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Defensa de familia atropellada denuncia que jueza es dueña de vehículo.

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Santo Domingo, R.D.- Hanfiel Polanco, abogado de los parientes de la familia atropellada en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, denunció este domingo múltiples irregularidades en el proceso y señaló a la jueza Mary Berenita Ramírez Jiménez como la propietaria del vehículo involucrado en el atropello.

“Hicimos la declaración de tránsito, sin embargo, hasta la fecha no tenemos ninguna prueba que evidencie ni que él sea menor de edad ni que hayan sido interrogados todos los sujetos menores o mayores de edad que estuvieron involucrados en el altercado”, afirmó el abogado mediante una llamada telefónica con medios de comunicación.

En el accidente ocurrido en la noche del pasado jueves, perdió la vida Altagracia Trinidad, mientras que su hija de 14 años de edad y su hermana, son atendidas en distintos centros de salud del gran Santo Domingo.

“El chofer no está detenido. El chofer que se presume es un menor de edad conforme al acta de tránsito fue cargado a un militar como parte del protocolo que utilizan en estos casos a los fines de que pueda ser llamado en cualquier momento, sin embargo, el menor no ha sido presentado en ninguna de las instancias. El acta de tránsito ni siquiera fue firmada por los padres, sino por un abogado que ellos buscaron para esos fines o un tercero, que de acuerdo a las de tránsito, fue en compañía de su padre, entonces nosotros vamos a investigar y vamos a esperar que la Fiscalía no tenga ningún tipo de condiciones previas por la condición de quién se trata el vehículo”, explicó.

El abogado mencionó que el joven tiene 17 años, aunque señaló que esta información es aún una presunción debido a la falta de documentación oficial.

“El menor tiene 17 años de edad, pero no tenemos nada, es presunción, porque las autoridades no nos han entregado un solo documento, porque las autoridades no nos han entregado un solo documento, solo tenemos el acta de tránsito, donde ellos relatan lo que pasó”, dijo.

El abogado puntualizó que el vehículo le pertenece a una jueza, que supuestamente es coordinadora de jueces del Distrito Judicial de Santo Domingo Este.

“Hay varios vídeos donde se ven a estos sujetos, de manera muy planificada, en ida, vuelta, espera, acelerar, no frenar y esperar que crucen para acelerar, hay un sinnúmero de condiciones que se dan aquí que en el momento por la rapidez del asunto no hemos podido identificarlas en el tipo penal y vamos a tratar de que las pruebas arrojen luz a otras responsabilidades penales”, sostuvo.

Subrayó que la familia de las víctimas han tenido dificultades para obtener justicia.

Contó que tuvieron que irse a Constanza a darle cristiana sepultura a la fallecida y que cuando se apersonaron a la Digesett de Santo Domingo Este en la tarde de ayer sábado, se negaron a aceptar la cédula de un hermano de la fallecida porque no tenían el acta de nacimiento a mano.

“Nos pidieron el acta de nacimiento de la fallecida y, si el que está ahí por cédula tiene el mismo apellido de la fallecida, no quisieron aceptarla porque supuestamente no existía prueba de afiliación de hermanos”, explicó el abogado, quien tuvo que acudir a la Junta Central Electoral a las 5:00 de la tarde para obtener los documentos necesarios.

“Estamos hablando de un sábado a las 5:00 de la tarde… una víctima que lo que necesita ese respaldo del Estado y este Estado lo que hizo fue caso omiso, pero no sabíamos nada de eso hasta que nos percatamos que atrás de esta condición habían manos de fuerza”, manifestó.

Polanco declaró que la jueza estaba influyendo en el caso para ocultar pruebas y proteger al presunto responsable del accidente, el menor de edad.

“La propietaria del vehículo que se trata de una magistrada que fuera de aplicar justicia lo que quería era ocultar y no dar justicia a estos familiares”, declaró.

Según el abogado, venían órdenes del Ministerio Público del Centro de Automovilismo de que no podrían recibir la denuncia en Santo Domingo Este “porque supuestamente esta persona ya se había presentado, sin embargo antes de eso, no nos dieron ninguna información sobre el altercado”.

