Nacionales
Abogada de Berlinesa Franco responde a expedientes depositados por Carlos Pimentel en el Pepca
Emery Rodríguez, abogada de Berlinesa Franco
La abogada de la exdirectora Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Berlinesa Franco, informó a Diario Libre que su clienta fue designada en esa institución en fecha del 7 de diciembre del año 2016 y que por consiguiente no tendría nada que ver con los expedientes llevados recientemente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por la dirección de Compras y Contrataciones Públicas con referencia a esa fecha.
La abogada de Franco, Emery Rodríguez, explicó que de acuerdo a las informaciones emitidas en medios de comunicación Carlos Pimentel apoderó al Pepca de un expediente por supuesta violación de los procedimientos de compras y contrataciones por un valor de RD$208.05 millones. Este es el mismo valor pagado en obras de infraestructura que se realizaron en 2016 a través de procedimientos de urgencia, según hace constar el informe de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas en el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de ese mismo año.
“Nosotros estaremos un poco indagando respecto de qué depositó (Carlos Pimentel), sobre lo que dijo en su declaración. Ha dicho que en esta institución hubo problemas con unos temas en el año 2016. Hablaba de unos procesos de licitación de equipos tecnológicos. El interés nuestro es que quede constancia de que durante el año 2016, la señora Berlinesa no era directora del Inaipi”, declaró la abogada. Ambos procesos, los equipos computacionales y las obras de infraestructura, están señalados en la citada auditoría.
La abogada explica que a pesar de que el decreto presidencial de la designación de Berlinesa Franco tenía fecha del dos de diciembre del año 2016, ella tomó posesión el ocho del mismo mes, pero en ese lapso lo que hizo “fue una transición con quien era la antigua directora. Inició formalmente en enero del 2017”.
En la referida auditoría, la Cámara de Cuentas advierte “ausencia en la aplicación de la Ley 340-06 en procedimientos de urgencias” que se realizaron en varios procesos, entre los que se encuentras obras de infraestructura ejecutadas entre el 10 de mayo de ese año hasta el 21 de diciembre de 2016 por 208 millones de pesos, citados por Pimentel el pasado 27 de octubre a medios de comunicación.
Sobre la auditoría, Berlinesa Franco hizo saber al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, en fecha del 6 de marzo de 2019 su posición. «Nuestra gestión frente del Inaipi empezó el 6-12-16, gracias al decreto 367-16 de fecha de 2-12-16, del presidente Danilo Medina, para sustituir a la licencia Alexandra I. Santelises Joaquín, razón por la cual no tuvimos tiempo hábil ni conocimientos relacionados con las ejecutorias de las actividades del Inaipi pertenecientes al período objeto de la referida auditoría”, añadió.
Otro expediente del Inaipi, sometido ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, fue el de unas alegadas irregularidades detectadas en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 que data del año 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.
Según la Dirección General de Contrataciones Públicas, Inaipi adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí por montos que superan los RD$90 millones.
“Sobre esto, lo único que puedo dar como dato, es que Inaipi no trabajaba con leche para desayuno escolar, porque la institución trabaja con niños de 45 días a 5 años. Son estancias infantiles. Por lo que Inaipi no está vinculado a ningún proceso de leche para desayuno escolar”, alegó la abogada.
“Si es que se refiere a algún otro proceso de licitación de algún tipo, tendríamos que indagar. Lo del 2018 es un amigo invisible es muy poco lo que podemos decir, lo único que no se trata de desayuno escolar porque el Inaipi no trabaja desayuno escolar”, expresó.
Emery Rodríguez sostiene además que este expediente, no tiene ningún vínculo con la investigación iniciada por la Fiscalía del Distrito Nacional sobre supuestas irregularidades en la licitación para la compra de 40 mil kits de alimentos ante la pandemia del COVID-19.
Sobre este expediente, dijo que no ha vuelto a ser convocada por las autoridades en ese caso luego de que fuera convocada a interrogar, justamente luego de que asumiera el nuevo Gobierno. “Nos encontramos a la espera de que el Ministerio Público nos requiera nuevamente”, dijo.
“Queremos decir que en ese caso de los 40 mil kits, que ese proceso del 20 de marzo se han dicho muchas cosas. En ese proceso la señora Berlinesa no pertenecía al proceso de compras de la institución. Además, se quiere decir que el monto de los 2,500 pesos de los kits sobrevaluados y eso es producto de un estudio económico que hace la propia institución de lo que va a contener la canasta o el kit que va a llegar al hogar del niño y lo otro es que el monto de los 100 millones nunca se manejó durante la gestión de la señora Berlinesa. Ese monto de 100 millones de pesos llegó a la institución después de que ella ya no estaba estaba en ese curso. El 8 de abril del 2020 es que de Presupuesto desembolsan el monto de los 100 millones y de hecho no depositan 100 millones, sino 150 millones de pesos”, sentenció la abogada.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.