Nacionales
Impugnan decisión que dispuso libertad a Maribel y Antonio Espaillat
Santo Domingo, R.D.-Tanto los abogados de las víctimas del desplome del techo del Jet Set como el Ministerio Público se alistan para interponer sendo recurso de apelación en contra de la medida de coerción que dispuso la libertad de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento.
el abogado de 30 de los querellantes, Félix Portes Núñez, depositó la instancia impugnando la decisión que dispuso la libertad de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set Club.
El doctor Félix Portes Núñez recurrió en apelación la decisión de la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien favoreció a los imputados con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
En la instancia se pide a la Sala Penal de la Corte de Apelación, que resulte apoderada del recurso, revocar las medidas de coerción dictadas a los hermanos Espaillat y ordenar la prisión preventiva en su contra.
A los hermanos se les acusa de cometer homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias en perjuicio de las 236 personas muertas y las más de 180 heridas por el desplome del techo de la discoteca Jet Set Club, el pasado 8 de abril.
En el recurso de apelación, Portes Núñez alega una evidente falta, contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la resolución de la jueza.
Cuestiona la afirmación de la jueza de que no puede asumir como cierta una conducta punible atribuida a los encartados, señalando que esta afirmación desconoce la naturaleza del dolo eventual, al exigir un dolo directo como condición excluyente para la responsabilidad penal.
Igualmente, Portes Núñez cuestiona que dicha conclusión ignora por completo la existencia del tipo penal de homicidio voluntario con dolo eventual, figura jurídica en la cual no se requiere una intención directa de causar la muerte, sino que basta con que el agente conozca el riesgo de su conducta y, aun así, prosiga con la acción aceptando como posible el resultado lesivo.
Sostiene que la valoración de la jueza revela una interpretación restrictiva del dolo, alejada tanto de la dogmática penal contemporánea como de la valoración racional de los hechos probados.
El abogado recurrente sostiene que la jueza no valoró adecuadamente declaraciones clave de testigos como Gregorio Adames, quien advirtió del riesgo. Señala que esta omisión de valoración, sin justificación razonada ni análisis comparativo de credibilidad, puede constituir una omisión sustancial que genera indefensión, al dejar sin respuesta una prueba clave.
Aduce que la señal más clara de que el techo del Jet Set era un peligro inminente la dio Remberto José Durán Cabrera, quien resultó herido la misma noche de la tragedia al recibir el impacto directo de un pedazo del techo que colapsó sobre él, lo que evidencia de forma irrefutable que el riesgo era real, conocido y finalmente materializado.
Destaca que Gregorio Adames reveló que tenía pleno conocimiento de las filtraciones constantes, los daños progresivos y el deterioro estructural del techo, el cual mostraba signos visibles de colapso desde hacía tiempo, sin que se adoptaran medidas correctivas efectivas.
Además, precisó que la jueza concluye que, a partir de las pruebas aportadas, no puede colegirse con certeza que el imputado haya actuado con dolo, ya sea en su forma directa o eventual.
Agrega que, al arribar a dicha conclusión, la magistrada ha incurrido en una indebida valoración del fondo del proceso, propia de una sentencia definitiva y no de una resolución de medidas de coerción, adelantando juicio sobre la responsabilidad penal sin que se haya agotado el contradictorio probatorio en juicio.
Señala que, además, la decisión refleja una errónea comprensión y aplicación de la teoría del dolo eventual, la cual no exige certeza absoluta del conocimiento del riesgo ni una intención directa, sino la verificación de si el imputado conocía la probabilidad relevante del resultado lesivo y, aun así, continuó con su conducta, aceptando sus consecuencias.
Mientras tanto, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, prepara el recurso de apelación en contra de las medidas de coerción impuestas a los imputados.
Camacho alega que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que los hechos han causado a la sociedad dominicana; pero, sobre todo, el daño que significa para 236 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta.
Además, sostiene que, como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat, estos priorizaron su interés económico por encima de la seguridad de las personas que se encontraban y acudían normalmente a esa discoteca.
Nacionales
Gobierno de EEUU crea nuevas regulaciones para visas de estudiantes y de medios de comunicacion.
Reporte de ICE
Santo Domingo, R.D.-El Departamento de Seguridad Nacional a propósito del caso de Johan Efrain Sandoval Rodríguez, de 22 años, publicó este viernes una norma que elimina la «duración del estatus» de estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de los medios de comunicación, cuya decision afecta a profesionales del periodismo de todo el mundo.
Se recuerda que el joven dominicano fue detenido por el ICE en una “operación de control selectiva” tras presentar supuestos problemas con su visa de estudiante.
De acuerdo a la publicación, la nueva normativa establece un período fijo de admisión para los titulares de visas de no inmigrante de las categorías F, J e I.
Algunos de los cambios son los siguientes:
Cupos de admisión fijos: Los estudiantes no inmigrantes con visa F y los visitantes de intercambio con visa J serán admitidos por la duración de su programa específico, sin exceder un período máximo de cuatro años.