Narró que cuando ya iban a recibir el acta y el director de Digesett autorizó a que se haga la denuncia, salió esa información.

Polanco anunció que depositarán una denuncia formal ante el Consejo del Poder Judicial para que se investigue el caso.

“Mañana (este lunes) estaremos, todavía no hemos definido la hora, pero estaremos depositando en el Consejo del Poder Judicial una denuncia de investigación sobre la actuación de la magistrada que intervino en este proceso investigativo”, expresó.

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40 modificaciones tuvo el Nuevo Código Penal en la Cámara de Diputados

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Santo Domingo, R.D.-Este lunes fue aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la nueva Ley 74-25 del Código Penal, la cual entra en vigencia durante la primera semana de agosto.

Los diputados decidieron enviar al Senado de la República la pieza que tiene el objetivo de variar el contenido de 40 artículos, agregando ocho cambios a los 32 realizados en la sesión desarrollada el pasado sábado.

La iniciativa pasará al Senado de la República, donde deberá ser sometida a votaciones en dos discusiones. Si fuese acogida, sería remitida a las manos del presidente Luis Abinader, quien decidirá si los acoge.

Dentro de las alteraciones establecidas por los legisladores de la Cámara Baja se encuentra una disposición agregada al artículo 238 que sanciona la estafa agravada cinco a diez años de prisión mayor.

Los diputados adicionaron un párrafo para que especificar que se constituye estafa agravada cuando alguien intente vender o prometer un bien en plano, recibiendo total o parcialmente el precio convenido o cuando sea vendido.

Además, cuando una sola propiedad haya sido comercializada a dos personas.

No obstante, incluye la penalización de los casos en que la captación de persona se realice fuera del país, así como si utilizan establecimientos para facilitar la explotación sexual.

El presidente de la Cámara Baja, diputado Alfredo Pacheco, informó que esta moción fue propuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que estaba contenida en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Persona.

El apartado en el cual se encontraba esa palabra busca especificar que quien sea cómplice de la consumación del hecho antes mencionado será sancionado con la misma pena de la persona que orquestó su secuestro. El castigo es de dos a tres años de prisión menor y una multa de hasta 15 salarios mínimos.

El otro cambio fue realizado al artículo 142 que versa sobre el exhibicionismo sexual. Los diputados agregaron un numeral en este para eximir de responsabilidad penal cuando ocurra la realización de esos actos en contextos artísticos destinados a personas mayores de edad que no impliquen una afectación del bien jurídico.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos presentó una nuevo párrafo para el artículo 173 que tipifica la discriminación.

“No habrá discriminación cuando la acción u omisión se fundamente en el ejercicio legítimo de una facultad constitucional o legal en la imposibilidad material o en caso de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los supuestos previstos de estos artículos”, establece el texto.

Según explicó Pacheco, este fue elaborado para atender una ola de críticas que registraron en las redes sociales durante los últimos días.

Los artículos 104, sobre Daños por aplicación de sustancias químicas (ácido del diablo), y 141 que regula la prescripción de los delitos sexuales solo recibieron modificaciones de estilo.

Mientras que el último artículo aprobado por el órgano legislativo permitirá que los técnicos realicen cualquier arreglo ante la aparición de faltas ortográficas o de otro tipo.

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Destinan a víctimas de violencia de género 10% recaudaciones bienes incautados.

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en segunda lectura en el Senado de la República el proyecto de ley que agrega dos párrafos al numeral dos del artículo 82 de la la Ley 60-23 para que destine al menos un 10% de lo recaudado en los bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, sean destinados políticas de protección a mujeres víctimas de violencia.

La iniciativa propuesta por el senador Pedro Catrain busca que de los fondos recaudados a través de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, se destine un porcentaje fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta institucional, protección y asistencia integral a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

La pieza legislativa plantea que sea prioridad dar apoyo a las casas de acogida y centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio con el propósito de reformar “la cultura machista” en perjuicio de los derechos y dignidad de la mujer.

Asimismo, establece la implementación de planes y programas en las escuelas públicas para promover una nueva forma de masculinidad que permita cambiar la cultura tradicional de comportamiento del hombre dominicano frente a la mujer.

