Santo Domingo, RD.-El presidente Luis Abinader consideró como acciones imprudentes los aumentos de salarios que han sido denunciados en los últimos días en varias dependencias estatales.Nacionales
Como “acciones imprudentes” calificó Abinader aumentos de salarios de funcionarios.
Santo Domingo, RD.-El presidente Luis Abinader consideró como acciones imprudentes los aumentos de salarios que han sido denunciados en los últimos días en varias dependencias estatales.“A lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la República Dominicana, han sido acciones imprudentes.”, indicó el mandatario a miembros de la prensa.
Abinader aprovechó la ocasión para recalcar que esas instituciones, la mayoría, son de carácter autónomo como las superintendencias, donde dijo que él no ha podido hacer cambios.
“También quiero decir que donde ha habido esos aumentos en 4 o 5 entidades autónomas son especialmente en las superintendencias, algunas de ellas donde yo no he podido ni siquiera cambiar el director porque están por varios años y así es que dice la ley. Y esas entidades autónomas hay que respetar y yo soy un respetuoso tanto de las leyes como de la Constitución. Y repito algunas de esas superintendencias no he podido hacer cambios porque tienen un tiempo específico que así lo indica su ley, cada una de esas leyes fueron hechas y promulgadas en periodos anteriores”, exclamó el mandatario.
A pesar de que Abinader señala que en esas instituciones no ha establecido cambios, una de las apuntadas por aumentarse los salarios es la Superintendencia de Bancos, donde su actual titular, Alejandro Fernández W., fue designado por el mandatario en agosto de 2020.
Estas declaraciones del mandatario subrayan unas informaciones dadas a conocer, a través de una nota de prensa, por el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, quien dijo que los titulares de los distintos órganos del gobierno central mantienen el mismo salario con los que entraron en 2020.
Listín Diario ha informado a través de varios reportajes, como algunos titulares de varias instituciones se han aumentado el salario.
Uno de ellos, el renunciante superintendente de electricidad, Rafael Velazco Espaillat, quien junto a dos miembros del consejo de esa entidad aumentaron de forma gradual los salarios.
Velazco Espaillat inició su periodo como superintendente, el 20 de agosto de 2020, con una remuneración salarial de 596,546 pesos para luego pasó a ganar RD$ 653,219, hasta alcanzar finalmente RD$ 751,201.
Diógenes Rodríguez Grullón y Aura Mireya Caraballo Castillo, otros miembros del consejo pasaron en 11 meses a devengar RD$ 446,412 a RD$ 488,822 y posteriormente a 562,145 pesos.
Declaraciones del presidente:
“A lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la RD, han sido acciones imprudentes.
Ahora yo quiero también aclarar que en el gobierno central, donde nosotros disponemos y ordenamos y el MAP tiene total control, no ha habido en los ministros ni en los viceministros ningún aumento. Y todo lo contrario: nosotros manejamos cada centavo con la mayor eficiencia buscando transparencia en un país que no estaba acostumbrado a eso.
También quiero decir que donde ha habido esos aumentos en 4 o 5 entidades autónomas son especialmente en las superintendencias, algunas de ellas donde yo no he podido ni siquiera cambiar el director porque están por varios años y así es que dice la ley. Y esas entidades autónomas hay que respetar y yo soy un respetuoso tanto de las leyes como de la Constitución. Y repito algunas de esas superintendencias no he podido hacer cambios porque tienen un tiempo específico que así lo indica su ley, cada una de esas leyes fueron hechas y promulgadas en periodos anteriores, incluso el MAP hace unos meses nos decía que debíamos en muchas de esas entidades autónomas si bien mantener su autonomía sobre sus acciones y en el caso del gasto tener algún tipo de control y de coadministración y el MAP está trabajando en ese sentido si lo llevamos al CES (Consejo Económico Social) para que esas entidades autónomas no puedan actuar de manera autónoma en cuanto a sus ingresos”.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.