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Denuncian ante la JCE una supuesta red que habría facilitado documentos irregulares a extranjera
Santo Domingo, R.D.-Cristian Miguel Moreta Romero, abogado y periodista, depositó este miércoles ante la Junta Central Electoral (JCE) una denuncia formal en la que solicita una investigación profunda sobre presuntas irregularidades en el registro civil relacionadas con la ciudadana haitiana Millien Midrene Manessa, quien fue apresada en noviembre de 2022 con un cargamento de municiones de alto calibre en la frontera de El Carrizal, provincia Elías Piña.
En declaraciones ofrecidas vía telefónica, Moreta Romero explicó que la extranjera fue detenida por el Cesfront mientras intentaba cruzar la frontera a bordo de una jeepeta cargada con 22 mil cápsulas para fusiles AK-47 y M60, municiones que, según informes oficiales, serían destinadas a una banda armada en Haití.
“Se trata de un delito transnacional que preocupa incluso al Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque esa ruta de armas sale por Elías Piña. Esa desgracia que vive Haití también ha sido alimentada desde aquí”, afirmó el jurista.
Presunto esquema para obtener documentos dominicanos
El abogado denunció que la señora Manessa habría logrado obtener actas de nacimiento dominicanas para cinco menores, con el supuesto fin de crear un arraigo falso y así obtener beneficios judiciales durante su proceso penal.
De acuerdo con su relato, el procedimiento habría involucrado: una oficina privada de abogados en Comendador, personal del hospital de Hondo Valle, donde se habrían emitido certificaciones de nacido vivo que, según él, no se corresponden con la realidad, y la oficialía del Estado Civil de ese municipio, donde se registraron los nacimientos.
Moreta aseguró que los documentos se tramitaron para menores nacidos en Haití, algunos con edades superiores a los 15 años, pero registrados en República Dominicana para eludir los controles biométricos del sistema de la JCE. “Ni siquiera llevaron a los niños; redujeron las edades biológicas en los papeles para que no aparecieran datos biométricos”, dijo.
Falta de supervisión en el registro civil
El denunciante, quien ejerció durante más de 20 años como oficial del Estado Civil, criticó duramente la falta de controles en la JCE en las zonas fronterizas.
“El registro civil está en manos de funcionarios con un poder enorme, que decide quién es dominicano y quién no. Si no hay supervisión, se abren las puertas a este tipo de maniobras. Lo que ocurre en Hondo Valle, Bánica, Pedro Santana y otras zonas fronterizas es preocupante”, declaró.
Aseguró además que este caso no es aislado, sino parte de “una red que opera desde hace años” y que comenzaría en oficinas de abogados que conocen cómo burlar los mecanismos de control.
El caso penal: condena y variación de medida
Manessa fue condenada a 10 años de prisión en primera instancia por tráfico de armas y municiones, sentencia que posteriormente fue ratificada en apelación. Sin embargo, según explica Moreta Romero, tras presentar los nuevos documentos obtenidos en República Dominicana, la imputada logró que se le variara la medida de coerción a arresto domiciliario alegando arraigo familiar.
“El Ministerio Público aceptó esos documentos sin verificar su legitimidad. Yo tengo los expedientes de primera instancia y apelación, y ahora he llevado el caso a la JCE porque esto no puede quedarse como una simple cancelación de actas”, señaló.
Pide una auditoría forense y sanciones penales
El abogado solicitó a la JCE realizar una auditoría forense en las oficialías fronterizas y remitir los hallazgos al Ministerio Público.
“Los únicos que no tienen culpa son los menores. Pero todos los adultos involucrados —el oficial civil, el hospital, el abogado actuante, el padre no biológico y la imputada, deben responder ante la justicia”, expresó.
Moreta afirmó que entregó todo el expediente a la Consultoría Jurídica de la JCE para que actúen con rapidez para evitar que más casos similares se repitan.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.