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Defensa de familia atropellada denuncia que jueza es dueña de vehículo.
Santo Domingo, R.D.- Hanfiel Polanco, abogado de los parientes de la familia atropellada en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, denunció este domingo múltiples irregularidades en el proceso y señaló a la jueza Mary Berenita Ramírez Jiménez como la propietaria del vehículo involucrado en el atropello.
“Hicimos la declaración de tránsito, sin embargo, hasta la fecha no tenemos ninguna prueba que evidencie ni que él sea menor de edad ni que hayan sido interrogados todos los sujetos menores o mayores de edad que estuvieron involucrados en el altercado”, afirmó el abogado mediante una llamada telefónica con medios de comunicación.
En el accidente ocurrido en la noche del pasado jueves, perdió la vida Altagracia Trinidad, mientras que su hija de 14 años de edad y su hermana, son atendidas en distintos centros de salud del gran Santo Domingo.
“El chofer no está detenido. El chofer que se presume es un menor de edad conforme al acta de tránsito fue cargado a un militar como parte del protocolo que utilizan en estos casos a los fines de que pueda ser llamado en cualquier momento, sin embargo, el menor no ha sido presentado en ninguna de las instancias. El acta de tránsito ni siquiera fue firmada por los padres, sino por un abogado que ellos buscaron para esos fines o un tercero, que de acuerdo a las de tránsito, fue en compañía de su padre, entonces nosotros vamos a investigar y vamos a esperar que la Fiscalía no tenga ningún tipo de condiciones previas por la condición de quién se trata el vehículo”, explicó.
El abogado mencionó que el joven tiene 17 años, aunque señaló que esta información es aún una presunción debido a la falta de documentación oficial.
“El menor tiene 17 años de edad, pero no tenemos nada, es presunción, porque las autoridades no nos han entregado un solo documento, porque las autoridades no nos han entregado un solo documento, solo tenemos el acta de tránsito, donde ellos relatan lo que pasó”, dijo.
El abogado puntualizó que el vehículo le pertenece a una jueza, que supuestamente es coordinadora de jueces del Distrito Judicial de Santo Domingo Este.
“Hay varios vídeos donde se ven a estos sujetos, de manera muy planificada, en ida, vuelta, espera, acelerar, no frenar y esperar que crucen para acelerar, hay un sinnúmero de condiciones que se dan aquí que en el momento por la rapidez del asunto no hemos podido identificarlas en el tipo penal y vamos a tratar de que las pruebas arrojen luz a otras responsabilidades penales”, sostuvo.
Subrayó que la familia de las víctimas han tenido dificultades para obtener justicia.
Contó que tuvieron que irse a Constanza a darle cristiana sepultura a la fallecida y que cuando se apersonaron a la Digesett de Santo Domingo Este en la tarde de ayer sábado, se negaron a aceptar la cédula de un hermano de la fallecida porque no tenían el acta de nacimiento a mano.
“Nos pidieron el acta de nacimiento de la fallecida y, si el que está ahí por cédula tiene el mismo apellido de la fallecida, no quisieron aceptarla porque supuestamente no existía prueba de afiliación de hermanos”, explicó el abogado, quien tuvo que acudir a la Junta Central Electoral a las 5:00 de la tarde para obtener los documentos necesarios.
“Estamos hablando de un sábado a las 5:00 de la tarde… una víctima que lo que necesita ese respaldo del Estado y este Estado lo que hizo fue caso omiso, pero no sabíamos nada de eso hasta que nos percatamos que atrás de esta condición habían manos de fuerza”, manifestó.
Polanco declaró que la jueza estaba influyendo en el caso para ocultar pruebas y proteger al presunto responsable del accidente, el menor de edad.
“La propietaria del vehículo que se trata de una magistrada que fuera de aplicar justicia lo que quería era ocultar y no dar justicia a estos familiares”, declaró.
Según el abogado, venían órdenes del Ministerio Público del Centro de Automovilismo de que no podrían recibir la denuncia en Santo Domingo Este “porque supuestamente esta persona ya se había presentado, sin embargo antes de eso, no nos dieron ninguna información sobre el altercado”.
Narró que cuando ya iban a recibir el acta y el director de Digesett autorizó a que se haga la denuncia, salió esa información.
Polanco anunció que depositarán una denuncia formal ante el Consejo del Poder Judicial para que se investigue el caso.
“Mañana (este lunes) estaremos, todavía no hemos definido la hora, pero estaremos depositando en el Consejo del Poder Judicial una denuncia de investigación sobre la actuación de la magistrada que intervino en este proceso investigativo”, expresó.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.