que las mismas sean presentadas a través de entidades civiles, el presidente sugirió al Poder Legislativo limitar el numeral dos del artículo 12 aprobado en el proyecto de ley, para que el TSE “solo y exclusivamente” pueda sesionar sobre aquellos conflictos internos registrados en las organizaciones cívicas en caso de afectarse derechos políticos-electorales.
La nueva ley que regulará esta figura electoral aún no ha sido aprobada por el Poder Legislativo. No obstante, cumplirá el dictamen del Tribunal Constitucional que ordena eliminar la necesidad de presentarse a través de una organización política.
Abinader por igual considera que la remuneración que devengarían los integrantes plenarios del TSE provocaría un “desnivel salarial entre los jueces del TSE y los miembros de la Junta Central Electoral (JCE)”.
Alegando que este incremento, “equivalente a un 46% del sueldo actual”, contradice los topes máximos de salarios en el sector público según el ámbito de actuación de los funcionarios públicos.
“En el caso del sector electoral, se establece en su artículo 12 numeral 4 de la (Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado), que el presidente del Tribunal Superior Electoral, presidente de la Junta Central Electoral, (pueden recibir) hasta RD$375,000”, indicó Abinader en la misiva.
El jefe del Estado aseguró que esta variedad en ingreso laboral implicaría “desconocer” fundamentos esenciales de la política salarial del Estado, como es el principio de equidad salarial.
“Los ajustes salariales deben beneficiar al universo de los servidores públicos de una institución, descartando cualquier excepción de manera exclusiva. El ajuste salarial excluye a los demás servidores del TSE”, afirmó, evidenciando que solo referiría un beneficio para los principales magistrados del Tribunal.
La Presidencia no alteró el derecho que tendrían los magistrados de recibir un arma corta de cualquier calibre, suministrada por el Estado, para su defensa personal, acompañado de una custodia y familiar con carácter permanente.
También, mantuvo que el permiso a los jueces del TSE de importar un vehículo de motor con exoneración, liberándolos del pago de impuestos arancelarios, tributos de primera placa y Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), «así como cualquier otro tipo de tasa, impuesto, carga o gravamen».
“Los jueces del Tribunal Superior Electoral tendrán derecho a placas oficiales rotuladas para el uso en los vehículos personales, durante sus años de servicio, así como también de los vehículos de motor a su cargo”, instruye el artículo 45.
Partidos Políticos
Aunque los partidos políticos no son entes administrativos, la determinación de un plazo de respuesta, tras el cual se habilite la vía jurisdiccional ante el TSE, constituiría una conveniente garantía al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva.
Es por esta razón que el presidente Abinader sugirió que la norma indique “la obligación de los partidos políticos” de establecer un plazo de 30 días para el conocimiento de impugnaciones en la dirigencia.
“El TSE no tiene potestad sobre Juntas Electorales”
En el proyecto de ley aprobado, los representantes también intentaron incluir dentro de la lista de competencias que tienen las Juntas Electorales otras que sean asignadas por el TSE.
Pero, según entiende la Presidencia, el TSE no debería atribuir competencias a otros órganos jurisdiccionales porque este es un tema de “configuración legislativa”, por lo que ordenaron su eliminación.
Repetir el procedimiento
Al ser observada por el Poder Ejecutivo, los congresistas deben de reiniciar el procedimiento legislativo, teniendo nuevamente que conocer la observación en una única lectura, dentro de las dos cámaras del primer poder del Estado. El Senado de la República cumplió esta tarde, favoreciéndola en una única lectura y enviándola a la Cámara de Diputados.
SANTO DOMINGO.-Continúa la presentación de testigos por parte del Ministerio Público en el juicio que se les conoce a los implicados en el caso Coral, los cuales han aportado pruebas del supuesto esquema de lavado de activos y adquisición irregular de bienes por parte de Adán Cáceres Silvestre y los demás acusados.
El documento precisó que durante la audiencia fueron escuchados este martes varios testigos que aportaron datos clave sobre la operatividad financiera y la utilización de estructuras religiosas, sociales y comerciales para encubrir fondos ilícitos.
Entre los testigos, figuran representantes de la Iglesia Bautista Vida Eterna, quienes admitieron haber recibido RD$9,000,000.00 de parte de Cáceres, de los cuales solo devolvieron RD$1,000,000.00 mediante depósitos a Julio Camilo de los Santos Viola.
Asimismo, el representante de la empresa Saramago SRL confirmó que vendió un apartamento a Epifanía Peña Lebrón, pero posteriormente se le solicitó que el contrato final se hiciera a nombre de Único Real State e Inversiones, empresa representada por Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”.
Otro testigo, Harmiton Luna, declaró que vendió apartamentos en la torre Harianex XIII a Adán Cáceres y a Julio Camilo de los Santos Viola. A través de la documentación incorporada al proceso, se comprobó que De los Santos Viola realizó los pagos en dólares estadounidenses.
El Ministerio Público incorporó pruebas documentales y periciales que refuerzan su teoría del caso y evidencian cómo los imputados utilizaron estructuras religiosas, sociales y empresariales para encubrir el origen ilícito de los fondos.
La audiencia presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el próximo martes 15 de julio, con la presentación de nuevos testigos por parte del Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Publico desmantelo mediante la Operación Búfalo NK una red internacional de narcotráfico que operaba en Colombia, Puerto Rico Rico y Republica Dominicana, entre cuyos nueve integrantes todos se han declarado culpables de los cargos formulados en su contra.
