Santo Domingo, RD.-El presidente Luis Abinader consideró como acciones imprudentes los aumentos de salarios que han sido denunciados en los últimos días en varias dependencias estatales.Nacionales
Como “acciones imprudentes” calificó Abinader aumentos de salarios de funcionarios.
Santo Domingo, RD.-El presidente Luis Abinader consideró como acciones imprudentes los aumentos de salarios que han sido denunciados en los últimos días en varias dependencias estatales.“A lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la República Dominicana, han sido acciones imprudentes.”, indicó el mandatario a miembros de la prensa.
Abinader aprovechó la ocasión para recalcar que esas instituciones, la mayoría, son de carácter autónomo como las superintendencias, donde dijo que él no ha podido hacer cambios.
“También quiero decir que donde ha habido esos aumentos en 4 o 5 entidades autónomas son especialmente en las superintendencias, algunas de ellas donde yo no he podido ni siquiera cambiar el director porque están por varios años y así es que dice la ley. Y esas entidades autónomas hay que respetar y yo soy un respetuoso tanto de las leyes como de la Constitución. Y repito algunas de esas superintendencias no he podido hacer cambios porque tienen un tiempo específico que así lo indica su ley, cada una de esas leyes fueron hechas y promulgadas en periodos anteriores”, exclamó el mandatario.
A pesar de que Abinader señala que en esas instituciones no ha establecido cambios, una de las apuntadas por aumentarse los salarios es la Superintendencia de Bancos, donde su actual titular, Alejandro Fernández W., fue designado por el mandatario en agosto de 2020.
Estas declaraciones del mandatario subrayan unas informaciones dadas a conocer, a través de una nota de prensa, por el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, quien dijo que los titulares de los distintos órganos del gobierno central mantienen el mismo salario con los que entraron en 2020.
Listín Diario ha informado a través de varios reportajes, como algunos titulares de varias instituciones se han aumentado el salario.
Uno de ellos, el renunciante superintendente de electricidad, Rafael Velazco Espaillat, quien junto a dos miembros del consejo de esa entidad aumentaron de forma gradual los salarios.
Velazco Espaillat inició su periodo como superintendente, el 20 de agosto de 2020, con una remuneración salarial de 596,546 pesos para luego pasó a ganar RD$ 653,219, hasta alcanzar finalmente RD$ 751,201.
Diógenes Rodríguez Grullón y Aura Mireya Caraballo Castillo, otros miembros del consejo pasaron en 11 meses a devengar RD$ 446,412 a RD$ 488,822 y posteriormente a 562,145 pesos.
Declaraciones del presidente:
“A lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la RD, han sido acciones imprudentes.
Ahora yo quiero también aclarar que en el gobierno central, donde nosotros disponemos y ordenamos y el MAP tiene total control, no ha habido en los ministros ni en los viceministros ningún aumento. Y todo lo contrario: nosotros manejamos cada centavo con la mayor eficiencia buscando transparencia en un país que no estaba acostumbrado a eso.
También quiero decir que donde ha habido esos aumentos en 4 o 5 entidades autónomas son especialmente en las superintendencias, algunas de ellas donde yo no he podido ni siquiera cambiar el director porque están por varios años y así es que dice la ley. Y esas entidades autónomas hay que respetar y yo soy un respetuoso tanto de las leyes como de la Constitución. Y repito algunas de esas superintendencias no he podido hacer cambios porque tienen un tiempo específico que así lo indica su ley, cada una de esas leyes fueron hechas y promulgadas en periodos anteriores, incluso el MAP hace unos meses nos decía que debíamos en muchas de esas entidades autónomas si bien mantener su autonomía sobre sus acciones y en el caso del gasto tener algún tipo de control y de coadministración y el MAP está trabajando en ese sentido si lo llevamos al CES (Consejo Económico Social) para que esas entidades autónomas no puedan actuar de manera autónoma en cuanto a sus ingresos”.
Santo Domingo, R.D.-Treinta años de prisión solicitó el Ministerio Público este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para Wesly Carmona, alias «El Dotolcito» y 40 años para Luis Brito Troncoso y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) por su alegada participación en el homicidio de Joshua Fernández el pasado 19 de abril del 2023 en la discoteca Kiss Bar.
Magalys Sánchez, representante del de Ministerio Público (MP), aseguró que, aunque la defensa de los imputados alegue que Wesly Carmona, alias » El Dotolcito«, no tuvo participación en el acto, su influencia fue «transcendental» en el desarrollo del atraco que terminó trágicamente con la vida de Joshua Fernández, por lo que piden una condena justa.
