Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional se avocó en los últimos meses al conocimiento de dos proyectos de ley que tienen el objetivo de autorizar al Gobierno el saldo de  deudas con empresarios y constructores, los cuales habrían realizado obras, en algunos casos, sin la formalización de un contrato.

Primero, los órganos del Poder Legislativo lograron aprobar una pieza que fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación el pasado 1 de diciembre. Sin embargo, el documento propuesto por el senador Franklin Romero fue observado por el presidente Luis Abinader, luego de haber detectado diversas inconstitucionalidades en su contenido.

Dentro de estas se encontraba la ausencia de un monto específico a pagar, así como la especificación de una fecha para delimitar cuáles casos serían beneficiados por la posible ley, la implementación de un mecanismo que permitiera garantizar la veracidad de lo adeudado, entre otras.

Finalmente, el gobernante acogió la nueva versión enviada por los congresistas, ordenando el pasado 1 de mayo su promulgación a través de la numeración Ley 16-26.

Pero, ¿la nueva ley resolvió las inconstitucionalidades?

La iniciativa promulgada por el presidente Abinader aún continúa sin precisar la cantidad de dinero que deberá pagar el Poder Ejecutivo.

“En el caso de que el Ministerio de Hacienda y Economía acoja las recomendaciones de pago (realizadas por la comisión), la programación de los recursos estará sujeta a la disponibilidad financiera de corto y mediano plazo, sin que ello implique, en caso de imposibilidad presupuestaria, una obligación de pago inmediata ni la afectación de los techos presupuestarios vigentes”, indica el primer párrafo del artículo octavo.

La pieza establece que los pagos dispuestos por la comisión “estarán exentos del cumplimiento de la normativa vigente sobre contratación pública, incluyendo el registro de contratos”. Mientras tanto, las autoridades aún desconocen el monto que entregarían como parte de las deudas.

Observación de Abinader

El presidente Abinader expresó en la observación realizada al primer proyecto aprobado que las deudas públicas, para ser reconocidas, deben ser ciertas y líquidas: “Es decir, debe acreditarse su existencia mediante la documentación correspondiente y determinarse con exactitud el monto adeudado. Reconocer primero a presuntos acreedores y verificar después su calidad”.

Abinader explicó en esa ocasión que el cumplimiento de ese procedimiento le permite al Estado “evitar sorpresas que puedan superar su capacidad de pago o distraer fondos del presupuesto general de la nación”.

“La prudencia normativa impone identificar inequívocamente a los acreedores, establecer el monto adeudado y, con esa información verificada, aprobar la ley disponiendo el pago. Hacerlo en sentido inverso podría contravenir principios esenciales de la Constitución”, reiteró el mandatario en la misiva enviada el pasado 16 de enero.

11 empresas

El artículo 10 de la ley identifica como “candidatos a acreedores del Estado” a un extenso grupo de ingenieros, empresas contratistas que obtuvieron el derecho de ser evaluadas por la comisión del Gobierno, sin la posibilidad de que se adicionen otros casos.

En la lista se encuentran los nombres de las compañías. Estas son Asfaltos del Cibao S.R.L.; Alba Sánchez y Asociados S.A.S; Aridos S.R.L.; Gil + Gil Constructora S.R.L.; Constructora Campos S.R.L.; Cubierta Dominicana S.R.L.; Ingeniería Estrella S.R.L.; Constructora JM S.R.L; Fepan Construcción S.R.L.; Carimex, Llc; Consultores Nacionales Dominicanos, S. A. (Canadosa).

Además, menciona a constructores que, según aseguran, realizaron o participaron en el remozamiento o la edificación de infraestructura.

“Ing. Flavio Ramos (fallecido), Arq. Emiliano Martín Família Santos, Nelson Núñez García, Ing. José Paulino G. y asocs. S.R.L./ Ing. José D. Paulino Gutiérrez, Ing. Luis Manuel Paulino / Ing. Ovidio Rosario, Ing. Manuel Ygnacio Reyes Pérez, Ing. Enrique Estrada Gómez (fallecido), Ing. María Esther Alba Alba, Ing. José A. Torres Vargas”, precisa el documento, aclarando que en el caso de los obreros muertos el dinero sería entregado a sus familiares.

