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Denuncian ante la JCE una supuesta red que habría facilitado documentos irregulares a extranjera
Santo Domingo, R.D.-Cristian Miguel Moreta Romero, abogado y periodista, depositó este miércoles ante la Junta Central Electoral (JCE) una denuncia formal en la que solicita una investigación profunda sobre presuntas irregularidades en el registro civil relacionadas con la ciudadana haitiana Millien Midrene Manessa, quien fue apresada en noviembre de 2022 con un cargamento de municiones de alto calibre en la frontera de El Carrizal, provincia Elías Piña.
En declaraciones ofrecidas vía telefónica, Moreta Romero explicó que la extranjera fue detenida por el Cesfront mientras intentaba cruzar la frontera a bordo de una jeepeta cargada con 22 mil cápsulas para fusiles AK-47 y M60, municiones que, según informes oficiales, serían destinadas a una banda armada en Haití.
“Se trata de un delito transnacional que preocupa incluso al Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque esa ruta de armas sale por Elías Piña. Esa desgracia que vive Haití también ha sido alimentada desde aquí”, afirmó el jurista.
Presunto esquema para obtener documentos dominicanos
El abogado denunció que la señora Manessa habría logrado obtener actas de nacimiento dominicanas para cinco menores, con el supuesto fin de crear un arraigo falso y así obtener beneficios judiciales durante su proceso penal.
De acuerdo con su relato, el procedimiento habría involucrado: una oficina privada de abogados en Comendador, personal del hospital de Hondo Valle, donde se habrían emitido certificaciones de nacido vivo que, según él, no se corresponden con la realidad, y la oficialía del Estado Civil de ese municipio, donde se registraron los nacimientos.
Moreta aseguró que los documentos se tramitaron para menores nacidos en Haití, algunos con edades superiores a los 15 años, pero registrados en República Dominicana para eludir los controles biométricos del sistema de la JCE. “Ni siquiera llevaron a los niños; redujeron las edades biológicas en los papeles para que no aparecieran datos biométricos”, dijo.
Falta de supervisión en el registro civil
El denunciante, quien ejerció durante más de 20 años como oficial del Estado Civil, criticó duramente la falta de controles en la JCE en las zonas fronterizas.
“El registro civil está en manos de funcionarios con un poder enorme, que decide quién es dominicano y quién no. Si no hay supervisión, se abren las puertas a este tipo de maniobras. Lo que ocurre en Hondo Valle, Bánica, Pedro Santana y otras zonas fronterizas es preocupante”, declaró.
Aseguró además que este caso no es aislado, sino parte de “una red que opera desde hace años” y que comenzaría en oficinas de abogados que conocen cómo burlar los mecanismos de control.
El caso penal: condena y variación de medida
Manessa fue condenada a 10 años de prisión en primera instancia por tráfico de armas y municiones, sentencia que posteriormente fue ratificada en apelación. Sin embargo, según explica Moreta Romero, tras presentar los nuevos documentos obtenidos en República Dominicana, la imputada logró que se le variara la medida de coerción a arresto domiciliario alegando arraigo familiar.
“El Ministerio Público aceptó esos documentos sin verificar su legitimidad. Yo tengo los expedientes de primera instancia y apelación, y ahora he llevado el caso a la JCE porque esto no puede quedarse como una simple cancelación de actas”, señaló.
Pide una auditoría forense y sanciones penales
El abogado solicitó a la JCE realizar una auditoría forense en las oficialías fronterizas y remitir los hallazgos al Ministerio Público.
“Los únicos que no tienen culpa son los menores. Pero todos los adultos involucrados —el oficial civil, el hospital, el abogado actuante, el padre no biológico y la imputada, deben responder ante la justicia”, expresó.
Moreta afirmó que entregó todo el expediente a la Consultoría Jurídica de la JCE para que actúen con rapidez para evitar que más casos similares se repitan.
Santo Domingo, R.D.-La Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
Argumentos de la iniciativa
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
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Joven que fue golpeada por el coronel Madé en Los Mina se querella en su contra y la Policía
Santo Domingo, R.D.-La joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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PN inicia distribución de agentes para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-La Policía Nacional realizó este miércoles el acto de distribución de cientos de agentes que serán desplegados a nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.