Santo Domingo, R.D.-Una consulta pública para que todos los sectores y ciudadanos puedan opinar sobre la reforma fiscal programó para este jueves 17 la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto.

La consulta se hará el próximo jueves 17 de octubre a partir de las 10:00 de la mañana en el Salón de la Asamblea Nacional.

El viernes de esta semana fue la primera reunión de la comisión de Hacienda y allí el equipo inició los trabajos con la lectura completa del proyecto y con un cronograma de estudios que incluye reuniones todos los días.

Aunque aún se encuentran en la fase inicial del análisis, desde ya los diputados han vaticinado que posiblemente el proyecto no sea aprobado tal y como fue remitido desde el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el diputado Gustavo Sánchez, adelantó que su bancada presentará modificaciones específicas en lo que concierne al Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI) ya que, a su entender, el aumento en el tributo afectaría «de manera gravosa» a los dominicanos.

«El aumento de ese impuesto es llevar prácticamente a la clase media a una situación de indigencia«, sostuvo Sánchez.

Además, el vocero criticó la propuesta que busca que los empleados que ganen más de 52,000 pesos estén obligados a presentar una declaración jurada de ingresos, por lo que reiteró que la pieza debe ser analizada y presentada en el hemiciclo con varios cambios.

De su lado, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, Rafael Castillo, expresó que la comisión que revisa la reforma fiscal debe escuchar a toda la población antes de abocarse a cualquier modificación, por lo que favoreció las vistas públicas que ya aprobó el equipo.

Castillo agregó que antes de implementar una reforma fiscal en el país, el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader debe encabezar un plan de eficientización en la recaudación de los impuestos.

El diputado Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), respaldó «una revisión más exhaustiva» para los productos y alimentos que pagarían el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya que, como opinó, algunos alimentos de la canasta básica deben estar exentos del pago.

«Yo apelo a que la comisión tome en cuenta que las patadas en el estómago del pueblo nunca son buenas», sostuvo Cedeño al detallar que productos como el salami, la berenjena o los tomates no deben ser sometidos al pago de los impuestos.

El PRM abierto a cambios

A pesar de no tener modificaciones específicas, el vocero del PRM en la Cámara Baja, Amado Díaz, señaló que la bancada oficialista está abierta a los cambios en el proyecto de la reforma fiscal y apoyó que la comisión que estudia la iniciativa escuche a todos los sectores antes de rendir un informe recomendando la aprobación de la propuesta.

Santiago, RD.- Raquel Peña, vicepresidenta de la República, encabezó este domingo el acto de entrega de 150 autobuses eléctricos a la comunidad educativa de Santiago, que operarán en el servicio de transporte estudiantil a través del Ministerio de Educación (Minerd).

Se trata de una contribución a las familias que verán a sus hijos llegar a la escuela en un transporte seguro y cómodo, además de la reducción de la contaminación porque estos autobuses utilizan energía limpia, aseguró la vicepresidenta.

El ministro de Educación Ángel Hernández, consideró que este servicio de transporte ya está dando buenos resultados a nivel nacional, y que Santiago es la única plaza hasta ahora que opera con autobuses eléctricos.

Marieta Díaz, directora regional 08 del Minerd-Santiago, se mostró regocijada por el impacto positivo de esta inversión gubernamental.

Mi espíritu de maestra está muy feliz, por mis estudiantes, sostuvo Marieta Díaz.

El acto se llevó a cabo en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración, con la asistencia de la gobernadora provincial Rosa Santos, el senador Daniel Rivera, el alcalde Ulises Rodríguez, el arzobispo Héctor Rafael Rodríguez, los directores distritales del Minerd en Santiago, entre otras personalidades.

Santo Domingo, R.D.-La descentralización del cálculo de los beneficios y prestaciones laborales fue aprobada por  el Ministerio de Administración Pública (MAP), las cuales podrán ser realizadas por cada una de las instituciones del Estado, incluyendo a las descentralizadas.

El documento indica que los titulares de las áreas administrativas y financieras y de recursos humanos, deben asegurarse de que los cálculos de beneficios laborales cumplan con los requisitos legales y reglamentarios. Para esos fines, estos deben de cumplir con los procedimientos internos, para garantizar la precisión y la transparencia en los cálculos y en los pagos de los beneficios laborales realizados.

En la resolución el MAP explica que la documentación requerida para la emisión de los cálculos de beneficios laborales es la cédula personal de identidad y electoral, la certificación de cargo que haga constar las vacaciones no disfrutadas y la carta de desvinculación, que deberá incluir la renuncia o acta de defunción en los casos que correspondan.

Todos los cálculos laborales realizados por las diferentes instituciones deberán ser remitidos al Ministerio de Administración Pública de manera digital para fines de registro y control.

La resolución, por igual, señala que los órganos del Estado que se encuentren en proceso de fusión o eliminación deben de validar con el MAP esos cálculos antes de proceder con la emisión de los pagos.

La normativa aclara que en caso de que se genere una disconformidad con respecto al cálculo de las prestaciones laborales, generados y subidos al Reclasoft, ya sea por parte del ente u órgano o del empleado, se deberá presentar una reclamación formal ante la institución en la cual prestaba sus servicios, dentro de un plazo de 15 días, contados a partir de que le sea comunicado el cálculo de beneficios laborales.

Esa reclamación deberá ser presentada por escrito y tendrá que incluir una descripción detallada de las razones de la disconformidad presentada, así como cualquier documentación de soporte pertinente; la institución realizará una revisión interna de los cálculos en caso de que corresponda.

En caso de que la disconformidad no se resuelva a nivel de la entidad o si alguna de las partes no está satisfecha con el cálculo de beneficios laborales, el MAP informó que se podrá acudir a sus oficinas y someter el caso ante la Comisión de Personal.

Para ello, la parte o partes interesadas deberán presentar una solicitud de conciliación, que debe de incluir una copia de la reclamación previa y cualquier otra documentación relevante. El órgano regulador del empleo público revisará el caso y decidirá si el mismo debe ser conocido en Comisión de Personal o si la solución puede ser gestionada directamente con las autoridades del ente u órgano, para resolver la disconformidad.