Opinión
Abinader: un gobernador de colonia capturado por la ficción mercadológica
Por Narciso Isa Conde
Somos una sociedad dominada por una oligarquía capitalista transnacional y local, y por una partidocracia corrupta y conservadora.
El contexto festivo-patriótico del reciente Informe a la Asamblea Nacional de Luis Abinader es pura fantasía.
En aquel 27 de febrero de 1844 hubo separación de Haití, proclamación de la independencia frente a toda potencia extranjera y fundación de la República Dominicana. Una gesta de extraordinario valor histórico.
Entonces inicialmente se adoptó el modelo de democracia liberal, por la influencia de la organización secreta La Trinitaria, y muy especialmente del liderazgo de Juan Pablo Duarte.
Esa conquista, sin embargo, duró poco, dado que los conservadores- anexionistas lograron apoderarse del joven Estado, imponer su hegemonía política, reprimir cruelmente las fuerzas liberales y materializar la anexión a España.
Hubo entonces que librar la Guerra Restauradora de la soberanía y de la democracia republicana, encabezada por Gregorio Luperon… hasta lograr la derrota del imperio español en 1863.
Volvió así a resplandecer la independencia y a reiniciarse el proyecto republicano a cargo de las fuerzas liberales.
Pero nueva vez, de la verdadera independencia y el predominio liberal, no tardó en pasarse al neocolonialismo con disfraz republicano y control conservador auspiciado por EE.UU, incluidas sus intervenciones militares (1916-24 y 1965); una de corte expansionista y otra netamente contrarrevolucionaria, esta última frente a un nuevo intento de restablecer soberanía y democracia política y social, por vía revolucionaria y poder popular armado.
· Ni soberanía, ni democracia.
Desde entonces la democracia real es un mito y la independencia una ficción.
Somos una sociedad dominada por una oligarquía capitalista transnacional y local, y por una partidocracia corrupta y conservadora.
Impera el dominio de EE.UU sobre toda la isla. Dos países absolutamente dependientes del imperialismo occidental y del mando político-militar estadounidense.
El poder del dinero, la plutocracia, rige todas las instituciones de nuestro país, incluido el sistema electoral, hasta convertir las votaciones en mercado, los/as electores/as en clientes, los partidos en compañías por acciones y los votos en mercancías.
En la últimas décadas, por demás, el despliegue recolonizador y neoconservador (neoliberal) ha sido brutal, aplastando soberanía y derechos; privatizando lo público en gran escala, endiosando el mercado, concentrando poder y riquezas en manos de las elites mega capitalistas, potenciando los monopolios y oligopolios, e imponiendo desigualdades tan crueles como grotescas…
· Honrar el pasado heroico, pero no un presente ominoso.
Esto hasta llegar a un presente en el que se ha configurado un gobierno empresarial, que bajo la gobernación de Luis Abinader, el Grupo Vicini, la Banca Privada y los Tecnócratas que fungen de agentes de las elites burguesas, intenta completar las contra-reforma neoliberales.
De ahí su empeño en privatizar gran parte de las funciones estatales, asaltar los puntos clave del Estado desde la cúpula del CONEP, apropiarse de todas los servicios públicos, de lo que queda de las empresas y propiedades estatales: sistema eléctrico puertos, aeropuertos, autovías y de todo el patrimonio natural del país: suelo, subsuelo, sobresuelo: incluidas playas, montañas y fuentes de agua.
Las vías son las APPS, los Fideicomisos publico-privados, y el endeudamiento externo amarrado a las privatizaciones.
A todo esto lo acompaña un renovado impulso al colonialismo moderno y post-moderno en todos los campos: cultural, ideológico, mediático, económico, militar…paradójicamente mezclado e infectado de todo lo conservador, incluido lo fascistoide…De la reversa feudal-monárquica hacia un Estado más religioso, anti-laico, patriarcal, caudillista, racistas, xenófobo, homofóbico y adulto-céntrico.
Así las cosas, si bien es válido honrar el pasado heroico y todos sus episodios estelares, no así esté presente ominoso.
Solo apelando a la mercadología-ficción es posible presentar un discurso en el 179 aniversario de la traicionada gesta de los/as Trinitarios, asumiendo la supuesta vigencia de una República Dominicana independiente y democrática.
La democracia es falsa e irreal y la independencia solo una meta a rescatar.
Se trató de una pura farsa teatral, montada en el escenario de una Asamblea Nacional pervertida, apoyada en una Constitución que selló la recolonización neoconservadora junto a un partidismo indecente y un caudillismo trasnochado; montada mediante tecnologías y poderes que posibilitan exhibir una memoria artificial y monopolizar la difusión de un nuevo esfuerzo de alienación.