Prórrogas federales obligatorias: Los titulares de visa que necesiten tiempo adicional para completar un programa académico deben solicitar formalmente una prórroga de estadía directamente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Esto implica que la supervisión pase del personal universitario a las autoridades federales y somete a los solicitantes a controles biométricos, verificación de antecedentes y detección de fraude.
Reducción del período de gracia para la salida: El tiempo permitido para que los estudiantes con visa F-1 se preparen para la salida, el traslado a otra institución educativa o el cambio de estatus después de la graduación se reduce de 60 días a 30 días.
Restricciones a los cambios de programa: La norma introduce limitaciones estrictas a los cambios académicos.
Los actuales titulares de visas de no inmigrante que residen en los EE. UU. bajo el marco anterior de «duración del estatus» pasarán automáticamente al nuevo sistema, y su estadía autorizada se limitará a cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de esta norma.
Agencia EFE
Redacción América.-Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de México, Claudia Sheinbaum, encabezan por segundo mes consecutivo la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, aunque ambos registran una caída en sus niveles de aceptación frente a junio, según un sondeo de CB Global Data, en el que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cae al último lugar.
Bukele lidera la tabla con un 67,4 % de favorabilidad y un 28,3 % de imagen negativa. Aunque conserva el primer lugar, su respaldo cayó 1,7 puntos porcentuales respecto a junio, cuando alcanzó el 69,1 %. El mandatario salvadoreño mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción como eje de su política de seguridad contra las pandillas.
Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, ocupa el segundo lugar con una imagen positiva del 65,1 % y un 30,2 % de rechazo, 0,4 puntos porcentuales menos que el 65,5 % obtenido en junio. Durante el período evaluado, México fue anfitrión, junto con EE.UU. y Canadá, del Mundial de Fútbol de 2026.
Completa el podio Laura Fernández, quien asumió recientemente la Presidencia de Costa Rica, con un 55,5 % de favorabilidad frente a un 38,2 % de imagen negativa, 0,6 puntos porcentuales por debajo del 56,1 % registrado el mes anterior.
Además, fue la mandataria que más cayó en la medición de julio, al perder 6,8 puntos porcentuales respecto al 29,5 % de junio. Venezuela sufrió dos devastadores terremotos el 24 de junio que han dejado cerca de 5.000 muertos y miles de heridos, además de una compleja emergencia humanitaria y de reconstrucción.
En el penúltimo lugar está el mandatario interino de Perú, José María Balcázar, con un 23 % de aceptación y un 68,5 % de rechazo. No obstante, fue el presidente que más mejoró en la medición mensual, al ganar 4,8 puntos porcentuales respecto al 18,2 % de junio. Balcázar entregará el poder el próximo 28 de julio a la derechista Keiko Fujimori, vencedora de las elecciones presidenciales.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, completa el grupo de mandatarios peor valorados, con un 30,8 % de apoyo y un 63,4 % de imagen negativa, 2,3 puntos porcentuales menos que en junio, cuando registró un 33,1 % de favorabilidad.
En cuarto lugar figura el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con un 51,2 % de imagen positiva y un 45,7 % de rechazo, tras mejorar respecto al 48,3 % de junio. Le sigue el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 50,6 % de favorabilidad y un 47,1 % de imagen negativa, por encima del 47,6 % registrado el mes anterior.
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia desde noviembre pasado, ocupa el sexto lugar con un 49,1 % de imagen positiva y un 47,7 % de rechazo, también por encima del 46,4 % que obtuvo en junio.
En la mitad de la tabla aparecen el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 48,7 % de favorabilidad y un 48,1 % de imagen negativa; el hondureño Nasry Asfura, con un 45,3 % de respaldo y un 50,3 % de rechazo; y el chileno José Antonio Kast, con un 44,6 % de aceptación frente a un 52,8 % de imagen negativa.
Les siguen el ecuatoriano Daniel Noboa, con un 41 % de apoyo y un 55,9 % de rechazo, y el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien comparte el cargo con su esposa, Rosario Murillo, con un 40,2 % de favorabilidad y un 58,6 % de imagen negativa.
También integran la parte baja del sondeo el uruguayo Yamandú Orsi, con un 37,4 % de apoyo y un 57,5 % de imagen negativa; el argentino Javier Milei, con un 36,8 % de favorabilidad y un 61,3 % de rechazo; y el panameño José Raúl Mulino, con un 34,2 % de aceptación frente a un 61,2 % de imagen negativa.
El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 3 y el 8 de julio de 2026 a ciudadanos de 18 países de Latinoamérica, con muestras de entre 4.625 y 6.271 casos por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±1,2 % y ±1,4 %.
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, fue apoderado para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El apoderamiento fue realizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado, en cumplimiento con el procedimiento establecido para la asignación de expedientes.
Con el caso ya en manos del magistrado, ahora corresponde que el juez Timoteo Peguero fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados.
También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.