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Abogados de Hipólito Mejía critican SCJ por ‘‘tinte peledeísta’’ en demanda de 5 años contra Wilton Guerrero
‘‘La forma en que este proceso ha sido conducido por la Suprema Corte de Justicia es un reflejo del manejo partidista del mismo, para tratar de salvar al dirigente del PLD, Wilton Guerrero, de una condena inevitable’’, expresó Eddy Olivares, vocero de Mejía
/Edgar Hernández/Eddy Olivares junto a los abogados de Hipólito Mejía: Julio Cury y Jesús Féliz .
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los abogados de Hipólito Mejía criticaron este jueves a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por suspender el rol de audiencia de ayer miércoles, ‘‘sin ofrecer ninguna explicación’’, donde el expresidente conocería la demanda por difamación e injuria contra del senador Wilton Guerrero.
El expresidente Hipólito Mejía introdujo una demanda por difamación e injuria en contra el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, por considerarse injuriado durante el proceso electoral del 2012.
‘‘La forma en que este proceso ha sido conducido por la Suprema Corte de Justicia es un reflejo del manejo partidista del mismo, para tratar de salvar al dirigente del PLD, Wilton Guerrero, de una condena inevitable’’, expresó Eddy Olivares, vocero de Mejía.
En una rueda de prensa en la que Olivares estuvo acompañado de los dos abogados del exmandatario que siguen el proceso: Julio Cury y Jesús Féliz, se arremetió contra jueces que deberían inhibirse de participar en este proceso.
‘‘Estimamos que este caso se suma a otros, igualmente lamentables, que vienen descalificando a la Suprema Corte de Justicia ante la sociedad y, particularmente, ante los demás jueces del orden judicial para exigirles el cumplimiento de los principios previstos por el Código de Ética del Poder Judicial’’.
El jurista Jesús Féliz señaló de manera directa al juez Frank Soto Sánchez quien, a su juicio, es del ‘‘escuadrón del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)’’.
‘‘La innegable relación política que ha unido al senador Wilton Guerrero con varios de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, debió ser un motivo más que suficiente para que se inhibieran, en lugar de obstaculizar la justicia, para intentar impedir la condena del demandado’’, dijo Olivares en nombre de Mejía.
Reclamaron que la SCJ ha desconocido abusivamente los derechos a la tutela judicial, que el artículo 69 de la Carta Sustantiva le reconoce a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses y, en particular, a una justicia oportuna y a ser oído dentro de un plazo razonable.
La bancada judicial de Mejía recordó que este proceso judicial fue incoado en 2012 con el presidente de la SCJ, Mariano Germán, quien en 2013 declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que señala como pasibles de ser autores principales de las penas que constituyen la represión de los crímenes y delitos por vía de la prensa, a los directores y editores de publicaciones.
Ese mismo año Mejía impugnó la decisión de Mariano Germán y se sometió un recurso de casación. ‘‘Es la primera vez que el pleno de la Suprema Corte casa una sentencia de su presiente’’, subrayó Cury. Sin embargo, los jueces le han dado largas a un asunto que debió resolverse en no más de un año, según entienden los juristas.
‘‘A pesar de haber sido apoderada el 26 de abril de 2013 de un recurso de casación interpuesto por el exmandatario contra el Auto No. 18-2013, del 17 de abril de 2013, dictado por su presiente, Dr. Mariano Germán Mejía, la Suprema Corte de Justicia n ovino a fallar el 25 de octubre del 2017, es decir, 4 años y 6 meses después, en violación del artículo 427 del Código Procesal Penal, que le impone un plazo de ‘‘hasta treinta días’’ al alto tribunal para decidir los recursos de casación que en materia penal le son sometidos’’, es el argumento legal que utilizan los defensores de Hipólito Mejía para contextualizar su crítica contra ‘‘la injusticia’’ que, dicen, se está cometiendo en este caso.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.