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Como “acciones imprudentes” calificó Abinader aumentos de salarios de funcionarios.

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Santo Domingo, RD.-El presidente Luis Abinader consideró como acciones imprudentes los aumentos de salarios que han sido denunciados en los últimos días en varias dependencias estatales.

“A lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la República Dominicana, han sido acciones imprudentes.”, indicó el mandatario a miembros de la prensa.

Abinader aprovechó la ocasión para recalcar que esas instituciones, la mayoría, son de carácter autónomo como las superintendencias, donde dijo que él no ha podido hacer cambios.

“También quiero decir que donde ha habido esos aumentos en 4 o 5 entidades autónomas son especialmente en las superintendencias, algunas de ellas donde yo no he podido ni siquiera cambiar el director porque están por varios años y así es que dice la ley. Y esas entidades autónomas hay que respetar y yo soy un respetuoso tanto de las leyes como de la Constitución. Y repito algunas de esas superintendencias no he podido hacer cambios porque tienen un tiempo específico que así lo indica su ley, cada una de esas leyes fueron hechas y promulgadas en periodos anteriores”, exclamó el mandatario.

A pesar de que Abinader señala que en esas instituciones no ha establecido cambios, una de las apuntadas por aumentarse los salarios es la Superintendencia de Bancos, donde su actual titular, Alejandro Fernández W., fue designado por el mandatario en agosto de 2020.

Estas declaraciones del mandatario subrayan unas informaciones dadas a conocer, a través de una nota de prensa, por el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, quien dijo que los titulares de los distintos órganos del gobierno central mantienen el mismo salario con los que entraron en 2020.

Listín Diario ha informado a través de varios reportajes, como algunos titulares de varias instituciones se han aumentado el salario.

Uno de ellos, el renunciante superintendente de electricidad, Rafael Velazco Espaillat, quien junto a dos miembros del consejo de esa entidad aumentaron de forma gradual los salarios.

Velazco Espaillat inició su periodo como superintendente, el 20 de agosto de 2020, con una remuneración salarial de 596,546 pesos para luego pasó a ganar RD$ 653,219, hasta alcanzar finalmente RD$ 751,201.

Diógenes Rodríguez Grullón y Aura Mireya Caraballo Castillo, otros miembros del consejo pasaron en 11 meses a devengar RD$ 446,412 a RD$ 488,822 y posteriormente a 562,145 pesos.

Declaraciones del presidente:

“A lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la RD, han sido acciones imprudentes.

Ahora yo quiero también aclarar que en el gobierno central, donde nosotros disponemos y ordenamos y el MAP tiene total control, no ha habido en los ministros ni en los viceministros ningún aumento. Y todo lo contrario: nosotros manejamos cada centavo con la mayor eficiencia buscando transparencia en un país que no estaba acostumbrado a eso.

También quiero decir que donde ha habido esos aumentos en 4 o 5 entidades autónomas son especialmente en las superintendencias, algunas de ellas donde yo no he podido ni siquiera cambiar el director porque están por varios años y así es que dice la ley. Y esas entidades autónomas hay que respetar y yo soy un respetuoso tanto de las leyes como de la Constitución. Y repito algunas de esas superintendencias no he podido hacer cambios porque tienen un tiempo específico que así lo indica su ley, cada una de esas leyes fueron hechas y promulgadas en periodos anteriores, incluso el MAP hace unos meses nos decía que debíamos en muchas de esas entidades autónomas si bien mantener su autonomía sobre sus acciones y en el caso del gasto tener algún tipo de control y de coadministración y el MAP está trabajando en ese sentido si lo llevamos al CES (Consejo Económico Social) para que esas entidades autónomas no puedan actuar de manera autónoma en cuanto a sus ingresos”.

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Ex-ministro de Educación apartado del puesto por corrupción solicita auditoría.

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Santo Domingo, RD.-Roberto Fulcar, ex ministro de Educación, depositó en la Cámara de Cuentas una solicitud para que se realice una auditoría financiera y de procesos administrativos a los casi dos años de su gestión en la cartera educativa.

“Es un acto de coherencia, de lo que ha sido toda mi vida, de ética y de transparencia. Hoy les digo que cada cosa será colocada en su lugar por el tiempo. Repito, hoy les digo: El tiempo pondrá cada cosa en su lugar”, fueron las palabras de Fulcar al concluir la lectura de la solicitud.

Sin embargo, al ser abordado sobre las razones de su destitución, solo se limitó reiterar: “Hoy les digo que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar”.