De los imputados, cinco fueron condenados este miércoles mediante procedimientos abreviados, tras admitir su responsabilidad penal en los hechos presentados por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.Los otros cuatro esperan que un tribunal valide sus acuerdos.
La decisión fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien acogió la solicitud del órgano acusador.
Según la Procuraduría General de la República, la contundencia de las pruebas presentadas motivó que los procesados aceptaran su culpabilidad en los delitos graves imputados
José Antonio Toribio fue declarado culpable de violar múltiples artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, relacionados con tráfico ilícito, lavado de activos y asociación criminal, así como del Código Penal.
Fue condenado a cinco años de prisión, de los cuales deberá cumplir ocho meses, con cuatro años y dos meses suspendidos, y deberá pagar una multa de 50,000 pesos.
Juan Bolívar Hernández también admitió su responsabilidad en los delitos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores. Fue sentenciado a cinco años de prisión, con suspensión de dos años y seis meses, y cumplirá el resto en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata.
El tribunal ordenó, además, el decomiso de 290,000 pesos dominicanos, 1,700 dólares y 50,450 pesos adicionales.
Robert Nicolás Acosta Adames fue condenado por los mismos delitos a siete años de prisión, de los cuales cumplirá tres años y seis meses, y el resto fue suspendido. Deberá pagar una multa de 50,000 pesos y cumplirá su condena en el CCR San Felipe de Puerto Plata.
Severiano Núñez Pichardo, igualmente vinculado a la red, fue sentenciado a cinco años de prisión, con tres años y nueve meses suspendidos, por lo que deberá cumplir un año y tres meses en prisión, además de una multa de 50,000 pesos.
Maritza Flete Santana fue condenada por violar el artículo 66 de la Ley 631-16 sobre armas de fuego, recibiendo una pena de tres años de prisión totalmente suspendidos, una multa equivalente a 25 salarios mínimos y el decomiso del arma incautada.
- La lectura íntegra de la sentencia fue programada para el 30 de julio de 2025.
Esta operación fue ejecutada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en colaboración con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos.
La red desmantelada operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando embarcaciones para el tráfico internacional de drogas, con el objetivo de obtener millonarias ganancias ilícitas.
Un total de 10 personas fueron procesadas como parte de esta operación. De ellas, nueve han alcanzado acuerdos con el Ministerio Público, lo que, según la Procuraduría, refleja la solidez de la investigación y el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico transnacional.
SANTO DOMINGO. – Luis Abinader advirtió este miércoles a todos los funcionarios del gobierno que no podrán hacer campaña desde sus cargos públicos relacionados con los procesos internos del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
«Ustedes saben que hemos sido democráticos y tolerantes para todo el que quiera tener aspiraciones, sin embargo, ayer dijimos muy claro que el proselitismo y la campaña desde las oficinas públicas no pueden ser», declaró el mandatario.
Esas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario durante su periplo por la provincia de Montecristi mientras inauguraba diferentes obras.
El jefe de Estado manifestó que ha sido claro de que desautoriza ese tipo de actividades.
«El que quiera hacer campaña y proselitismo tendrá que salir del gobierno», afirmó el mandatario.
El jefe de Estado dijo que actualmente lo que que se debe hacer, es seguir solucionando los problemas de la gente, de las comunidades y las instituciones.
«No puede haber campaña desde ninguna oficina pública», sentenció el gobernante.
Las elecciones de 2028 aún parecen lejanas, pero ya varios altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en funciones públicas o electivas, han lanzado públicamente sus aspiraciones presidenciales. Lo preocupante no es la ambición legítima de participar, sino el momento y la manera en que lo han hecho, desafiando el orden político y la estabilidad de la gestión actual. Esta situación demanda una respuesta firme y diferenciada por parte del presidente Luis Abinader.
La vicepresidenta Raquel Peña fue la primera en declarar que sueña con subir las escalinatas del Palacio Nacional como presidenta (Listín Diario, 2024). Le siguió el director de Aduanas, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, quien reconoció en una entrevista que presentará un proyecto presidencial en el momento oportuno (El Día, 2024). De forma similar, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, oficializó sus aspiraciones mediante una carta a la dirigencia del PRM (El Nuevo Diario, 2024). Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, fue más allá al difundir un video desde la frontera proponiendo ideas de gobierno (Diario Libre, 2024).
A esta lista se suma Wellington Arnaud, director del INAPA, quien también confirmó públicamente sus aspiraciones presidenciales (Acento, 2024). Todos ellos ocupan funciones ejecutivas claves, lo que implica no solo exposición pública privilegiada, sino también el riesgo de confusión entre gestión y campaña.
Frente a estas acciones, contrasta el comportamiento de otros dirigentes igualmente posicionados en las encuestas, como David Collado o Guido Gómez Mazara, quienes no han oficializado aspiraciones ni utilizado sus cargos para promoverse, respetando así el mandato institucional.
El presidente Abinader, líder del PRM, debe tomar medidas claras: exigir la separación del cargo a quienes se han lanzado sin respetar los tiempos del partido y del gobierno. Pero esta corrección no debe extenderse a quienes han actuado con madurez, esperando los cauces institucionales. No se puede tratar igual a quien respeta que a quien irrumpe.
El PRM debe mostrar que es un partido moderno no solo en nombre, sino en prácticas. La equidad, la disciplina y el respeto a las normas internas deben prevalecer sobre el individualismo político.