Santo Domingo, RD.-Con unas declaraciones que busca sacar ventaja de las persecuciones del Ministerio Publico, el presidente Luis Abinader en una acción que no tiene discusión suspendió ayer de funciones a Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, por implicaciones en actividades ilícitas, convirtiéndose así en el noveno funcionario suspendido y/o destituido de su cargo.Nacionales
Presidente busca sacar ventaja política de acciones del Ministerio Público.
Santo Domingo, RD.-Con unas declaraciones que busca sacar ventaja de las persecuciones del Ministerio Publico, el presidente Luis Abinader en una acción que no tiene discusión suspendió ayer de funciones a Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, por implicaciones en actividades ilícitas, convirtiéndose así en el noveno funcionario suspendido y/o destituido de su cargo.“Yo le prometí a este país que no iba haber impunidad. Yo le prometí a este país que iba a ver un Ministerio Público que iba actuar, caiga quien caiga, y eso es lo que se está ejerciendo en este país” dijo el jefe del Estado.
“En este país ya no hay vacas sagradas. En este país todo el que la hace la paga. Ya se encargará la justicia de determinar”, agregó.
Al respecto, dijo esperar ahora que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República den los detalles, integralmente, de toda esta operación.
Luis Abinader respondió preguntas de los periodistas sobre el caso en el que Juan Maldonado Castro fue apresado, por su presunta implicación en cuestiones relacionadas con narcotráfico y lavado de activos. Minutos antes de sus declaraciones, Abinader había suspendido de forma provisional a Maldonado Castro, mediante el decreto 550-21. “Lo que sí, ese es un compromiso sagrado que yo tengo con nuestro país, de acabar lo que muchas décadas, tanto en la corrupción administrativa como en el crimen organizado que existió, que fue impunidad y protección. Eso ya no existe en la República dominicana”, precisó.
La exministra de la Juventud, Kinberly Taveras, escenificó el primer escándalo por presuntas irregularidades en manejo de los fondos públicos mientras fue directora del Distrito Municipal de La Guayiga.
Operación Falcón
La madrugada de ayer, miércoles, arrancó con 60 fiscales para certificar 80 allanamientos en varias jurisdicciones, incluyendo el Distrito Nacional, y más de 200 agentes antinarcóticos en resguardo de sus operativos.
La Procuraduría General de la República reveló nuevos nombres que integran la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos conocida como Operación Falcón. Entre los arrestados figuran Rafael Alberto de Jesús, Marisol López Ceballo (Mary); Elva Teresa Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera y José Alejandro de la Cruz Morales. Además de los antes mencionados, Juan José de la Cruz Morales, conocido también como Wandy, Wander, W, El Michero, El Hombre o El Don, también, Juan Maldonado Castro (Marcial o El Líder), María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli, La Princesa); Lenin Bladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco.
Según establece el Ministerio Público, los integrantes de la red adquirieron, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento.
También, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
El MP aseguró que esta red operaba en la zona norte del país, en especial en Santiago, pero con ramificaciones en la región este del país y que los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Sudamérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.
El MP señala que la red está vinculada a un alijo de 1,786 kilogramos ocupado por las autoridades de Puerto Rico en noviembre de 2016, así como también a otro alijo de 500 kilogramos de cocaína introducido a Puerto Rico, en diciembre de 2018, y otro de 722 paquetes ocupados por la DNCD en Boca de Yuma en noviembre de 2018, más uno de 659 paquetes de cocaína ocupado en Bayahíbe en noviembre de 2018.
En febrero de 2019, a individuos vinculados a la red se les ocuparon 254 paquetes de cocaína en el tramo carretero de la Autopista del Coral, entre la estación de Peaje Coral II y la rotonda del distrito municipal Verón-Punta Cana. Los arrestados están vinculados a la red de narcotráfico a la que en marzo de 2019 se le ocuparon 1,050 paquetes de cocaína, en la embarcación tipo Go Fast que quedó a la deriva por falta de combustible a unas 50 millas náuticas al norte de Puerto Rico.
“Ciertamente, el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como también con el apoyo de la DEA, ha tenido varios meses en una investigación bastante compleja que incluye alrededor de nueve provincias del país en las que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamientos de forma preliminar”, especificó Yeni Berenice Reynoso.
Agregó que han ocupado muchas evidencias, entre ellas cantidades “exorbitantes” en dólares que por el momento no quiso precisar debido a que los allanamientos están en proceso.
Calificó la operación como una de las más importantes que registra el país en contra del lavado de activos. Reynoso explicó que la investigación conlleva la detención de extraditables y que otros imputados serán procesados por la Fiscalía de Santiago.
JUAN MALDONADO
En Santiago.
La Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de seguridad del Estado realizaron ayer más de 20 allanamientos en establecimientos comerciales, torres de apartamentos, locales, financieras y otros lugares de Santiago, donde fueron apresadas varias personas y fueron incautadosvarios bienes.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
Las candidaturas independientes plantean retos significativos, como la viabilidad financiera y organizativa. Será crucial que las autoridades electorales establezcan mecanismos claros y accesibles para garantizar que estas nuevas opciones no solo existan en papel, sino que puedan competir de manera efectiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
La sentencia concluyó que había una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
“¡Buenas noticias para la República Dominicana! Hemos sido notificados que han sido agotados los procedimientos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo “Cielos Abiertos” entre nuestro país y los Estados Unidos”, cita el mandatario.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
Además, prometieron un aumento en la frecuencia de vuelos, tarifas más competitivas y una mayor diversidad de servicios. Según el presidente Luis Abinader, esta iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Finalmente, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional, asegurando que las aerolíneas respeten las leyes locales y adopten prácticas comerciales justas y transparentes. Además, se contempla un mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje, lo que refuerza la seguridad jurídica del pacto.