El ex titular de Educación estuvo acompañado de una delegación de diputados del oficialismo, quienes salieron en defensa de la labor del jefe de campaña para las elecciones que dieron la victoria a Luis Abinader.

“Muchas veces lo que preocupa no es garantizar o verificar la rectitud, ni la eficiencia ni la gestión, sino manchar la imagen de cualquier dominicano o dominicana, en este caso el del ministro Roberto Fulcar”, comentó el diputado Ignacio Aracena.

Según Aracena, “la verdad va a salir a lo público y nosotros como fiscalizadores del Poder Ejecutivo estamos haciendo nuestra presencia para garantizar que esa fiscalización se lleve con eficiencia y pulcritud, respetando siempre los debidos procesos”.

De acuerdo a Fulcar, la depositada solicitud al presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Janel Andrés Ramírez Sánchez es con el objetivo de aclarar el desempeño de su gestión frente al Ministerio de Educación en los ciclos desde el 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, así como del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 3 de agosto del 2022.

Fulcar fue recibido por Gabriel Concepción, quien es el encargo de correspondencia de la Cámara de Cuentas.

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Varían prisión a implicado en caso Coral.

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Santo Domingo, RD.-Fue beneficiado con la libertad por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruzimplicado en el caso Coral, tras variar la prisión preventiva que pesaba en su contra.

La magistrada Yanibet Rivas impuso al imputado, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo, el pago de garantía económica de 5 millones de pesos por medio de compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida.

En la audiencia, Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pepca), había pedido rechazar la revisión de la medida de coerción y que en consecuencia se dispusiera su mantenimiento en prisión, alegando que Montero Cruz enfrenta pena de 10 a 20 años de prisión.

De su lado, su abogado Félix Portes saludó la decisión del tribunal, al tiempo de señalar que han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva.

Sostuvo que el Ministerio Público dejó fuera del entramado criminal a su representado al no acusarlo de asociación de malhechores.

Además del general Adán Cá­ceres y la pastora Rossy Guzmán, está acusado su hijo, el cabo policial Tanner Flete Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza.

En contra de Raúl Alejan­dro Girón se ordenó arres­to domiciliario, por razones de seguridad, para cooperar con la investigación.

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Policías activos y exmilitares formaban parte de la red de prostitución Cattle.

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Santo Domingo, RD.-Aunque el Ministerio Público sólo ha vinculado al sargento de la Policía Nacional, Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), como parte de la red de trata y prostitución, denominada Cattleya, el expediente de medida de coerción contra 15 personas y tres hoteles señala que en esta red existen exmilitares y policías activos.

“Producto de que la red había exmilitares y policías activos; la organización solía mover a las víctimas de un lugar a otro, la rotaban con frecuencia para evitar lo que ellos llamaban ´Quemar la guarida´, pero más bien era cambiar de calabozo”, dice el expediente.

Indican que en la investigación se pudo comprobar que uno de los imputados es miembro de la Policía Nacional, por igual hay un exmilitar de Venezuela.

La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) ha señalado que las victimas en este caso, 78 colombianas y 2 venezolanas, eran engañadas y se les ofrecía diversos tipos de trabajo en el país y una vez aquí eran usadas para  prostituirse.

A las mismas luego de llegar a la República Dominicana se les quitaban el pasaporte y se les obligaba a tener sexo con diferentes hombres, algunas de las cuales llegaron a acostarse con 15 hombres en un día, de acuerdo al expediente.

“Al llegar al país, la organización informaba a las víctimas que la deuda que debían pagar por concepto de gastos del viaje, hospedaje y alimentos consumidos aquí en el país, ascendía entre US$3,000.00 a US$4,000.00 y que para la misma debían sostener relaciones sexuales con los clientes que los miembros de la organización les buscaban y que demandaban este tipo de servicio, siendo este el momento en que las víctimas descubrían que fueron engañadas y que el trabajo que se les había ofrecido era diferente al cual realizarían”, dice el expediente.

El órgano persecutor del crimen solicita que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.

También, contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.

También solicita la clausura temporal de las razones sociales Hotel Caribe, Residencial Coco Real y Hotel Oscar Inn, por su participación en los tipos penales sancionados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la “Asociación de Malhechores”, los artículos 1, 3 y 7, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, los cuales tipifican “La Trata de Personas Agravada, por tratarse de crimen organizado, trasnacional, así como pluralidad de víctima”.

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