Opinión
Abinader: un gobernador de colonia capturado por la ficción mercadológica
Por Narciso Isa Conde
Somos una sociedad dominada por una oligarquía capitalista transnacional y local, y por una partidocracia corrupta y conservadora.
El contexto festivo-patriótico del reciente Informe a la Asamblea Nacional de Luis Abinader es pura fantasía.
En aquel 27 de febrero de 1844 hubo separación de Haití, proclamación de la independencia frente a toda potencia extranjera y fundación de la República Dominicana. Una gesta de extraordinario valor histórico.
Entonces inicialmente se adoptó el modelo de democracia liberal, por la influencia de la organización secreta La Trinitaria, y muy especialmente del liderazgo de Juan Pablo Duarte.
Esa conquista, sin embargo, duró poco, dado que los conservadores- anexionistas lograron apoderarse del joven Estado, imponer su hegemonía política, reprimir cruelmente las fuerzas liberales y materializar la anexión a España.
Hubo entonces que librar la Guerra Restauradora de la soberanía y de la democracia republicana, encabezada por Gregorio Luperon… hasta lograr la derrota del imperio español en 1863.
Volvió así a resplandecer la independencia y a reiniciarse el proyecto republicano a cargo de las fuerzas liberales.
Pero nueva vez, de la verdadera independencia y el predominio liberal, no tardó en pasarse al neocolonialismo con disfraz republicano y control conservador auspiciado por EE.UU, incluidas sus intervenciones militares (1916-24 y 1965); una de corte expansionista y otra netamente contrarrevolucionaria, esta última frente a un nuevo intento de restablecer soberanía y democracia política y social, por vía revolucionaria y poder popular armado.
· Ni soberanía, ni democracia.
Desde entonces la democracia real es un mito y la independencia una ficción.
Somos una sociedad dominada por una oligarquía capitalista transnacional y local, y por una partidocracia corrupta y conservadora.
Impera el dominio de EE.UU sobre toda la isla. Dos países absolutamente dependientes del imperialismo occidental y del mando político-militar estadounidense.
El poder del dinero, la plutocracia, rige todas las instituciones de nuestro país, incluido el sistema electoral, hasta convertir las votaciones en mercado, los/as electores/as en clientes, los partidos en compañías por acciones y los votos en mercancías.
En la últimas décadas, por demás, el despliegue recolonizador y neoconservador (neoliberal) ha sido brutal, aplastando soberanía y derechos; privatizando lo público en gran escala, endiosando el mercado, concentrando poder y riquezas en manos de las elites mega capitalistas, potenciando los monopolios y oligopolios, e imponiendo desigualdades tan crueles como grotescas…
· Honrar el pasado heroico, pero no un presente ominoso.
Esto hasta llegar a un presente en el que se ha configurado un gobierno empresarial, que bajo la gobernación de Luis Abinader, el Grupo Vicini, la Banca Privada y los Tecnócratas que fungen de agentes de las elites burguesas, intenta completar las contra-reforma neoliberales.
De ahí su empeño en privatizar gran parte de las funciones estatales, asaltar los puntos clave del Estado desde la cúpula del CONEP, apropiarse de todas los servicios públicos, de lo que queda de las empresas y propiedades estatales: sistema eléctrico puertos, aeropuertos, autovías y de todo el patrimonio natural del país: suelo, subsuelo, sobresuelo: incluidas playas, montañas y fuentes de agua.
Las vías son las APPS, los Fideicomisos publico-privados, y el endeudamiento externo amarrado a las privatizaciones.
A todo esto lo acompaña un renovado impulso al colonialismo moderno y post-moderno en todos los campos: cultural, ideológico, mediático, económico, militar…paradójicamente mezclado e infectado de todo lo conservador, incluido lo fascistoide…De la reversa feudal-monárquica hacia un Estado más religioso, anti-laico, patriarcal, caudillista, racistas, xenófobo, homofóbico y adulto-céntrico.
Así las cosas, si bien es válido honrar el pasado heroico y todos sus episodios estelares, no así esté presente ominoso.
Solo apelando a la mercadología-ficción es posible presentar un discurso en el 179 aniversario de la traicionada gesta de los/as Trinitarios, asumiendo la supuesta vigencia de una República Dominicana independiente y democrática.
La democracia es falsa e irreal y la independencia solo una meta a rescatar.
Se trató de una pura farsa teatral, montada en el escenario de una Asamblea Nacional pervertida, apoyada en una Constitución que selló la recolonización neoconservadora junto a un partidismo indecente y un caudillismo trasnochado; montada mediante tecnologías y poderes que posibilitan exhibir una memoria artificial y monopolizar la difusión de un nuevo esfuerzo de alienación.