Las formas y contenidos de esa rendición de cuentos muestran muchos borbotones de balaguerismo, posteriormente modernizado por políticos “fantasmosos” y “allantosos”, tipo Leonel Fernández.
Más de lo mismo, mejor maquillado e ilustrado.
Muchas cifras amañadas y acomodadas.
Muchas fuentes adulteradas.
Muchas aceras, contenes, puentes, carreteras, APPS, y asistencialismo clientelista a granel,
Demasiado entreguismo y neoliberalismo, muchas comparaciones manipuladas, abundante reeleccionismo con alta dosis de “lambonismo”.
Presentadas cada una -y todas juntas- como el “gran cambio” desde otra pasarela del nuevo monarca, empapada de mercadología política.
La sala de lo que llaman el “primer poder del estado” (que no es más que un sucio mercado político) fue convertida en terreno de demagogia y escenario de un mitin reeleccionistas con delegaciones seleccionadas para un montaje teatral de mal gusto.
Pero lo peor no es eso, sino los silencios, omisiones, ocultamientos y encubrimientos.
· Las falacias expresadas se quedaron cortas frente a lo que calló.
Veamos:
-Las vacas sagradas del gran empresariado y sus San Souci, Antena Latina, Fonper- Ege Haina y Ege Itabo…
-Leonel, Danilo y sus comparsas de alto nivel, todavía impunes. Ni hablar del balaguerismo criminal.
-Los ex jefes policiales asesinos y ladrones, y los narco-generales, burlándose de la sociedad.
-Los delitos ambientales pasados y presentes ignorados durante su gestión y excluidos de su discurso, Esto incluye el reciente crimen ecológico provocado por su “verja inteligente” o “muro” fronterizo.
-Las APPS y los Fideicomisos como instrumentos para privatizar y traficar influencia.
– La ley de Agua y Ordenamiento Territorial, que junto a la Ley Minera y a la de APP, constituyen la plataforma de apropiación del agua por empresas privadas.
-La entrega del Puerto de Manzanillo y todo el conjunto energético aledaño al Comando Sur de EEUU y a los Vicini.
-Los altísimos niveles de gastos corrientes y la bajísima inversión de capital establecidos en un presupuesto diezmado en un 40% por la amortización y el pago de intereses de una deuda cada vez mayor.
– La fragilidad de una economía que depende del lavado de dinero, deuda externa y turismo.
-La baja calidad del empleo, el deterioro del poder de compra de sueldos y salarios, el componente interno de la inflación y el elevado costo de la canasta familiar.
-Su traición a las tres causales y los altos niveles de la violencia de género, sin que se enfrenten sus causas y raíces, y sin que se asuma ese tema en el sistema educativo.
-La estafa que implica una seguridad social privatizada vía ARS y AFP privadas, y su negativa a eliminarlas.
-Las consecuencias funestas de la salud y la educación como negocios privados. El deterioro de ambos servicios sociales.
– La fusión del Estado con las iglesias, violentando su laicidad consagrada constitucionalmente.
– La tolerancia y estímulos al racismo anti-haitiano y a la xenofobia, acompañadas de grotescas violaciones a los derechos de los/as migrantes y sus descendientes.
– La responsabilidad del PRM en la elaboración de un Código Penal y una ley electoral profundamente antidemocráticas.
– La impunidad de la narco política y específicamente de los casos en que está involucrada la cúpula del PRM y su pasada campaña presidencial.
– El auge del neofascismo durante su gestión.
– El apoyo a las mega-mineras destructoras y contaminadoras del medio ambiente.
– Una política exterior servil a EEUU, al extremo de apoyar a Guaidó y alinearse a los gobiernos más reaccionarios del Continente, que a la vez auspicia la intervención militar de las grandes potencias imperialistas en Haití.
Y aquí me detengo por ahora, para hacer más fácil la lectura de este artículo. Pero hay más en los predios de este Señor y de su gestión de gobierno. Mucho más.
Todo esto a propósito de un largo discurso destinado a enfrentar electoralmente a un conjunto de adversarios políticos que deberían estar presos por mafiosos, a los que finalmente le propuso un “Pacto de Defensa de la Soberanía Nacional” frente Haití, como si esa nación empobrecida y sin ejercito fuera una potencia imperialista.
Propuesta engañosa asumida desde este territorio en el que la soberanía nacional es una ficción sistemáticamente aplastada por EE.UU y su Pentágono; factores responsables de la crisis que estremece el país vecino, contra el cual Abinader no se cansa de reclamar una nueva invasión militar de la mal llamada “Comunidad Internacional”, que no sería otra cosa que otra vil agresión militar a cargo de las potencias imperialistas que históricamente lo han dominado y saqueado: EE.UU, FRANCIA y CANADÁ.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.