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Abogada de Berlinesa Franco responde a expedientes depositados por Carlos Pimentel en el Pepca
Emery Rodríguez, abogada de Berlinesa Franco
La abogada de la exdirectora Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Berlinesa Franco, informó a Diario Libre que su clienta fue designada en esa institución en fecha del 7 de diciembre del año 2016 y que por consiguiente no tendría nada que ver con los expedientes llevados recientemente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por la dirección de Compras y Contrataciones Públicas con referencia a esa fecha.
La abogada de Franco, Emery Rodríguez, explicó que de acuerdo a las informaciones emitidas en medios de comunicación Carlos Pimentel apoderó al Pepca de un expediente por supuesta violación de los procedimientos de compras y contrataciones por un valor de RD$208.05 millones. Este es el mismo valor pagado en obras de infraestructura que se realizaron en 2016 a través de procedimientos de urgencia, según hace constar el informe de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas en el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de ese mismo año.
“Nosotros estaremos un poco indagando respecto de qué depositó (Carlos Pimentel), sobre lo que dijo en su declaración. Ha dicho que en esta institución hubo problemas con unos temas en el año 2016. Hablaba de unos procesos de licitación de equipos tecnológicos. El interés nuestro es que quede constancia de que durante el año 2016, la señora Berlinesa no era directora del Inaipi”, declaró la abogada. Ambos procesos, los equipos computacionales y las obras de infraestructura, están señalados en la citada auditoría.
La abogada explica que a pesar de que el decreto presidencial de la designación de Berlinesa Franco tenía fecha del dos de diciembre del año 2016, ella tomó posesión el ocho del mismo mes, pero en ese lapso lo que hizo “fue una transición con quien era la antigua directora. Inició formalmente en enero del 2017”.
En la referida auditoría, la Cámara de Cuentas advierte “ausencia en la aplicación de la Ley 340-06 en procedimientos de urgencias” que se realizaron en varios procesos, entre los que se encuentras obras de infraestructura ejecutadas entre el 10 de mayo de ese año hasta el 21 de diciembre de 2016 por 208 millones de pesos, citados por Pimentel el pasado 27 de octubre a medios de comunicación.
Sobre la auditoría, Berlinesa Franco hizo saber al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, en fecha del 6 de marzo de 2019 su posición. «Nuestra gestión frente del Inaipi empezó el 6-12-16, gracias al decreto 367-16 de fecha de 2-12-16, del presidente Danilo Medina, para sustituir a la licencia Alexandra I. Santelises Joaquín, razón por la cual no tuvimos tiempo hábil ni conocimientos relacionados con las ejecutorias de las actividades del Inaipi pertenecientes al período objeto de la referida auditoría”, añadió.
Otro expediente del Inaipi, sometido ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, fue el de unas alegadas irregularidades detectadas en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 que data del año 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.
Según la Dirección General de Contrataciones Públicas, Inaipi adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí por montos que superan los RD$90 millones.
“Sobre esto, lo único que puedo dar como dato, es que Inaipi no trabajaba con leche para desayuno escolar, porque la institución trabaja con niños de 45 días a 5 años. Son estancias infantiles. Por lo que Inaipi no está vinculado a ningún proceso de leche para desayuno escolar”, alegó la abogada.
“Si es que se refiere a algún otro proceso de licitación de algún tipo, tendríamos que indagar. Lo del 2018 es un amigo invisible es muy poco lo que podemos decir, lo único que no se trata de desayuno escolar porque el Inaipi no trabaja desayuno escolar”, expresó.
Emery Rodríguez sostiene además que este expediente, no tiene ningún vínculo con la investigación iniciada por la Fiscalía del Distrito Nacional sobre supuestas irregularidades en la licitación para la compra de 40 mil kits de alimentos ante la pandemia del COVID-19.
Sobre este expediente, dijo que no ha vuelto a ser convocada por las autoridades en ese caso luego de que fuera convocada a interrogar, justamente luego de que asumiera el nuevo Gobierno. “Nos encontramos a la espera de que el Ministerio Público nos requiera nuevamente”, dijo.
“Queremos decir que en ese caso de los 40 mil kits, que ese proceso del 20 de marzo se han dicho muchas cosas. En ese proceso la señora Berlinesa no pertenecía al proceso de compras de la institución. Además, se quiere decir que el monto de los 2,500 pesos de los kits sobrevaluados y eso es producto de un estudio económico que hace la propia institución de lo que va a contener la canasta o el kit que va a llegar al hogar del niño y lo otro es que el monto de los 100 millones nunca se manejó durante la gestión de la señora Berlinesa. Ese monto de 100 millones de pesos llegó a la institución después de que ella ya no estaba estaba en ese curso. El 8 de abril del 2020 es que de Presupuesto desembolsan el monto de los 100 millones y de hecho no depositan 100 millones, sino 150 millones de pesos”, sentenció la abogada.
diariolibre.com
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.