Las formas y contenidos de esa rendición de cuentos muestran muchos borbotones de balaguerismo, posteriormente modernizado por políticos “fantasmosos” y “allantosos”, tipo Leonel Fernández.
Más de lo mismo, mejor maquillado e ilustrado.
Muchas cifras amañadas y acomodadas.
Muchas fuentes adulteradas.
Muchas aceras, contenes, puentes, carreteras, APPS, y asistencialismo clientelista a granel,
Demasiado entreguismo y neoliberalismo, muchas comparaciones manipuladas, abundante reeleccionismo con alta dosis de “lambonismo”.
Presentadas cada una -y todas juntas- como el “gran cambio” desde otra pasarela del nuevo monarca, empapada de mercadología política.
La sala de lo que llaman el “primer poder del estado” (que no es más que un sucio mercado político) fue convertida en terreno de demagogia y escenario de un mitin reeleccionistas con delegaciones seleccionadas para un montaje teatral de mal gusto.
Pero lo peor no es eso, sino los silencios, omisiones, ocultamientos y encubrimientos.
· Las falacias expresadas se quedaron cortas frente a lo que calló.
Veamos:
-Las vacas sagradas del gran empresariado y sus San Souci, Antena Latina, Fonper- Ege Haina y Ege Itabo…
-Leonel, Danilo y sus comparsas de alto nivel, todavía impunes. Ni hablar del balaguerismo criminal.
-Los ex jefes policiales asesinos y ladrones, y los narco-generales, burlándose de la sociedad.
-Los delitos ambientales pasados y presentes ignorados durante su gestión y excluidos de su discurso, Esto incluye el reciente crimen ecológico provocado por su “verja inteligente” o “muro” fronterizo.
-Las APPS y los Fideicomisos como instrumentos para privatizar y traficar influencia.
– La ley de Agua y Ordenamiento Territorial, que junto a la Ley Minera y a la de APP, constituyen la plataforma de apropiación del agua por empresas privadas.
-La entrega del Puerto de Manzanillo y todo el conjunto energético aledaño al Comando Sur de EEUU y a los Vicini.
-Los altísimos niveles de gastos corrientes y la bajísima inversión de capital establecidos en un presupuesto diezmado en un 40% por la amortización y el pago de intereses de una deuda cada vez mayor.
– La fragilidad de una economía que depende del lavado de dinero, deuda externa y turismo.
-La baja calidad del empleo, el deterioro del poder de compra de sueldos y salarios, el componente interno de la inflación y el elevado costo de la canasta familiar.
-Su traición a las tres causales y los altos niveles de la violencia de género, sin que se enfrenten sus causas y raíces, y sin que se asuma ese tema en el sistema educativo.
-La estafa que implica una seguridad social privatizada vía ARS y AFP privadas, y su negativa a eliminarlas.
-Las consecuencias funestas de la salud y la educación como negocios privados. El deterioro de ambos servicios sociales.
– La fusión del Estado con las iglesias, violentando su laicidad consagrada constitucionalmente.
– La tolerancia y estímulos al racismo anti-haitiano y a la xenofobia, acompañadas de grotescas violaciones a los derechos de los/as migrantes y sus descendientes.
– La responsabilidad del PRM en la elaboración de un Código Penal y una ley electoral profundamente antidemocráticas.
– La impunidad de la narco política y específicamente de los casos en que está involucrada la cúpula del PRM y su pasada campaña presidencial.
– El auge del neofascismo durante su gestión.
– El apoyo a las mega-mineras destructoras y contaminadoras del medio ambiente.
– Una política exterior servil a EEUU, al extremo de apoyar a Guaidó y alinearse a los gobiernos más reaccionarios del Continente, que a la vez auspicia la intervención militar de las grandes potencias imperialistas en Haití.
Y aquí me detengo por ahora, para hacer más fácil la lectura de este artículo. Pero hay más en los predios de este Señor y de su gestión de gobierno. Mucho más.
Todo esto a propósito de un largo discurso destinado a enfrentar electoralmente a un conjunto de adversarios políticos que deberían estar presos por mafiosos, a los que finalmente le propuso un “Pacto de Defensa de la Soberanía Nacional” frente Haití, como si esa nación empobrecida y sin ejercito fuera una potencia imperialista.
Propuesta engañosa asumida desde este territorio en el que la soberanía nacional es una ficción sistemáticamente aplastada por EE.UU y su Pentágono; factores responsables de la crisis que estremece el país vecino, contra el cual Abinader no se cansa de reclamar una nueva invasión militar de la mal llamada “Comunidad Internacional”, que no sería otra cosa que otra vil agresión militar a cargo de las potencias imperialistas que históricamente lo han dominado y saqueado: EE.UU, FRANCIA y CANADÁ.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!