El proyecto plantea crear campañas de publicidad en redes sociales y demás medios tradicionales para cambiar el comportamiento de las relaciones hombre-mujer de la sociedad dominicana.

Los fondos destinados serán asignados al Ministerio Público, y coordinados con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación, entre otras instituciones.

De los fondos destinados, 40% será al Ministerio Público para la ejecución y fortalecimiento de las acciones vinculadas a la prevención y protección frente a la violencia de genero e intralamiliar; mientras que el 60% restante será distribuido entre el Ministerlo de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación.

El Senado también aprobó el proyecto de ley que declara el 16 de mayo de cada año como «Día

Nacional de las Sufragistas Dominicanas», el cual busca preservar la memoria histórica del movimiento sufragista de vanguardia en el país, promoviendo la educación cívica y democrática, y la igualdad de género en la participación política.

La pieza establece la realización de charlas, conferencias y seminarios temáticos educativos sobre la emancipación femenina y el significado del movimiento sufragista, donde se reconocerán a mujeres destacadas en la política, académicas, investigadoras, artistas e intelectuales que hayan producido aportes a la historiografía nacional de la mujer en la política.

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Senado garantiza Código Penal para agosto.

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Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado,  aseguró este lunes que el nuevo Código Penal entrará en vigencia el próximo 3 de agosto, con las modificaciones que se discuten en el Congreso Nacional.

De los Santos afirmó que existe el ánimo legislativo para completar el trámite antes de que concluya la actual legislatura y sostuvo que ambas cámaras trabajan de manera coordinada para aprobar la pieza sin mayores contratiempos.

“Ese es el ánimo que hay. Nosotros entendemos que antes de que termine esta legislatura habrá Código Penal sin ningún inconveniente, ya que estamos trabajando de manera conjunta para eso”, expresó el presidente del Senado.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado sábado, en primera lectura, un paquete de 32 modificaciones distribuidas en 24 artículos de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.

De los Santos destacó que el objetivo es que, cuando el proyecto llegue al Senado, esté suficientemente consensuado para recibir un trámite expedito.

Referencia geográfica

Según explicó, la intención es darle a la iniciativa “el tratamiento con la misma vigorosidad, con el mismo entusiasmo y con el mismo esfuerzo” con que ha trabajado la Cámara de Diputados.

El legislador dijo que el Senado trabaja en armonía con la Cámara Baja y que las inquietudes detectadas durante el proceso se están estudiando en conjunto, a fin de evitar que el texto llegue al Senado con cambios pendientes.

“Las inquietudes que estamos encontrando las estamos estudiando en conjunto, para que ya la pieza estudiada en la Cámara de Diputados cuando llegue al Senado no haya cambios que hacerle, sino que nos aboquemos a darle el tratamiento apropiado para su aprobación, y el envío al Poder Ejecutivo”, sostuvo.

El presidente del Senado informó, sin embargo, que cuando el proyecto llegue a esa cámara tiene algunos párrafos que presentará para introducir al artículo 173.

La discusión legislativa ocurre bajo presión de tiempo. El nuevo Código Penal tiene prevista su entrada en vigencia el 3 de agosto de 2026, por lo que las modificaciones deben aprobarse antes de esa fecha si el Congreso pretende que el texto entre en vigor con los ajustes reclamados por distintos sectores.

De los Santos había rechazado previamente postergar la entrada en vigor de la nueva normativa penal, argumentando que la justicia dominicana requiere instrumentos actualizados para enfrentar la criminalidad y la delincuencia.

El presidente del Senado también informó que las propuestas que no fueron acogidas recibirán una comunicación explicando las razones de su exclusión, con el objetivo de que la sociedad conozca el criterio seguido por el Congreso.

De los Santos recordó que la Cámara de Diputados ha sesionado en horarios extraordinarios y afirmó que el Senado está listo para hacer lo mismo si resulta necesario.

El proyecto se mantiene ahora en una fase decisiva. Una vez la Cámara de Diputados complete la segunda lectura, la pieza deberá pasar al Senado, donde se definirá si el Congreso logra cerrar el proceso de modificación antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

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