«Sin la influencia de Wesly no se hubiese llevado a cabo nada y hoy Joshua estuviera vivo. A él le permitían entrar a la discoteca sin revisarlo, según explicó uno de los imputados al ser interrogado, incluso no era requisado aún si portaba armas de fuego», destacó Sánchez.
Dijo, además, que él fue quien llamó al taxista y organizó todo. » El fue la cabecilla de esta trama», subrayó la representante del MP.
Agregó que «si Wesly Carmona no hubiese llamado a Luisito, mientras éste estaba durmiendo con su esposa y éste a Alison, cuando la discoteca estaba cerrando, Joshua estuviese vivo».
El tribunal aplazó el juicio por cinco minutos para deliberar la solicitud del MP.
Abogados de la familia de Joshua Fernández dicen están satisfechos con la condena solicitada por el MP.
A El Dotolcito se le imputa haber violado los artículos 265,266,295,304,379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.
A Chiquito y a Luisito se le imputa violación de los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 párrafo II y 67 de la Ley 631-16, de ponerte y tenencia de armas.
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado recibió este lunes una solicito del Ministerio Público (MP) para no permitir la presencia de la prensa durante el interrogatorio de los testigos presentados por ellos en el caso Antipulpo, el cual imputa a Alexis y Magalys Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con el órgano acusador, exponer en medios de comunicación la declaración de los testigos puede contaminar a los demás, por lo que pidieron al tribunal excluir a los periodistas durante esta fase del proceso.
Ante este pedimento, la mayoría de los abogados de la defensa no presentaron oposición, sin embargo, alguno de ellos rechazaron la solicitud, alegando que esto estaría violentado el derecho a la libertad de prensa.
Otros togados propusieron que los periodistas se mantuvieran durante todo el proceso, tomando notas, pero que sean restringidos el uso de teléfonos móviles y cámaras.
Se recuerda que en esta audiencia el MP estaría presentando como testigos al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, pero previo al interrogatorio expusieron este pedimento.
Por su parte, Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, las juezas que presidente tribunal,establecieron un receso para deliberar sobre el incidente.
En el caso Antipulpo, el Ministerio Público acusa a los imputados de desfalco al Estado dominicano con más de RD$5,000 millones.
Los principales acusados en el entramado son los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez.
También figura el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfrido Hidalgo Núñez; el excontralor, Rafael Antonio Germosén, y el exdirector del FONPER Fernando Rosa.
Santo Domingo.-Cuando vence el plazo para que el Ministerio Público presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, tres ex-funcionarios del Gobierno de Danilo Medina fueron sometidos a interrogatorios.
El pasado viernes, los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho interrogaron al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
Otro de los exfuncionarios que ha requerido Berenice Reynoso, directora de Persecución, y Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), es el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Emilio Toribio.
Camacho anunció que en los próximos días, en la presentación de la acusación del caso Calamar, serían involucrados nuevos imputados y la presentación de nuevas pruebas.
Simón Lizardo, figura en el expediente acusatorio del caso Calamar, conjuntamente con el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, como uno de los que estuvo en una de las reuniones de los principales señalados del supuesto entramado contra el Estado por más de 17,000 millones de pesos.
Así lo especifica la instrumentación del Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, en la que menciona a Lizardo en la página 32 como uno de los que supuestamente conversó y «tramitó» el inicio del presunto plan en detrimento del erario.
Desde el 2021, que iniciaron los procesos de corrupción cometidos en la pasada administración de Danilo Medina, Simón Lizardo ha sido interrogado en reiteradas ocasiones en la Procuraduría General de la República.
El pasado 8 de abril, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán Brito a presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, en un plazo de 15 días.
La jueza advirtió a los fiscales que de no cumplir con la presentación de la acusación cuyo plazo vence el 6 de mayo, se procederá a fijar audiencia de extinción de la acción penal.
La decisión fue tomada en virtud a una solicitud hecha por la defensa del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, doctores Luis Rivas y Laura Acosta, a la que se sumó la defensa de los demás implicados, quienes plantearon al tribunal declarare la inadmisibilidad sobrevenida del conocimiento de la solicitud de prórroga por cuatro meses que hizo el Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
En el caso figuran además como imputados el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el ex director de Catastro Nacional.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.