El artículo 18 ordena la entrada en vigencia inmediata de la ley. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda aún no ha informado públicamente si inició con el proceso de evaluación.

Santo Domingo, R.D.-Pedro Urrutia,  titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),  informó estar creando las disposiciones necesarias para que todas las plataformas digitales que ofrecen servicios en el país comiencen a pagar el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), que representa un 18% en su tasa general.

Con esta posible medida a aplicar, los usuarios que utilicen estos servicios podrían esperar un incremento en sus tarifas en los próximos meses, tomando en cuenta que Urrutia espera tener la propuesta formal en un plazo de 60 días.

Para llevarlo a la práctica, un plan básico de Netflix mantiene un costo de US$6.99 (RD$411.43); si a este monto se le suma la tasa del ITBIS, el total sería (US$8.24) RD$485.01. El incremento sería de RD$74.05 en un mes y al año de RD$888.6.

En Disney+ el plan estándar equivale a US$10,99 (RD$646.87) al mes. Con un incremento del 18%, el precio se modifica a US$12.96 (RD$762.83).   En HBO Max los planes empiezan desde RD$208 al mes, pero con el tributo el monto final sería RD$245.44.

La medida pasaría a formar parte del cuarto intento del Gobierno dominicano por imponer impuestos a estas plataformas a pesar de que en las anteriores ocasiones no logró ser implementada.

Ya sea por falta de apoyo o cuestionamientos en las veces anteriores, en esta ocasión Urrutia declaró que si este planteamiento no aplicara en las normativas del Código Tributario, crearía alguna legislación adicional para su cumplimiento.

Santo Domingo, R.D.-Uno de los más alto reconocimiento que otorga el gobierno dominicano, la Orden del Merito Duarte, Sanchez y Mella en el Grado de Caballero, fue entregado por  el presidente Luis Abinader  en septiembre de 2024 uno de los hombres más importantes en el pais de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quien ahora está imputado de la comision de una serie de irregularidades desde la posicion que ocupaba.

Esta distinción fue otorgada a Melitón Cordero, uno de los representantes que tenía la agencia antinarcótica de Estados Unidos (EE.UU.) laborando en el territorio nacional, asignado a la Embajada durante aproximadamente seis años.

Sus funciones finalizaron el pasado 12 de febrero cuando el cuerpo diplomático estadounidense informó el arresto de Cordero por haber cometido supuestas irregularidades, provocando así el cierre temporal de las oficinas de la DEA en República Dominicana.

La acusación presentada en el tribunal del Distrito de Columbia en Estados Unidos señala a Cordero por haber cometido “soborno y fraude de visas”.

El documento judicial establece que supuestamente el imputado habría recibido miles de dólares como recompensa por ayudar a ciudadanos extranjeros en la obtención de una visa para ingresar al territorio estadounidense de manera temporal.

“El pueblo estadounidense le confió a este individuo el fiel cumplimiento de sus funciones y la representación del Gobierno estadounidense en el extranjero como líder dentro de la DEA. Sin embargo, se le acusa de haber violado la ley, malversado esta confianza especial y socavado las prioridades migratorias del presidente. Este comportamiento por parte de cualquier funcionario del gobierno es inaceptable y no será tolerado”, declaró Jeanine Pirro en un comunicado de prensa enviado a Listín Diario.

Aunque no había sido divulgado públicamente, el presidente Luis Abinader decidió el pasado 17 de febrero derogar el decreto 520-24, eliminando así el mérito entregado a Melitón.

Según precisa el documento, Abinader decidió distinguir a Melitón Cordero tras acoger una recomendación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien preside el Consejo de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella.

Los hechos atribuidos a Cordero son investigados por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Newark, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la DEA.