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Abogada de Berlinesa Franco responde a expedientes depositados por Carlos Pimentel en el Pepca
Emery Rodríguez, abogada de Berlinesa Franco
La abogada de la exdirectora Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Berlinesa Franco, informó a Diario Libre que su clienta fue designada en esa institución en fecha del 7 de diciembre del año 2016 y que por consiguiente no tendría nada que ver con los expedientes llevados recientemente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por la dirección de Compras y Contrataciones Públicas con referencia a esa fecha.
La abogada de Franco, Emery Rodríguez, explicó que de acuerdo a las informaciones emitidas en medios de comunicación Carlos Pimentel apoderó al Pepca de un expediente por supuesta violación de los procedimientos de compras y contrataciones por un valor de RD$208.05 millones. Este es el mismo valor pagado en obras de infraestructura que se realizaron en 2016 a través de procedimientos de urgencia, según hace constar el informe de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas en el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de ese mismo año.
“Nosotros estaremos un poco indagando respecto de qué depositó (Carlos Pimentel), sobre lo que dijo en su declaración. Ha dicho que en esta institución hubo problemas con unos temas en el año 2016. Hablaba de unos procesos de licitación de equipos tecnológicos. El interés nuestro es que quede constancia de que durante el año 2016, la señora Berlinesa no era directora del Inaipi”, declaró la abogada. Ambos procesos, los equipos computacionales y las obras de infraestructura, están señalados en la citada auditoría.
La abogada explica que a pesar de que el decreto presidencial de la designación de Berlinesa Franco tenía fecha del dos de diciembre del año 2016, ella tomó posesión el ocho del mismo mes, pero en ese lapso lo que hizo “fue una transición con quien era la antigua directora. Inició formalmente en enero del 2017”.
En la referida auditoría, la Cámara de Cuentas advierte “ausencia en la aplicación de la Ley 340-06 en procedimientos de urgencias” que se realizaron en varios procesos, entre los que se encuentras obras de infraestructura ejecutadas entre el 10 de mayo de ese año hasta el 21 de diciembre de 2016 por 208 millones de pesos, citados por Pimentel el pasado 27 de octubre a medios de comunicación.
Sobre la auditoría, Berlinesa Franco hizo saber al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, en fecha del 6 de marzo de 2019 su posición. «Nuestra gestión frente del Inaipi empezó el 6-12-16, gracias al decreto 367-16 de fecha de 2-12-16, del presidente Danilo Medina, para sustituir a la licencia Alexandra I. Santelises Joaquín, razón por la cual no tuvimos tiempo hábil ni conocimientos relacionados con las ejecutorias de las actividades del Inaipi pertenecientes al período objeto de la referida auditoría”, añadió.
Otro expediente del Inaipi, sometido ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, fue el de unas alegadas irregularidades detectadas en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 que data del año 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.
Según la Dirección General de Contrataciones Públicas, Inaipi adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí por montos que superan los RD$90 millones.
“Sobre esto, lo único que puedo dar como dato, es que Inaipi no trabajaba con leche para desayuno escolar, porque la institución trabaja con niños de 45 días a 5 años. Son estancias infantiles. Por lo que Inaipi no está vinculado a ningún proceso de leche para desayuno escolar”, alegó la abogada.
“Si es que se refiere a algún otro proceso de licitación de algún tipo, tendríamos que indagar. Lo del 2018 es un amigo invisible es muy poco lo que podemos decir, lo único que no se trata de desayuno escolar porque el Inaipi no trabaja desayuno escolar”, expresó.
Emery Rodríguez sostiene además que este expediente, no tiene ningún vínculo con la investigación iniciada por la Fiscalía del Distrito Nacional sobre supuestas irregularidades en la licitación para la compra de 40 mil kits de alimentos ante la pandemia del COVID-19.
Sobre este expediente, dijo que no ha vuelto a ser convocada por las autoridades en ese caso luego de que fuera convocada a interrogar, justamente luego de que asumiera el nuevo Gobierno. “Nos encontramos a la espera de que el Ministerio Público nos requiera nuevamente”, dijo.
“Queremos decir que en ese caso de los 40 mil kits, que ese proceso del 20 de marzo se han dicho muchas cosas. En ese proceso la señora Berlinesa no pertenecía al proceso de compras de la institución. Además, se quiere decir que el monto de los 2,500 pesos de los kits sobrevaluados y eso es producto de un estudio económico que hace la propia institución de lo que va a contener la canasta o el kit que va a llegar al hogar del niño y lo otro es que el monto de los 100 millones nunca se manejó durante la gestión de la señora Berlinesa. Ese monto de 100 millones de pesos llegó a la institución después de que ella ya no estaba estaba en ese curso. El 8 de abril del 2020 es que de Presupuesto desembolsan el monto de los 100 millones y de hecho no depositan 100 millones, sino 150 millones de pesos”, sentenció la abogada.
diariolibre.com
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.