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Presidente busca sacar ventaja política de acciones del Ministerio Público.

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Santo Domingo, RD.-Con unas declaraciones que busca sacar ventaja de las persecuciones del Ministerio Publico, el presidente Luis Abinader en una acción que no tiene discusión suspen­dió ayer de funciones a Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, por implicaciones en actividades ilícitas, convirtiéndose así en el noveno funcionario sus­pendido y/o destituido de su cargo.

“Yo le prometí a este país que no iba haber impuni­dad. Yo le prometí a este país que iba a ver un Ministerio Público que iba actuar, caiga quien caiga, y eso es lo que se está ejerciendo en este país” dijo el jefe del Estado.

“En este país ya no hay va­cas sagradas. En este país to­do el que la hace la paga. Ya se encargará la justicia de determinar”, agregó.

Al respecto, dijo esperar ahora que la Dirección Na­cional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República den los detalles, integralmente, de toda esta operación.

Luis Abinader respondió preguntas de los periodistas sobre el caso en el que Juan Maldonado Castro fue apre­sado, por su presunta impli­cación en cuestiones rela­cionadas con narcotráfico y lavado de activos. Minutos antes de sus declaraciones, Abinader había suspendido de forma provisional a Mal­donado Castro, mediante el decreto 550-21. “Lo que sí, ese es un compromiso sagra­do que yo tengo con nuestro país, de acabar lo que mu­chas décadas, tanto en la co­rrupción administrativa como en el crimen organizado que existió, que fue impunidad y protección. Eso ya no existe en la República dominicana”, precisó.

La exministra de la Juven­tud, Kinberly Taveras, esceni­ficó el primer escándalo por presuntas irregularidades en manejo de los fondos públi­cos mientras fue directora del Distrito Municipal de La Gua­yiga.

Operación Falcón
La madrugada de ayer, miércoles, arrancó con 60 fis­cales para certificar 80 alla­namientos en varias jurisdic­ciones, incluyendo el Distrito Nacional, y más de 200 agen­tes antinarcóticos en resguar­do de sus operativos.

La Procuraduría General de la República reveló nue­vos nombres que integran la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos conoci­da como Operación Falcón. Entre los arrestados figuran Rafael Alberto de Jesús, Ma­risol López Ceballo (Mary); Elva Teresa Polanco, Víc­tor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera y Jo­sé Alejandro de la Cruz Mo­rales. Además de los antes mencionados, Juan José de la Cruz Morales, conocido también como Wandy, Wan­der, W, El Michero, El Hom­bre o El Don, también, Juan Maldonado Castro (Mar­cial o El Líder), María Olim­pia Tavares Rodríguez (Oli, La Princesa); Lenin Bladi­mir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco.

Según establece el Minis­terio Público, los integrantes de la red adquirieron, produc­to del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de com­bustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas ga­mas, prendas, embarcacio­nes, dealers, discotecas, ban­cas de apuestas y empresas de entretenimiento.

También, financiaron cam­pañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.

El MP aseguró que esta red operaba en la zona norte del país, en especial en San­tiago, pero con ramificacio­nes en la región este del país y que los involucrados se de­dicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes car­gamentos de drogas prove­nientes desde Sudamérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia Repúbli­ca Dominicana, con el fin de llevarlos Estados Uni­dos, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.

El MP señala que la red está vinculada a un alijo de 1,786 kilogramos ocupado por las autoridades de Puerto Rico en noviembre de 2016, así como también a otro alijo de 500 kilogramos de cocaína introducido a Puerto Rico, en diciembre de 2018, y otro de 722 paquetes ocupados por la DNCD en Boca de Yuma en noviembre de 2018, más uno de 659 paquetes de cocaína ocupado en Bayahíbe en no­viembre de 2018.

En febrero de 2019, a indi­viduos vinculados a la red se les ocuparon 254 paquetes de cocaína en el tramo carretero de la Autopista del Coral, en­tre la estación de Peaje Coral II y la rotonda del distrito mu­nicipal Verón-Punta Cana. Los arrestados están vinculados a la red de narcotráfico a la que en marzo de 2019 se le ocupa­ron 1,050 paquetes de cocaí­na, en la embarcación tipo Go Fast que quedó a la deriva por falta de combustible a unas 50 millas náuticas al norte de Puerto Rico.

“Ciertamente, el Ministe­rio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como también con el apoyo de la DEA, ha tenido varios meses en una investigación bastan­te compleja que incluye alre­dedor de nueve provincias del país en las que hemos te­nido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamientos de forma pre­liminar”, especificó Yeni Be­renice Reynoso.

Agregó que han ocupado muchas evidencias, entre ellas cantidades “exorbitantes” en dólares que por el momen­to no quiso precisar debido a que los allanamientos están en proceso.

Calificó la operación como una de las más importantes que registra el país en contra del lavado de activos. Reyno­so explicó que la investigación conlleva la detención de ex­traditables y que otros impu­tados serán procesados por la Fiscalía de Santiago.

JUAN MALDONADO
En Santiago.

La Procuraduría Gene­ral de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DN­CD) y otras agencias de seguridad del Estado realizaron ayer más de 20 allanamientos en es­tablecimientos comer­ciales, torres de aparta­mentos, locales, finan­cieras y otros lugares de Santiago, donde fueron apresadas varias perso­nas y fueron incautados­varios bienes.

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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.

Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.

Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.

Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.

La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.

Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.

Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.

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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3

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Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.

Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».

«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).

Derechos de Franasyl

La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.

En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.

La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.

  • Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.

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Senado contra la pared con el CPP: aprobar o rechazar

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Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.

El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.

La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.

La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.

El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.

Ejecución del peritaje

Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.

La CD modificó el artículo 48 de la pieza

Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.

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