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Son seis o siete personas las detenidas por el caso SENASA, revela abogado de la defensa.
SANTO DOMINGO.– El abogado Jaime Terrero, representante del doctor Iván Minaya, reveló este domingo que “hay alrededor de seis o siete” detenidos por el presunto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNasa).
«Hay, me dicen que hay alrededor de seis o siete, pero yo solamente visité a mi cliente», aclaró Terrero, quien dijo que su defendido está bien, «esperando el conocimiento de la medida de coerción».
En sus declaraciones, el abogado también hizo una reflexión personal vinculada a su afición a la filosofía. «Yo soy muy adicto a la lectura de la filosofía. Y después que he visto estos procesos, me vino a la mente Esquilo. Esquilo fue un dramaturgo griego, que al final de su vida murió perseguido por los monstruos de ciencia ficción que él creó, y él terminó en un manicomio», expresó.
Por el caso están detenidos también Santiago Hazim, exdirector de la entidad, y el empresario Eduardo Read Estrella.
Recordar que SeNaSa enfrenta una serie de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y financieras bajo la administración de Hazim, que han generado preocupación entre afiliados, proveedores y autoridades gubernamentales. Diversos reportes de medios y comunicados oficiales pusieron el foco en procesos de contratación, pagos a proveedores y manejo de fondos, elevando la demanda de mayor transparencia y eficiencia en la gestión.
Las denuncias llevaron a que autoridades responsables ordenen auditorías y, en algunos casos, inicien investigaciones para determinar responsabilidades.
El pasado 13 de septiembre, el presidente Luis Abinader dispuso que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Edward Guzmán, entreguen ante la Procuraduría General de la República un informe que trata sobre «graves irregularidades» detectadas en SeNaSa.
En esa ocasión, el Gobierno llamó a la tranquilidad de todos los afiliados del Seguro Nacional de Salud, ya que esta acción no afecta en modo alguno la continuidad ni la calidad de los servicios de salud garantizados por SeNaSa.
Dos días después el mandatario aseguró que durante cinco años de gestión ha luchado por acabar con la impunidad, y advirtió que él tiene amigos, «no cómplices».
“Los funcionarios de mi Gobierno para que no se equivoquen. Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi Gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo”, dijo.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
Acción penal
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
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Defensa Pública llama a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte
Santo Domingo, R.D.-La coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, Elizabeth Rodríguez Díaz, hizo un llamado a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.